Orlando Delgado Selley

Tensiones presupuestales

Frente a la inminente decisión de la mayoría parlamentaria formada por el PRI y el PAN, para modificar el artículo 122 de la Constitución y quitarle a la ciudad de México las aportaciones federales para la educación pública básica y media-superior, el Congreso de la Unión fue bruscamente tomado por los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El método es ciertamente discutible, pero es indudable que en la circunstancia que se vive la modificación de la distribución de los recursos federales entre las entidades es, por lo menos, inoportuna. Las dificultades provocadas por el intento de desafuero del jefe de Gobierno han ido en aumento y ahora se agudizan, pese al intento frustrado de reanudación del diálogo con el Ejecutivo federal.

La verdadera dificultad es estratégica. La propuesta económica de un eventual gobierno de López Obrador es diferente a la que propone la ortodoxia vigente en su versión mexicana. Se trata de planteos fundados en visiones distintas de lo que el país requiere, pero lo que importa es que implicarían políticas económicas alejadas en ciertos aspectos decisivos de lo que han planteado los neoliberales domésticos. Una de las diferencias está en el sector energético. Para los neoliberales es indispensable ''aplicar medidas de apertura y reforma'' que permitan la participación de inversionistas privados en la industria petrolera.

El argumento repetido hasta la saciedad, pero no por ello convincente, es que Pemex es ineficiente, tiene un sindicato que domina la gestión de la empresa y se beneficia de ello, carece de los recursos necesarios para fortalecerse y poder encabezar el desarrollo nacional. Luego de casi cuatro años de una administración no priísta, Pemex y su sindicato priísta siguen funcionando igual. La nueva concesión otorgada al sindicato, que ha sido detenida por la presión de la opinión pública, documenta la persistencia de una gestión empresarial alejada de un proyecto de rescate de la empresa y, con ello, de recuperación de su contribución al crecimiento.

Frente a esto, los planteos de López Obrador van en un sentido diferente. Se concibe a Pemex como una palanca fundamental para impulsar un futuro diferente, proyectándolo como una empresa generadora de los energéticos que el funcionamiento de la economía demanda, de modo que sea crecientemente superavitaria en divisas. No se trata solamente de incrementar la exportación de crudo, sino de petroquímicos, gas, gasolinas, etc., lo que requerirá inversiones cuantiosas que deberá aportar el propio gobierno. Para ello sería necesario modificar de inmediato las prioridades presupuestales actuales que, de nuevo, aparecen en la propuesta para 2005.

Los recursos que se han venido destinando desde 1999 para cubrir los intereses de los pagarés Fobaproa y que suman más de 450 mil millones de pesos, constituyen una carga fiscal que no puede continuar. Para el gobierno federal este pago es prioritario, pero no lo sería para un gobierno con una fuerte base popular. Ya se ha planteado en los 20 puntos que debe reducirse el costo financiero de esos pagarés, lo que tendría que negociarse con los banqueros. En consecuencia, podrían liberarse recursos para el crecimiento económico. En lugar de discutir a qué población se le reducen los recursos federales, lo que podría hacerse es discutir el mejor uso de los recursos liberados por la reducción de los intereses del Fobaproa. Hay, a no dudar, una diferencia drástica entre el planteo de la actual mayoría parlamentaria y lo que propondría una nueva mayoría.

Otro tema central en las diferencias presupuestales derivadas tiene que ver con la educación superior. Es un escándalo que las universidades públicas reciban en la propuesta oficial recursos insuficientes y que cada año sea necesario rescatar asignaciones que permitan medianamente operar. Por ello se ha ido reduciendo la matrícula de estas instituciones. En cambio, en la propuesta de Ley de Autonomía para la Universidad de la Ciudad de la México se plantea la obligación de presupuestar, cuando menos, 3.4 salarios mínimos anuales por alumno inscrito. Ello significa un compromiso permanente con la educación superior.

Así las diferencias no son sólo de proyecto de nación, sino de asignación presupuestal basada en dar una prioridad diferente a los requerimientos nacionales. De eso se trata el verdadero debate. Enfrentarlo abiertamente con los instrumentos que la democracia propone, no con mayorías circunstanciales, es lo que hace falta para reencauzar el debate nacional.

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