"Emplazamos a la SCJN a cumplir su obligación histórica y ordenar la captura del ex presidente"

Cárcel para Echeverría y demás responsables del 68, exigen miles

México corre el riesgo de convertirse en paraíso de genocidas, advertencia de manifestantes

GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA

La marcha que anualmente se realiza el 2 de octubre para conmemorar la matanza de 1968 en Tlatelolco y exigir justicia y castigo contra los responsables, derivó ayer en la demanda concreta de que se encarcele ya al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considerado el principal responsable de los hechos.

"Emplazamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que cumpla con su obligación histórica emitiendo las órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales", fue la demanda que realizó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y que se escuchó en el Zócalo capitalino, tras una movilización que reunió a miles de jóvenes, trabajadores e integrantes de organizaciones sociales.

Esa manifestación provocó uno de las mayores operativos de seguridad que se hayan visto en la ciudad de México. Más de 8 mil elementos policiacos, incluso vestidos de civil, resguardaron edificios públicos y comercios, para impedir que se repitieran los hechos violentos del año pasado.

La marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y recorrió las calles del centro capitalino sin que se presentaran mayores incidentes. Sólo al final, cuando los contingentes ya habían llegado a la plancha del Zócalo se registraron dos hechos de violencia y varias denuncias de jóvenes detenidos por su aspecto o por ser sospechosos de portar explosivos.

Al frente de la marcha caminaron Raúl Alvarez Garín, Raúl Jardón, Jesús Martín del Campo, Enrique Avila, Fausto Trejo y Eduardo Cervantes, entre otros ex integrantes del movimiento estudiantil del 68. Tras ellos, miles de jóvenes que portaban enormes mantas pidiendo alto a la impunidad, coreando que el 2 de octubre "no se olvida" y que México no debe ser refugio de genocidas.

"Los crímenes de lesa humanidad no se olvidan. Tlatelolco", rezaba una gran cartulina, mientras otras pedían cárcel para Echeverría. Unas cuantas más hacían referencia a problemas concretos de los contingentes en marcha. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo rechazaron diversas reformas al sistema de enseñanza agrícola.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados en Tlatelolco hace 36 años, David Roura, del Comité 68, dio a conocer el pronunciamiento oficial de los ex integrantes del movimiento estudiantil.

En el documento demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplir con su obligación histórica emitiendo las ordenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales, para que México no sea "refugio de genocidas".

La Suprema Corte actual tiene la obligación histórica de diferenciarse de aquellas cortes cómplices de la impunidad en la historia reciente del país. De no ser así, la credibilidad y la gobernabilidad se verán amenazadas, ya que la sociedad en su conjunto exige el castigo de los culpables del genocidio del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71 y de los cientos de desaparecidos durante la guerra sucia.

Si México, advirtieron, no asume sus responsabilidades y considera que el delito de genocidio ha prescrito, aparecerá en el ámbito internacional como un refugio seguro para genocidas como Pinochet, Videla, Kissinger, Fujimori y otros.

Estamos en un punto en la historia del país en el que no se puede seguir ignorando el reclamo puntual de las madres del Comité Eureka. No se puede admitir jurídica y moralmente que los casos de El Charco, El Bosque, Acteal o Aguas Blancas queden impunes o en castigos a funcionarios menores, destacaron.

En la respuesta que den los órganos de justicia a todos estos casos de impunidad estará la suerte de la democracia de este país, puntualizaron.

Previamente consideraron que "la vida política nacional se desenvuelve en un extraño ambiente de procesos judiciales oscuros e inconclusos, que están marcados por una política vacilante y parcial, que pone en entredicho la vigencia de la legalidad y el estado de derecho. Perspectiva que es extremadamente grave".

Dijeron que es ampliamente reconocido que el presidencialismo y la figura de Vicente Fox están en crisis y severamente cuestionados. Lo mismo sucede con los legisladores en lo personal y las cámaras como colectivos. Si a esto se añade una crisis en el sistema de justicia del país, simplemente no quedaría ninguna referencia política a la que se le pudiera conceder un mínimo de legitimidad. Por tal razón, el Comité del 68 considera que es su obligación hacer todo lo posible por evitar una perspectiva caótica que daría pie a soluciones de violencia.

Asimismo, refirieron que es preocupante registrar rasgos que apuntan a la impunidad en casos judiciales como Amigos de Fox, Pemexgate, Fobaproa y a la injusticia en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, además de aquellos que tienen un carácter histórico, como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, y las desapariciones y asesinatos cometidos durante la llamada guerra sucia.

De acuerdo con los integrantes del Comité 68, todos estos procesos judiciales no se han llevado a cabo con pulcritud y transparencia. Las soluciones oscuras e incomprensibles que se han dado no satisfacen a nadie. Aunque no lo fueran, parecen marrullerías y chicanadas.

Frente a esta situación advirtieron que existe "el riesgo de caer en un descrédito absoluto y de verdadero colapso en el sistema de justicia del país, porque desde muy diversos espacios de poder se actúa con parcialidad, ilegalmente, con prepotencia y arrogancia, para obstruir e impedir la acción de la justicia".

Refirieron que en los casos que han sido canalizados a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, "el problema no es que los acusados y sus defensores recurran a marrullerías y falsedades, el problema es que desde el Poder Ejecutivo, por medio de la PGR y también desde el Poder Judicial, se brindan a los acusados espacios y facilidades para evadir la acción de la justicia".

Ante los manifestantes negaron que los archivos oficiales de la matanza de Tlatelolco, 10 de junio y la guerra sucia se hayan abierto totalmente, en particular los de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sumado a ello, subrayaron que no se han proporcionado los datos que puntualmente se han requerido a la Secretaría de Gobernación.

Sobre la matanza del jueves de Corpus, advirtieron que si la SCJN no atrae la acusación penal y determina que los ilícitos cometidos no prescribieron, dejará la decisión en manos "de un tribunal de menor jerarquía que puede prestarse a encubrir una acción ilegal bajo diversos detalles propios del proceso judicial, y entonces podríamos considerar que su proceder es una muestra de que está cediendo ante presiones, resistencias y demás medidas políticas oficiales de obstrucción a los juicios".

Por ello, "la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación, primero, de atraer el caso y asumir con toda responsabilidad la decisión que corresponda. Exigimos una resolución que sea consecuente con las leyes y tratados internacionales firmados por México", concluyeron.