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México D.F. Viernes 8 de octubre de 2004 |
Se descompone la política
 Los
altercados parlamentarios ocurridos esta semana en el Palacio Legislativo
de San Lázaro dan cuenta de una descomposición sostenida
de la vida política nacional y prefiguran el despeñadero
al que está siendo conducida la institucionalidad republicana. La
falta de contención y de modales de los diputados perredistas que
tomaron la tribuna y la mesa directiva en el salón de plenos del
recinto legislativo tiene su correlato en la negativa de la coalición
de facto PRI-PAN de analizar, negociar y buscar consensos -es decir,
su negativa a hacer política- para la modificación que pretenden
realizar al artículo 122 constitucional, que norma las atribuciones
del Gobierno del Distrito Federal.
Si esa tentativa de reforma hubiese sido, como se pretendió,
expresión de un afán de equidad, justicia presupuestal y
espíritu federalista, sus impulsores habrían podido tomarse
el tiempo necesario para dialogar, perfeccionarla y, sobre todo, buscar
mecanismos que amortiguaran el impacto presupuestal que representaría
a la capital de la República el hacerse cargo, de un día
para otro, de toda la educación básica y media. De esa forma
habría podido llegarse a una aprobación fluida de la modificación
propuesta. Pero el empecinamiento de los pripanistas de aprobar
al vapor y con dispensa de trámites la reforma mencionada, evidenció
que su propósito real es propinar un desproporcionado hachazo presupuestal
a la administración capitalina para desequilibrar de golpe las finanzas
públicas de la urbe, propiciar ingobernabilidad por esa vía
en el Distrito Federal y afectar, como efecto último buscado, las
posibilidades presidenciales del jefe de Gobierno, Andrés Manuel
López Obrador.
La reforma al 122 es, pues, una nueva fase de la ofensiva
desatada por el foxismo y sus aliados contra el gobernante capitalino.
Si no funcionaron las campañas de desprestigio en su contra, y si
el acoso judicial de que es víctima enfrenta una perspectiva incierta,
ahora se pretende llevar el complot a la asfixia presupuestal.
Desde que el grupo en el poder -auxiliado o asesorado
desde el retiro temporal por parte de sectores del priísmo- comenzó
la campaña contra López Obrador, diversos analistas han señalado
que los participantes en la conjura estaban jugando con fuego y que las
maquinaciones mediáticas y judiciales para cerrar el paso a una
eventual candidatura presidencial del gobernante capitalino podían
tener consecuencias graves de ingobernabilidad, desestabilización
y violencia.
El empeño por eliminar a López Obrador de
las posibles opciones electorales en 2006 era, se dijo, un agravio al espíritu
democrático y a los propios electores, toda vez que se pretendía
sacar de antemano del juego, con manipulaciones de dudosa legalidad y de
evidente inmoralidad, a una figura política a la que muchos ven,
desde ahora, como su mejor opción de sufragio para dentro de dos
años.
Tales advertencias se han demostrado correctas y la vida
pública y el clima institucional han llegado ya a una indeseable
turbiedad y a una descomposición palpable, fenómenos que
no van a corregirse por sí mismos. De hecho, si los actores políticos
persisten en sus actitudes actuales, la degradación puede volverse
irreversible, y seguramente llegará, de aquí al momento previsto
para la próxima recomposición institucional, que es el proceso
sucesorio de 2006, a simas que aún resultan difícilmente
imaginables. Por eso es necesario que las principales fuerzas políticas
del país se avengan a definir conjuntamente lo que es susceptible
de ser reformado, cuál debe ser el sentido y las características
de las reformas, y qué asuntos deben dejarse como están en
lo que resta del presente gobierno.
Es deseable, también, que en lo sucesivo se evite
recurrir a la ruptura de la civilidad y de las buenas maneras parlamentarias.
El foxismo, por su parte, tendría que dejar de utilizar a las instituciones
como instrumento de golpeteo político -o judicial, o presupuestal-
contra sus adversarios, y concentrarse, en el tiempo que le queda, en propiciar
consensos para lograr una elección ordenada, estable y pacífica
en 2006, así como un proceso de sucesión fluido y terso,
objetivos ambos que son de su propio y crucial interés, así
sea para que los actuales integrantes del equipo gobernante puedan, en
el futuro, disfrutar de un retiro apacible.
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