La dependencia a su cargo fue laxa en acatar el Código Financiero, señala

Detecta CMH irregularidades en la gestión de Ponce durante 2003

Informe previo de la cuenta pública de ese año revela que aprobó los contratos multianuales que favorecieron a Quart en Tláhuac Avaló compromisos con cargo al gasto de años subsiguientes

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reveló que en 2003 la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Gustavo Ponce Meléndez, aprobó los contratos multianuales en la delegación de Tláhuac, mismos que en diciembre de ese año debieron cancelarse por las anomalías detectadas.

De acuerdo con el informe previo sobre la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal de 2003, el órgano fiscalizador destaca que junto con esos contratos también aprobó a esa demarcación contrajera "compromisos" que implicaban obligaciones con cargo a presupuestos de años subsiguientes.

Inclusive, en el reporte se puntualiza que las autoridades de esa demarcación "describieron" el documento con el que la Secretaría de Finanzas les otorgó la autorización respectiva.

En respuesta a esta situación, la Secretaría de Finanzas manifestó a la Contaduría Mayor de Hacienda que "sólo autorizó como excepción las solicitudes que justificaron su planteamiento para establecer contratos y compromisos que comprendieran más de un ejercicio fiscal y presupuestal".

Sin embargo, el órgano fiscalizador dejó en claro que esa dependencia del Gobierno del Distrito Federal "no precisó los documentos con los que otorgó" ese aval, "por lo que no fue posible efectuar la evaluación de cumplimiento de ese precepto".

El caso Tláhuac

Cabe mencionar que el ex jefe delegacional de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, otorgó a las empresas del Grupo Quart, cuyo propietario es Carlos Ahumada Kurtz, contratos multianuales, los que a la postre, se corroboró, fueron para obras que nunca se realizaron o bien fueron mal hechas o nunca realizadas, por lo que debieron suspenderse en 2003, ante las evidencias de las irregularidades.

El amplio documento de la Contaduría Mayor de Hacienda, entregado en días recientes a la Asamblea Legislativa, refiere las anomalías que detectó en la operación administrativa y contable de las instancias de gobierno de esta capital, tanto del sector central como paraestatales y órganos autónomos, y una de las que incurrieron en deficiencias fue la Secretaría de Finanzas.

Al respecto, se precisa en un apartado que esa dependencia fue laxa en acatar la disposición contenida en el Código Financiero, de que todas las entidades públicas de esta ciudad debían entregar sus informes trimestrales -cuatro en total- durante 2003.

Dentro de esta situación se encuentran, precisamente, las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac, pero cabe señalar que en la primera se cometió un fraude por 31 millones de pesos en favor de las empresas del empresario Carlos Ahumada.

En este contexto, los diputados José María Rivera Cabello y Obdulio Avila Mayo, secretarios de las comisiones de Hacienda y de Administración Pública Local, respectivamente, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron un análisis del documento mencionado y destacaron que la Secretaría de Finanzas "padeció deficiencias de control de las obligaciones y trámites de dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones".

Irregularidades

Así por ejemplo, resaltaron que según el reporte de la Contaduría Mayor, la Secretaría de Finanzas no cuenta con registros de las entidades que le informaron de la contratación de obra pública sin licitación, tal como lo dispone la Ley de Obras Públicas. Añadieron que también careció de registros eficientes sobre el control de las solicitudes que otorgó a las instancias de gobierno para realizar adecuaciones en sus calendarios financieros y de metas, que implicaron en el ejercicio fiscal señalado traspasos de recursos entre programas, con lo cual desacató lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.

Cita el análisis de los legisladores que "entre las fallas de carácter general de la Secretaría de Finanzas que fueron detectadas por la Contaduría Mayor están que no mencionó los mecanismos de control establecidos para corroborar que los ingresos se hubieran clasificado de acuerdo con su naturaleza presupuestal y económica; tampoco proporcionó los controles internos para supervisar el cumplimiento de los compromisos fiscales del gobierno local".

Toda la información contenida en el informe previo de la Contaduría Mayor de Haciendahabrá de ser tomada en cuenta por los legisladores para que una vez analizada detalladamente definan en este periodo de sesiones el número de auditorías que habrán de solicitar para la Cuenta Pública de 2003.

El proyecto de las auditorías a realizar deberá ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.