Rolando Cordera Campos

De salud pública

El desafuero de un político o de un funcionario importante no es un asunto jurídico sino estrictamente político. Sus consecuencias pueden ser jurídicas, pero nunca podrán separarse de sus implicaciones políticas. Con complot o sin él, con repentinas resurrecciones presidenciales que en su otra vida pudo haber sido -como glosan ahora exegetas de última hora- estadista, el carácter político del caso contra López Obrador es evidente para todos, salvo para los videntes y guardianes de la vela perpetua de una legalidad que nunca ha brillado en México por sus virtudes y que ahora, en entusiasta goce de una independencia en gran medida otorgada de mala manera por el Ejecutivo y no ganada por jueces o ciudadanos con sed de justicia, todavía tiene enfrente enormes pruebas de credibilidad y aceptación por parte de la sociedad que ha sufrido sus debilidades y contubernios con el poder constituido del Estado y con los mil poderes fácticos que asolan la vida en común de los mexicanos de a pie.

Confundir el imperio de la ley con la ley y el orden a como dé lugar, a costa de la propia ley, ha sido viciosa costumbre del poder azteca y a ella sirvieron solícitos jueces y fiscales, secretarios de juzgado y desde luego policías con y sin uniforme. También llegaron a hacerlo bomberos y patrulleros de tráfico y en ocasiones hasta camilleros y tripulantes de ambulancias. En el extremo, los poderosos en turno usaron a las fuerzas armadas en funciones de policía y mal gobierno, y el Ejército tomó calles, poblaciones, universidades y se llegó a decir que se mandaba y gobernaba a punta de bayoneta. Y esta es, todavía, historia viva y puede ser historia del presente.

Los jueces y magistrados suelen formar filas en defensa propia y ello es explicable y se justifica por esa saga triste de acoso a la justicia por los otros poderes. Pero el espíritu de cuerpo no puede llevar a nadie a justificar las malas mañas de juzgadores o procuradores de la justicia, y en nuestro caso aquí radica tal vez la primera gran tarea inconclusa de quienes desde el foro o la magistratura creen en el derecho como vía principal para afirmar no sólo el respeto universal a la ley sino la democracia misma.

Todos los regímenes necesitan de normas y reglas, pero sólo la democracia tiene en el derecho la savia sin la cual sus ramas y tallos no sólo languidecen, sino que se marchitan y extinguen. Y es precisamente por esto que el caso contra López Obrador es asunto de salud pública y seguridad nacional, del Estado, desde luego, pero también de la ciudadanía en su conjunto. Con los términos, espacios y límites del derecho no se juega, salvo a costa de la legitimidad del régimen y es esto lo que el presidente Vicente Fox parece decidido a hacer sin que se vislumbre hoy algún factor de equilibrio y prudencia en el interior de un gobierno sin articulación ni discurso ordenador.

Entramos ya en el todos contra todos, y por si alguien no se dio cuenta tome nota del alto contraste entre la primera, cuidadosa, versión del encuentro de Los Pinos por parte del vocero presidencial, y las que han ofrecido luego el Presidente y su titular de Gobernación. El Presidente y el secretario Creel echan gasolina a un fuego ya no tan lento, y someten el marco jurídico y a los propios juzgadores a una tensión máxima. Si todo lo dejan a la ley, remiten la política a la barandilla y el Estado es despojado por sus propios dirigentes de sus capacidades de inclusión, arbitraje, liderazgo: con eso decretan desde el vacío el vaciamiento de la política, y el orden nacional, público y privado, es puesto contra la pared por sus defensores de oficio.

Sólo queda volver a la política, a la que tenemos y no a la imaginaria que vendrá después de la reforma salvadora del milenio, para buscar poner las cosas si no en paz sí en curso de retomar un cauce pacífico y civilizado, capaz de convocar de nuevo el ánimo ciudadano y democrático. Más allá de subterfugios y cavilaciones miopes y baratas, los diputados y sus grupos dirigentes tienen hoy no sólo la última palabra, sino también la primera voz para salir al paso de la estampida a que nos invitan los desenfrenados que sólo ven las encuestas y descubren en ellas el peligro mayor para la República: la popularidad de peje volador.

No osan explicarla o ponerla en perspectiva y dimensión, para entenderla políticamente; en vez de ello invocan espectros populacheros y los confunden con desplantes o amenazas populistas. Frente a las preferencias se opta por la tabla rasa y se sacrifica la política en el altar de los intereses creados, tampoco debidamente consultados si atendemos a muchas expresiones empresariales y no sólo a una, sometida a una abierta crisis de representación que no le impide seguirse ostentando como la cúpula del cielo patronal y propietario.

Sólo nos queda, repito, la política formal que se agrupa en el Congreso. Es de ella que tiene que venir el despeje obligado de una situación corrosiva que pueden volverse gangrena y tumulto sin horizonte. Decir no al desafuero, en el pleno de la Cámara, sería un primer paso para darle a la democracia la seguridad en sí misma que ahora parece a punto de perder. Todavía hay tiempo y debe usarse.