Se trata de ponerle "otra piedra" al gobierno de López Obrador, afirma

La reforma al artículo 122, una aberración jurídica: Olac Fuentes

Por medio de una campaña mediática se alienta "un sentimiento de antichilanguismo"

ROSA ELVIRA VARGAS

Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación y uno de los artífices de la descentralización educativa que arrancó en 1992, consideró como un golpe estrictamente político y una "aberración jurídica" la pretensión de modificar el artículo 122 constitucional, porque no implica, al mismo tiempo, la transferencia del servicio educativo, la autoridad y la responsabilidad de la enseñanza al Gobierno del Distrito Federal (GDF) y, en cambio, se le recortarán entre 5 y 9 mil millones de pesos a las arcas capitalinas.

Con esta medida, advierte, las autoridades de la capital seguirán sin recibir el manejo de la educación básica, porque ésta queda todavía como responsabilidad del gobierno federal.

"Entiendo que tendría que establecerse un mecanismo gradual para que, efectivamente, el gobierno capitalino realice una mayor aportación directa, pero a un servicio que le corresponda otorgar. Aquí no hay descentralización, por eso la medida es tan absurda: no le están retirando dinero de la partida 25 de educación porque el GDF no recibe nada, todo es administrado directamente por la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la SEP, a cargo de la maestra Sylvia Ortega''.

A Fuentes Molinar tampoco le cabe duda de que se trata de ponerle "otra piedra" a la administración de Andrés Manuel López Obrador y, de paso, exacerbar de manera perversa "un sentimiento de antichilanguismo" en el país, con la campaña mediática que se ha montado para presentar al Distrito Federal como una entidad privilegiada.

El proceso de descentralización, precisa, se inició mediante convenios firmados con cada una de las entidades del país. En ese documento, refiere, la Federación establecía con cada estado la transferencia de los servicios de enseñanza, el dinero con el que operaba el sistema, la autoridad para ejercer, así como el papel de patrón sustituto de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En ese contexto, además, se pactaba la contribución financiera que gradualmente harían los gobiernos estatales y que ahora, 12 años después de aquella medida, promedia 17.5 por ciento en todo el país.

Ese porcentaje es tal, explica, porque mientras entidades como el estado de México o Nuevo León aportan hasta 50 por ciento de su gasto educativo, hay otras, como Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, que contribuyen con muy poco.

Subraya que el Distrito Federal quedó al margen de la descentralización y su caso se reguló con un artículo transitorio que, considera, es totalmente ilegal. Señala que ello obedeció a un acuerdo entre el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, y la dirigente del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, quienes convencieron al presidente Carlos Salinas de Gortari para exceptuar de la decisión a la ciudad de México.

Hoy, con la iniciativa de modificar el artículo 122 constitucional, no sólo no se le transfiere la prestación del servicio -como inclusive lo solicita la administración capitalina-, sino que mediante un artículo que establece bases de responsabilidad sui generis para la entidad que es el Distrito Federal, se le dice: "tienes que aportar al costo de la educación, pero tú no vas a prestar el servicio".

Se trata, considera Fuentes Molinar, de una total irresponsabilidad hacia la gente, porque cómo va a compensar este recorte el GDF. No duda, entonces, en ubicar la medida como "una maniobra financiera muy discutible jurídicamente por unilateral, y cuyo sentido es claramente político. Y si el argumento es que con eso se quiere ayudar, por ejemplo, al estado de México, pues entonces lo que se hace es abrir un hoyo para tapar otro".