Luis Javier Garrido

El 122

La irresponsabilidad del gobierno foxista al pretender una reforma al vapor de la Constitución con el objetivo de dañar al gobierno de la capital está ya ahondando la crisis en la que se halla el régimen y la incertidumbre prevaleciente.

1. La torpe tentativa de Vicente Fox de tratar de sabotear al Gobierno del Distrito Federal, ahora por la vía de transferirle los servicios educativos pero embargándole recursos por más de 8 mil millones de pesos, con el propósito perverso de llevarlo a una crisis financiera en 2005, y que busca legalizar, con el respaldo de la mayoría de los legisladores del PAN y del PRI, modificando fast track el artículo 122 de la Constitución General de la República -empresa que lo ha llevado a desarrollar una campaña de mentiras en los medios y a violentar todas las formas-, constituye una vez más una agresión no contra el jefe de Gobierno sino contra los habitantes de la capital.

2. La Constitución mexicana no puede ni debe ser ya tocada si no es por la vía del referéndum y por una decisión de todo el pueblo, como acontece en los regímenes europeos, pero mucho menos debería poder ser modificada en función de la obsesión de un individuo -Vicente Fox- o de las ambiciones políticas coyunturales de los dirigentes de los partidos. Y sin embargo eso es lo que está aconteciendo, pues al no existir en México un régimen democrático, la mayoría PRI-PAN que gobierna al país desde 1989, tras los históricos acuerdos entre Salinas y el CEN del PAN, está recurriendo a la peor de las opciones: la de pretender enfrentar el 2006 buscando sabotear al gobierno de la capital y, lo que es más grave, lesionando seriamente los intereses de los capitalinos.

3. Los cambios que pretenden hacerle al vapor panistas y priístas a la Constitución mexicana, sin tener justificación alguna para ello, tienen una finalidad política y no obedecen, por lo mismo, a una voluntad de equidad ni a una racionalidad legislativa, ni mucho menos a una planeación hacendaria, ya que los más de 8 mil millones de pesos que se le quitarían a la capital no irían a los estados más pobres (Chiapas o Oaxaca) sino a dos estados gobernados por priístas (Edomex y Nuevo León) y a dos gobernados por panistas (Jalisco y Baja California), por lo que no sorprende que se haya pergeñado sin la menor técnica legislativa. El nuevo plan del foxismo y el salinismo para tratar de desestabilizar al gobierno de la capital responde más a una acción de fuerza de dos grupos de hampones políticos y evidencia una vez más la naturaleza del gobierno actual, que no tiene el menor pudor para perpetrar sus fechorías.

4. El régimen federal, que está consagrado en el pacto que subyace en la Constitución de 1917, supone que el gobierno federal no tiene más atribuciones que aquellas que le cedieron originalmente los estados, aunque en materia educativa se estableció que habría facultades concurrentes tanto de la Federación como de los estados. Pero como México vivió durante décadas un centralismo de hecho, ante la atrofia del gobierno federal a partir de 1990 se resolvió reconocer gradualmente a los estados sus atribuciones y derechos en la materia, y ahora lo que se quiere en el caso del Distrito Federal es reconocerle sus obligaciones pero sin tener derecho a los recursos suficientes. Y lo que es más grave, en la única entidad que no tiene autonomía y que hasta que no se le reconozca ésta y se erija el estado 32, la Federación ha de tener especiales responsabilidades.

5. El tándem Fox-Salinas creyó que en esta ocasión podría engañar fácilmente a los mexicanos haciendo una campaña sobre la imaginaria riqueza de la capital y su supuesta negativa a contribuir a la educación básica, pero la torpeza de los panistas que están acudiendo a los medios ha ido poniendo al descubierto que se trata de una maquinación política y no de un acto de racionalidad presupuestaria. Las mentiras de panistas y priístas han sido puestas en evidencia: la Convención Nacional Hacendaria, que se manifestó por una mayor equidad, no aprobó la aberración que se pretende hacer con el embargo al Distrito Federal, y en ese contexto, el proceso legislativo se hizo al margen de toda legalidad: sin discutir priístas y panistas el tema, oponiéndose al diálogo y a la concertación, y negándose la Junta de Coordinación Política a recibir a las autoridades capitalinas, para culminar ayer PRI y PAN con la violación a la reglamentación.

6. La cerrazón del gobierno de Vicente Fox -quien está ya actuando abiertamente como un truhán de la política-, de manera similar a la de los últimos gobiernos priístas -de los cuales es el continuador-, y se ha negado a escuchar el razonamiento de que es menester llevar adelante la entrega de todas las responsabilidades educativas a las entidades federativas, pero a) en un marco de racionalidad administrativa que les permita a éstas, luego de reformas legales consensuadas y de acuerdos administrativos y fiscales, tener los recursos para enfrentar el problema, y sobre todo b) dentro de un proceso gradual, no dejaba a los diputados de la oposición perredista otra alternativa que la de actos de resistencia civil, que siempre es legítima y justificada, y en particular frente a tanto atropello. Por lo que la toma de la tribuna de San Lázaro por los asambleístas del PRD en la capital (5 de octubre), y la exigencia de los diputados federales del PRD de respetar el reglamento y de oponerse desde la tribuna al albazo aprobatorio que violentaría la institucionalidad de la Cámara (7 de octubre), son acciones justificadas.

7. La resistencia civil ante un gobierno que está pisoteando el orden legal del país y tensando las relaciones políticas y sociales con sus acciones irracionales es un derecho de todos los mexicanos, y sólo lo ignoran quienes se creen la falacia de que vivimos ya "en democracia". El diputado Pablo Gómez, del PRD, le recordaba por ello ayer en San Lázaro a Vicente Fox que él y muchos panistas tomaron esa misma tribuna el 10 de septiembre de 1988 para oponerse a la calificación de la elección presidencial de Salinas (meses antes, desde luego, de que priístas neoliberales y panistas se volvieran aliados).

8. Las decisiones atrabiliarias de Fox están ahondando la crisis nacional y el desprestigio de su gobierno y sin embargo algunos medios, lejos de preocuparse por la irresponsabilidad del PRI y del PAN, se rasgan las vestiduras por las protestas legítimas y el inepto Santiago Creel se atreve a criticar lo que acontece en el Congreso en una más de sus ingerencias inadmisibles en las actividades del Poder Legislativo.

9. El régimen de corte cada vez más fascistoide de Fox le ha negado a los mexicanos el pleno derecho a la libertad de información, deformando la realidad durante cuatro años por medio de un sistema de desinformación y de propaganda, y por ello a muy pocos sorprendió que el Canal del Congreso hubiese cortado su transmisión el día de ayer (7 de octubre) en el instante en que se producían los acontecimientos, ni que Francisco Barrio (jefe de la bancada panista) hubiese justificado la censura y que Guillermo Montemayor (director del canal) declarase balbuceante a De Una a Tres que esto había sido decidido por el senador panista Diego Fernández de Cevallos, aunque horas después, y ante las críticas, diera marcha atrás y presentara lo censurado.

10. ƑNo se habrá dado cuenta Fox de que hasta su propio secretario de Educación, Reyes Tamez, en su comparecencia de anteayer ante los diputados, negó que esa reforma respondiese a una propuesta de la SEP que, según dijo, sostiene que la descentralización debe ser gradual y con racionalidad fiscal (La Jornada, 7 de octubre)?