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México D.F. Lunes 4 de octubre de 2004

Eduardo R. Huchim

La contrarreforma Encinas

Sotto voce, junto con algunas propuestas sensatas, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, propuso el pasado jueves 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una contrarreforma en materia de fiscalización a las finanzas de los partidos políticos y en materia de administración del órgano electoral capitalino.

Mezcladas con asuntos inobjetables como la normatividad para la liquidación del patrimonio de los partidos que pierdan el registro (Raúl Llanos Samaniego, La Jornada, 1Ɔ de octubre de 2004), la propuesta presentada por Encinas vulnera a dos comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF): la de Administración, que desaparece, y la de Fiscalización, que resulta marginada de las tareas sustantivas que actualmente realiza.

Pese a la relevancia que en la construcción y robustecimiento de la democracia tienen la revisión y la auditoría a las finanzas de los partidos, a la instancia que hasta ahora se ha encargado de esas tareas y que ha tenido el reconocimiento expreso de todos los partidos representados en el IEDF, se propone reducirla al papel de figura decorativa, cuando actualmente es la comisión que posee mayor número de atribuciones, las cuales habían sido intocadas en todas las reformas al Código Electoral del Distrito Federal.

Ni el hoy ex líder parlamentario perredista René Bejarano, que en 2003 encabezó una embestida contra el IEDF, planteó lo que ahora postula Encinas en la Propuesta para la discusión de reformas al Código Electoral del Distrito Federal" que llevó a la ALDF.

En la actualidad, la Comisión de Fiscalización tiene, entre sus atribuciones, revisar los informes anuales y de campaña de los partidos políticos, requerir en todo momento a los partidos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de sus informes, notificar a los partidos los errores y omisiones en que hubieren incurrido, elaborar el respectivo dictamen consolidado, ordenar visitas de verificación a los partidos, efectuar las investigaciones sobre gastos de campaña y proponer al consejo general las sanciones que correspondan. Todas estas atribuciones de la comisión, y otras más, quedan suprimidas en la propuesta Encinas.

La Comisión de Fiscalización cuenta hoy, para la realización de sus labores, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Según la propuesta Encinas, esta instancia técnica es la que absorbería la mayor parte de las actuales funciones de la comisión, en tanto que otras se transferirían al secretario ejecutivo. De este modo, la fiscalización se traslada de una instancia del consejo general integrada por tres consejeros electorales al área operativa que actualmente es el apoyo técnico de la comisión.

En el ámbito administrativo del IEDF, la propuesta Encinas desaparece a la Comisión de Administración, que ya el año pasado había sido despojada de varias atribuciones, al dividírsela en dos y crear la Comisión del Servicio Profesional Electoral, vertiente que antes iba junto con la administrativa, como todavía ocurre con la respectiva dirección ejecutiva. Conforme a la infortunada propuesta, los órganos operativos ya no tendrán la supervisión de una instancia colegiada del Consejo General en materia de administración.

Suprimir órganos de supervisión es, evidentemente, una extraña manera de buscar la transparencia y de prevenir la corrupción, que se supone son asuntos importantes para el gobierno de la ciudad.

La propuesta Encinas, que en lo general propicia una conducción unipersonal del órgano electoral, asesta otro severo golpe a la colegialidad del instituto, ya afectada en 2003 con la creación de una junta ejecutiva que sólo ha complicado y azolvado la operación del IEDF. Con la contrarreforma en los rubros mencionados, se limitan nuevamente las atribuciones de los consejeros electorales en aras de un presunto fortalecimiento de la figura del presidente del Consejo General.

Estamos ante la posibilidad de la comisión de un grave error y ante una alarmante falta de visión. El éxito y el prestigio que el IEDF ha logrado en sólo cinco años de operación se debe fundamentalmente, además del trabajo de su personal, al talento de todos los integrantes de su consejo general, es decir, de los consejeros y de los representantes partidarios. Afectar la colegialidad es atentar contra el instituto mismo, es mediatizar y debilitar al órgano electoral, cuando lo que debe importar a todos los actores políticos es fortalecerlo, sobre todo de cara a la crispación y alta competencia que muy probablemente caractericen a las elecciones de 2006.

La propuesta Encinas posee otros contenidos irresponsables y discutibles que ameritan ser analizados con posterioridad.

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