En el penal de La Palma, se reserva derecho a declarar

"Soy un chivo expiatorio", dice el ex secretario de Finanzas

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Almoloya de Juarez, Mex. 10 de octubre. Luego de considerarse "un chivo expiatorio de las autoridades" y negar las imputaciones que hay en su contra, Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, se reservó el derecho a rendir su declaración preparatoria ante el juez primero de distrito en materia penal federal del estado de México, José Alberto Montes Fernández, quien el pasado 6 de octubre concedió una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Su abogado, José Enrique Soto Fernández, solicitó de inmediato la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas, para así tener oportunidad de reunir los elementos suficientes que puedan desvirtuar la acusación que existe por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De esta forma, el juez determinará la situación jurídica del indiciado el próximo viernes, a más tardar.

Acompañado sólo por su abogado y vestido con el uniforme beige de este centro penitenciario, Ponce Meléndez lucía demacrado tras la rejilla de prácticas del penal federal de Almoloya de Juárez. Por conducto de su abogado pidió atención médica especializada para "sobrellevar" la diabetes, enfermedad que padece desde hace unos meses.

Soto Fernández señaló que, en caso de no obtener el auto de libertad en los próximos días, solicitará de inmediato el traslado del ex funcionario del GDF a un reclusorio de la ciudad de México, no sólo por la enfermedad que aqueja a su cliente, sino porque Ponce Meléndez "no es un sujeto considerado de alta peligrosidad".

Tras ser detenido en Tepoztlán, Morelos, y ser ingresado la noche del sábado al penal de máxima seguridad de La Palma, Ponce Meléndez fue recluido en una celda del área de observación y clasificación, donde es monitoreado las 24 horas del día por una cámara de video.

El abogado de Ponce Meléndez comentó que, hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha aclarado la razón para recluir a su cliente en un penal de máxima seguridad, donde "está expuesto a una luz blanca todo el día, lo que representa tortura sicológica".

Luego de desayunar, Gustavo Ponce fue notificado que en punto de las 13 horas tendría que presentarse a la rejilla de prácticas para rendir su declaración preparatoria ante el juez primero de distrito en materia penal federal del estado de México. Minutos antes de iniciar la diligencia se encontró con su abogado, a quien le pidió sacarlo de ese lugar.

"Mi cliente se encuentra temeroso -dijo Soto Fernández-, tiene mucho miedo, porque es sabedor de que no ha cometido falta alguna y que no tomó un peso de las arcas públicas. De repente le dicen que por un video, donde lo muestran jugando en Las Vegas, tiene que ir a la cárcel. Siente que es una cuestión política y que es un chivo expiatorio de las autoridades".

Este domingo sólo fue requerido por el juez Montes Fernández por la causa penal 40-2004, por lavado de dinero, en la que se acusa a Ponce Meléndez de transportar recursos del aeropuerto de Toluca a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, y viceversa.

El expediente consta de 11 tomos que fueron leídos durante cinco horas al ex secretario de Finanzas, quien fue sorprendido jugando en el casino del hotel Bellagio, según un video difundido el pasado primero de marzo. La acusación, sostuvo el abogado, se sustenta en los informes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó a la Secretaría de Hacienda sobre los supuestos viajes que realizó Ponce Meléndez en unas 17 ocasiones.

"No hay elementos para sostener la acusación, no se da el nexo causal ni se refiere dónde está lo ilícito de los recursos. Tan no hay elementos que no se acompañó la acusación por otro delito, como delincuencia organizada", argumentó Soto Fernández.

Se espera que este lunes Ponce Meléndez sea notificado de la acusación que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por fraude genérico por 31 millones de pesos contra la delegación Gustavo A. Madero, donde también se involucra al empresario Carlos Ahumada Kurtz.