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México D.F. Miércoles 13 de octubre de 2004 |
Panistas y priístas, contra el DF
 Los
diputados federales delos partidos Acción Nacional y Revolucionario
Institucional aprobaron ayer una modificación constitucional que
violenta el pacto federal, ofende a los habitantes de la capital de la
República, transgrede normas legislativas básicas y disfraza
de quehacer parlamentario lo que busca ser, en realidad, un golpe político
contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, a quien esas dos fuerzas tienen como enemigo. La coalición
de facto operó con una prisa y un desaseo formal que acaso habrían
resultado excusables si se hubiese tratado de un reglamento menor, pero
que son inadmisibles en la medida en que se toca -o, más bien, se
manosea- el texto de la Carta Magna, no para perfeccionarlo, sino en función
de una coyuntura de sucesión presidencial.
Si el coordinador de los diputados panistas, Francisco
Barrio Terrazas, tuvo al menos el valor de dar la cara en el debate, los
líderes del priísmo en San Lázaro -Emilio Chuayfett
y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada tricolor y presidente
de la mesa directiva de la Cámara, respectivamente- enviaron a la
tribuna, en cambio, a figuras menores que, según pudo verse, no
tenían una idea muy clara de lo que estaban hablando. "Lo que no
se quiere es invertir en educación; el Gobierno del Distrito Federal
sólo busca invertir en programas que reditúen ganancias electorales",
argumentó, por ejemplo, Guillermo Aréchiga, quien por lo
visto ignora que en la presente administración capitalina es la
primera vez en tres décadas que se echa a andar una nueva universidad
pública en la ciudad de México.
El hecho es que en las filas de la aplanadora priísta
y panista no había ánimo de discutir sino de imponer con
base en la fuerza numérica, y así ocurrió. Los intentos
de la bancada del Partido de la Revolución Democrática por
buscar soluciones más razonables y armónicas a los desequilibrios
presupuestales entre las diversas entidades de la Federación fracasaron
ante un bloque que no pretendía escuchar razones y que, para llegar
a la votación, cumplió a regañadientes con el trámite
del debate. El único cambio a la iniciativa aprobada corrió
a cargo de los priístas, quienes a última hora corrigieron
la improcedencia del texto original, en el que se estipulaba una fecha
de entrada en vigor a una reforma constitucional que aún requiere,
para ser vigente, de su aprobación por el Senado y por las legislaturas
de al menos dos terceras partes de las entidades federativas.
Es necesario que, antes de que la propuesta de reforma
aprobada ayer en San Lázaro llegue a esas cámaras, los integrantes
de ellas tomen conciencia de la perversidad política implícita
en esta iniciativa, diseñada para castigar presupuestalmente al
Distrito Federal e inducir factores de desestabilización en la capital
de la República, para obstaculizar, en última instancia,
una eventual candidatura presidencial del actual gobernante capitalino.
Porque tal es, en efecto, el propósito final de la maniobra instrumentada
ayer en San Lázaro: añadir un frente financiero a la campaña
de acoso mediático y judicial contra López Obrador.
La imposición de un embargo fiscal -como lo llamó
el coordinador de los diputados perredistas- a la ciudad de México
puede afectar o no proyectos políticos futuros del jefe de Gobierno
capitalino. Lo que es seguro es que, de hacerse realidad, tal embargo perjudicará
seriamente la calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana,
espacio común de los mexicanos de toda la República y lugar
de trabajo, residencia o tránsito de muchos ciudadanos procedentes
de otras entidades. Puede darse por descontado también que el bodrio
legal aprobado ayer por los diputados priístas y panistas no contribuye
a crear un clima de distensión política en momentos en que
el país requiere de tranquilidad y armonía para hacer frente
al proceso sucesorio de 2006, y que atizará en cambio desavenencias
indeseables entre mexicanos.
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