Lo califica de cobarde, mentiroso y deshonesto

Despotrica Creel contra el GDF por escucha telefónica

Insiste en el deslinde de la toma del Palacio Legislativo

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 14 de octubre. El titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, acusó al gobierno de la ciudad de México de pretender desviar la atención al generar un nuevo conflicto con la administración federal, imputándole el espionaje telefónico de que fueron objeto políticos de la capital del país, para no aclarar su responsabilidad en la toma de la Cámara de Diputados por asambleístas, la semana pasada.

Durante una visita a esta ciudad, Creel Miranda calificó de "mentirosos", "cobardes" y "deshonestos" a quienes se empecinan "en echarle la culpa de todo al gobierno federal".

De acuerdo con el funcionario, "otra vez regresamos a la tesis de echarle la culpa al gobierno federal de todo lo que está pasando, sin ver los problemas que ellos (la administración del Distrito Federal) tienen en la toma de decisiones, en el golpe a la Cámara de Diputados, y queriendo tapar esta situación, queriendo desviar la atención pública, ahora se le echa la culpa al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Gobernación".

De esta forma, el responsable de mantener el orden interno del país se deslindó de las imputaciones que lo involucran con el espionaje de que fueron objeto el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, la diputada capitalina Alejandra Barrales, René Bejarano y su esposa, la legisladora federal Dolores Padierna, misma que directamente señaló al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de Gobernación, como el responsable de la intervención de las conversaciones.

"No vamos a permitir que se golpee a las instituciones, como tampoco que se haya golpeado a la Cámara de Diputados tomando la tribuna y la mesa directiva; eso desacredita a las instituciones, a la democracia y a la actividad política", advirtió.

Destacó que "hacer acusaciones sin fundamento no es algo honesto y también dificulta enormemente las posibilidades de diálogo".

El funcionario insistió en que las autoridades capitalinas deben aclarar qué participación tuvieron en la toma de la Cámara de Diputados: "tenemos que hablar con la verdad, si el Gobierno del Distrito Federal tuvo algo que ver con la toma, que se diga y que se aclare en dónde se tomaron las decisiones, quiénes fueron los que dieron las instrucciones, por qué intentar frenar el trabajo constitucional de otros poderes del Estado mexicano, todo eso tiene que aclararse y, por supuesto, todo lo demás".

Precisó que en ello "no tiene la culpa el gobierno federal, querer echarle la culpa es cobarde, pero sobre todo mentiroso".

Llama a Fox a superar las prácticas de espionaje y volver a la institucionalidad

Advierte Encinas de una crisis mayor si continúa la escalada

Denuncia que la intervención de teléfonos se extiende de sus oficinas a su casa particular

ANGEL BOLAÑOS, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

El espionaje político no solamente pone en entredicho la vida institucional del país, sino puede provocar una crisis de mayor envergadura en el propósito de atacar, a toda costa, al gobierno de la ciudad, advirtió Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del Distrito Federal, al denunciar que la intervención telefónica de que es objeto vulnera sus garantías individuales, al extenderse de sus oficinas gubernamentales a su domicilio particular.

De entrada, consideró positivo que Canal 40 haya difundido la noche del miércoles la conversación telefónica que tuvo con el coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, Carlos Reyes Gámiz, para evitar especulaciones e incetidumbre, luego que se divulgaron las del subsecretario Martí Batres con la diputada Alejandra Barrales y la del diputado con licencia René Bejarano con su esposa, la diputada federal Dolores Padierna.

Reyes Gámiz, por su parte, puntualizó que no existe ninguna irregularidad o acto ilícito que se desprenda de la conversación con el secretario de Gobierno capitalino, como se pretende hacer creer a la opinión pública.

"Tampoco confirma que se le haya pedido línea para tomar la tribuna de la Cámara de Diputados; sería absurdo negar que como líder de la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa hay una coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, pero de eso a decir que se nos da línea, hay un amplio trecho", aseguró.

Encinas dijo que es preocupante "el hecho de que garantías individuales y derechos mínimos que debemos tener todos los mexicanos sean vulnerados. Saber que hay constancia específica del espionaje que se realiza no solamente en las oficinas del gobierno, sino en mi propio domicilio, afecta no solamente mi privacidad, sino también la de mi familia".

En este último caso, explicó que ha detectado que efectivamente están intervenidos los teléfonos en su domicilio, lo cual no deja de ser molesto, "aunque tengo una familia muy madura que sabe entender".

Descartó, sin embargo, la vía penal para denunciar esta situación; lo deseable, agregó, sería superar este tipo de prácticas ilegales que generan situaciones de zozobra y volver a los cauces institucionales, punto en el que, recordó, el presidente Vicente Fox, al tomar posesión, señaló que un gobierno que espiaba para ver qué era lo que pensaban los otros era un gobierno que no escucha, y "yo creo que es tiempo de que empiece a escuchar para resolver realmente los problemas del país".

Reyes Gámiz acudió por la mañana a buscar al secretario Encinas en sus oficinas, a fin de intercambiar puntos de vista al respecto; sin embargo, no fue posible hablar con el funcionario, quien se encontraba en una reunión con la mayoría de los jefes delegacionales.

El legislador comentó que si bien el periodista Ciro Gómez Leyva dijo que era una grabación que "carecía de valor periodístico", es al contrario, porque muestra que no hay línea alguna y simplemente intercambió una serie de reflexiones con el funcionario capitalino sobre lo que acontecía en San Lázaro, cuando los asambleístas esperaban que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados respondiera a su petición de diálogo.

Al margen de esto, destacó que la grabación de su conversación privada con Encinas fue un acto ilegal. Precisó que habló con el funcionario alrededor de las 18:30 horas. "Si me preguntan ¿el gobierno de la ciudad tuvo que ver con la toma de la tribuna?, la respuesta es no. ¿El espionaje es un hecho delictivo? Sí. ¿De quién presumimos que se generó esto? Del Cisen, y hacemos responsable a Santiago Creel si se acredita en los hechos."

Salvo algunos casos, no existe razón de Estado para realizarlo

Interceptar llamadas telefónicas es un delito y debe sancionarse: Soberanes

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 14 de octubre. "No hay razón de Estado válida para intervenir conversaciones telefónicas privadas", afirmó este jueves José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien lamentó que aún se dé en México esta práctica, a la que consideró un delito que se debe perseguir y sancionar.

"Eso es un delito y como tal se debe de perseguir, es intolerable que en nuestro país se hagan este tipo de cosas, tenemos que aprender a respetarnos y no hay aquí razón de Estado o razón, por más sublime que se le quiera ver, para intervenir las conversaciones telefónicas privadas", indicó el ombudsman.

Soberanes Fernández, quien visitó Zacatecas para participar en el seminario internacional sobre las causas, efectos y consecuencias del fenómeno migratorio en la protección de los derechos humanos, dijo en entrevista sobre el espionaje telefónico: "es un aspecto en el cual no tenemos que ceder por ninguna razón. La intervención de telecomunicaciones, salvo las autorizadas por jueces federales, y tratándose de delitos del crimen organizado, no la podemos permitir. Es un delito y se tiene que perseguir", afirmó.

Marcaje estrecho a legisladores

Los diputados federales del PRD José Agustín Ortiz Pinchetti, Manuel Camacho Solís y Gilberto Ensástiga Santiago aseguraron ayer que las líneas telefónicas de su casa, oficina y celular están intervenidas.

* Ortiz Pinchetti, presidente de la Comisión del Distrito Federal y ex secretario de Gobierno capitalino, comentó: "yo estoy siendo grabado de modo sistemático porque mi teléfono personal, el de la Cámara y el celular están conectados (intervenidos). Me parece muy extraño que hablo a la Cámara de Diputados y me responden en mi casa".

* Manuel Camacho afirmó que no tiene la menor duda de que es espiado telefónicamente y refirió que hace algunos años su casa fue revisada por expertos que inspeccionaron y encontraron que no había un aparato, sino varios.

* Ensástiga detalló "que ningún perredista anda solo, nos acompañan minuto a minuto". En su caso dijo que hasta el momento no se ha dado cuenta si lo espían o no, "pero en cualquier chico rato sale algo, no tengo ninguna evidencia, pero no me sorprendería que se difunda una conversación mía".

* Otros legisladores tomaron el asunto con más ligereza y algunos, inclusive, bromearon que ahora tendrán más cuidado en sus conversaciones con sus esposas y sus hijos.

R. GARDUÑO Y E. MENDEZ

Este viernes acudirán a la procuraduría capitalina y la próxima semana a la CDHDF

Diputados del PRD presentarán hoy denuncia penal por espionaje telefónico

"Todo apunta" a que el responsable es el secretario de Gobernación: Alejandra Barrales

SUSANA GONZALEZ, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa anunció que este viernes interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contra quien resulte responsable del espionaje telefónico del que fueron objeto los diputados locales Alejandra Barrales Magdaleno y Carlos Reyes Gámiz.

Además, la próxima semana presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la "violación a los derechos civiles y políticos" de dichos legisladores.

Al respecto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, manifestó que la PGJDF tendrá que analizar si le compete investigar dicho delito, porque está tipificado tanto en el Código Penal local como en el federal. "Tenemos en el Código Penal para el Distrito Federal un delito por intervenir comunicaciones de carácter privado, pero también hay un delito federal cuando se trata de líneas telefónicas con autorización federal, sin permiso de una autoridad judicial. Entonces, analizaremos para ver si nos corresponde, y si no lo enviaremos a la Procuraduría General de la República (PGR)", manifestó Bátiz al salir de la reunión matutina del gabinete de gobierno y seguridad pública.

El funcionario dijo haberse enterado de la intención de los legisladores perredistas de presentar una denuncia, pero aseguró que no ha tenido comunicación con ellos, y en tono de broma, agregó: "y si me ha hablado algún diputado, ya saldrá por ahí alguna grabación".

Los integrantes de las tres corrientes del PRD representadas en la ALDF: Unidad y Renovación (Unyr), Izquierda Democrática (CID) y Nueva Izquierda (NI), acordaron llevar a cabo un plan de defensa derivado de la filtración de tres grabaciones telefónicas con las que se pretende demostrar que los diputados locales recibieron línea del gobierno capitalino en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, la semana pasada, para impedir las reformas al artículo 122 constitucional. "Hay que ponerle rostro y nombre a quien hizo estas filtraciones con la evidente intención de distraer la atención" sobre la reforma, dijo en entrevista Alejandra Barrales, al salir de la reunión que tuvieron ayer legisladores de la CID en un restaurante del centro, donde tomaron el acuerdo mencionado.

Puntualizó que corresponde a la PGJDF hacer las investigaciones que permitan definir claramente quién o quiénes son los responsables del espionaje, pero señaló: "En nuestro caso podemos decir que todo apunta a Santiago Creel, secretario de Gobernación; entonces, lo que requerimos es que se investigue y se confirme o no". En los mismos términos se manifestó el coordinador de la fracción del PRD en la ALDF y líder de Unyr, Carlos Reyes, al subrayar que "se están atropellando los derechos civiles y políticos, lo cual es muy grave".

A su vez, el procurador capitalino explicó que la PGJDF sí tiene posibilidad de intervenir llamadas telefónicas privadas, pero esas tareas las lleva a cabo sólo con autorización de un juez. Respecto del reciente "uso indebido" de grabaciones de conversaciones privadas, aseveró: "No es el modo de hacer política ni de investigar, excepto cuando se trate de algún crimen, de un secuestro, donde se obtienen autorizaciones" judiciales.