Eduardo R. Huchim

Víctimas de la propuesta Encinas

a propuesta de reforma electoral, presentada por el secretario de GobiernLo del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tiene un contenido que revela irresponsabilidad e inconsciencia porque, de ser aprobada en sus términos, introduciría al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en una nueva espiral de ajustes a su estructura y a su normatividad, asunto que ha consumido mucho tiempo y energía durante 2004, a consecuencia de las reformas al Código Electoral del Distrito Federal aprobadas en 2003.

Ahora, con la modificación de la estructura de los órganos distritales del IEDF que se propone, se afectaría nuevamente el servicio profesional electoral del instituto, pues se reinserta al director de Organización, suprimido en 2003, y se elimina al secretario técnico jurídico, que desde 1999 ha estado en los distritos, cuyas funciones serían asumidas por el director de Capacitación y Educación Cívica.

Es decir, se pretende obligar al IEDF a recorrer el mismo camino que en 2004, sólo que ahora habría de hacerlo en 2005, cuando está prevista una elección de comités ciudadanos y, además, es preciso realizar algunas actividades preliminares para el proceso de 2006. Pareciera que alguien en el gobierno de la ciudad quiere romper la eficiencia del IEDF en la realización de su tarea más sustantiva, que es la organización de elecciones.

ƑQué afán guía a esta aparente obsesión de modificar una y otra vez el órgano electoral capitalino y a la ley que lo rige? En aproximadamente dos años, ésta sería la tercera reforma al Código Electoral del Distrito Federal. Algunas modificaciones aprobadas en ese lapso nunca operaron, porque las nuevas reformas lo impidieron.

Los cambios al código en 2003 forzaron al instituto a despedir a 120 trabajadores, cuya experiencia y capacitación -el IEDF tiene un programa permanente de formación y desarrollo- se desperdiciaron de ese modo y ahora se propone la desaparición de los secretarios técnicos jurídicos y la reinserción de los directores de Organización; es decir, el puesto que la asamblea obligó a desaparecer. Alguien en algún recóndito lugar está empeñado en la desaparición de los abogados de los órganos distritales, cuyos puestos de secretarios jurídicos ya se intentó suprimir en 2003.

La propuesta Encinas, en este rubro, soslaya que los miembros del Servicio Profesional Electoral del instituto y su trabajo merecen respeto. No se debe jugar con sus plazas ni romper el supuesto fundamental que caracteriza a un servicio civil de carrera: la permanencia en el empleo. La estructura ideal de los órganos distritales, en lo que atañe al número de integrantes, es la diseñada originalmente por la ALDF en 1998, con la que se efectuaron dos elecciones constitucionales y dos procesos de participación ciudadana, cuyos buenos resultados han sido reconocidos por tirios y troyanos. En 2003 se afectó esa estructura con la bandera de la austeridad que enarbolaron quienes apenas meses después serían pillados en innegables actos de dispendio y corrupción.

La propuesta Encinas tiene otras víctimas. Al modificar las disposiciones sobre el financiamiento público a los partidos políticos, suprime el que corresponde a Convergencia y al Partido del Trabajo. Con base en las modificaciones propuestas, el monto del financiamiento público se reduce, lo cual en principio es correcto. Lo que no me parece acertado es la marginación de estos dos institutos, que ya de suyo están en una situación de abismal inequidad con respecto a los otros cuatro.

Esa desigualdad puede ejemplificarse con este dato: el financiamiento que reciben individualmente PRD y PAN al mes (6.9 y 4.5 millones de pesos, respectivamente) supera el financiamiento anual que corresponde a cada uno de los dos partidos que en 2005 se quedarían sin financiamiento público para actividades ordinarias. La discordancia sería ahora mayor, ya que sólo se prevé que reciban financiamiento para campaña (cuando la haya, obviamente) y para actividades específicas. Es legítimo privilegiar la mayor votación con un mayor financiamiento, como se hace actualmente, pero cabría preguntar si la desigualdad que así se genera debe ser tan abismal.

Si prospera la propuesta Encinas, la afectación aproximada en el financiamiento a los distintos partidos puede observarse en el siguiente cuadro, calculado en números redondos con base en cifras de 2004