Podrían suspenderse servicios como el Metro, advierte

El GDF dará la pelea jurídica, dice el secretario de Finanzas

LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

El gobierno capitalino ''no se cruzará de brazos y dará la pelea jurídica, fiscal y financiera'' para evitar que le quiten 9 mil millones de pesos que pertenecen a los habitantes de la ciudad, porque se generaron aquí y con la reforma al artículo 122 constitucional se irían a otras entidades, como el estado de México, afirmó el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Arturo Herrera Gutiérrez.

En una coyuntura de ese tipo, ejemplificó, se perderían impuestos locales y federales de todo un mes, o bien tendrían que suspenderse el servicio del Metro, la pavimentación, el mantenimiento de parques y jardines, el bacheo y la recolección de basura.

Mencionó que el Distrito Federal, contrario a lo afirmado en diversos foros, no tiene una situación de privilegio y prueba de ello es que fue excluido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) durante 1999 y 2000, con una pérdida de 3 mil millones de pesos, que jamás se repusieron aun cuando se le reincorporó un año después.

Actualmente, la capital del país no tiene acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a combatir la pobreza y la marginación, al considerar que sus niveles están por debajo de otras entidades, lo cual es cierto, pero aclaró, ''no quiere decir que no haya pobreza, de hecho existen más pobres en la ciudad que habitantes en otros estados''.

Además, desde 1990 la ciudad de México ha visto reducidas a la mitad sus participaciones por el cambio de la fórmula aplicada de 22 a 11 por ciento, con una pérdida de 25 mil millones de pesos que se han repartido en otras entidades, puntualizó.

El funcionario explicó que no conforme con ello se pretende ahora recortar en 9 mil millones de pesos sus participaciones, con el pretexto de la descentralización educativa, cuando dicho proceso es paralelo e independiente de la reforma, como reconoció el pasado miércoles el secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, quien pidió que la reforma al 122 se realice de manera gradual y ''no sea parte de un juego político''.

Consideró que la irresponsabilidad y ligereza con la que se elaboró la iniciativa provocó hacer un alto en la elaboración del proyecto de ingresos para el próximo año, donde se tenía previsto un incremento de entre 4 y 5 por ciento al presupuesto que se ejerce actualmente, de 76 mil 500 millones de pesos.

Herrera confió en que este año sea aprobado el techo de endeudamiento de 2 mil 500 millones de pesos que se solicitó para el ejercicio fiscal 2005, pero aclaró que de ninguna manera representará un margen de maniobra adicional, puesto que está comprometido 90 por ciento de los recursos crediticios para la compra de trenes e inversión en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

Y ante el riesgo de que se repita el escenario del año pasado, donde sólo se aprobaron 500 millones de pesos para ejercer durante 2004, ello ''estaría rayando en la mala fe de algunos legisladores, pues sería francamente atentatorio para las finanzas de la ciudad: primero, embargarle 36 por ciento de sus ingresos, y después no darle los recursos crediticios, lo cual nos obligaría a hacer un ajuste adicional; hacer un costeo secretaría por secretaría, entidad por entidad, y ver dónde se pueden hacer de manera muy precisa ajustes, pero hay que esperar''.

Asimismo reconoció que no hay un ambiente de diálogo en la Cámara de Diputados, pero la reforma no depende únicamente de ella, sino también del Senado de la República, ''y esperamos que sus integrantes sean más sensibles, pues me parece muy grave que a estas alturas, cuando hay repercusiones financieras para la ciudad, nadie se haya sentado a dialogar con quienes tenemos las cifras o haya preguntado por sus implicaciones hacia los capitalinos''.

Explicó que de aprobarse la reforma tendría que ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales, lo cual puede llevar hasta seis meses, por lo que no afectaría el presupuesto del próximo año y el impacto se tendría en 2006, que es año electoral, ''y si hay una motivación fundamentalmente política con esto, me parece que ya entonces no la empujarían''.

Precisó que la primera salida del gobierno capitalino es la descentralización educativa, la cual se solicitó formalmente a principios de semana, donde se pide que no solamente se transfieran a la ciudad los servicios educativos, sino también los recursos para garantizar su funcionamiento, como se hizo con el resto de las entidades.

La segunda sería la vía jurídica, la interposición de una controversia constitucional en el momento que entre en vigor la reforma, debido a que contiene ''graves inconsistencias, viola de manera palpable el espíritu del aspecto fiscal y eleva al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a rango constitucional, lo cual es contrario a lo que señala el artículo 123 de la misma Constitución''. El tercer camino sería el fiscal y financiero, donde ya se ha hablado de separarse del Convenio de Coordinación Fiscal.

''La posición del Gobierno del Distrito Federal es que esta medida es totalmente injusta y tiene muy pocas bases jurídicas para prosperar; sin embargo, de hacerlo, vamos a pelear en todas las instancias legales a las que tengamos acceso. No nos van a quitar ese dinero y a ver cómo nos arreglamos'', concluyó.