Tras los videoescándalos del mes de marzo, en los que resultaron involucrados funcionarios de la administración capitalina, luego del inicio de un proceso de desafuero contra el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, por un delito que no cometió, y después de que el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional unieron fuerzas para alterar la Constitución con el propósito de ahorcar financieramente a la capital de la República, la más reciente ofensiva para destruir al titular del GDF pasa por el espionaje telefónico.

Las conversaciones -interceptadas y grabadas ilegalmente- de Dolores Padierna y René Bejarano, así como de la diputada local Alejandra Barrales y el subsecretario de Gobierno del DF, Martí Batres, luego enviadas a un medio televisivo por manos anónimas, han dado margen a la coalición de facto pri-panista para lanzar una nueva y muy virulenta andanada contra López Obrador. Los excesos de los ánimos linchadores contra éste han llegado inclusive a agregar al proceso de desafuero pendiente la propuesta de que el Senado lo destituya.

Más allá de disparates como el referido, resulta significativo que en el nuevo coro de condenas a priori destaquen voces de políticos que aspiran, de manera abierta o embozada, a una candidatura presidencial en 2006, como Felipe Calderón, Jorge G. Castañeda y Santiago Creel, para quienes sería muy conveniente la ausencia de López Obrador en las boletas electorales de ese año.

Por otra parte, es deplorable y exasperante que la más visceral e incontinente de las descalificaciones del mandatario capitalino provenga de Santiago Creel, quien es el responsable -teórico, al menos- de preservar la armonía y el respeto entre las instituciones, así como entre los titulares de los distintos poderes de la Unión y de los diferentes niveles de gobierno. Los epítetos empleados por el funcionario referido -"mentirosos", "cobardes" y "deshonestos"- fueron la única y descontrolada respuesta del encargado de la política interna del país a quienes señalaron la posibilidad real de que las grabaciones telefónicas referidas hayan sido realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo adscrito a la responsabilidad del propio Creel Miranda.

Mientras se redoblan los embates contra el gobernante urbano y se le acusa de haber orquestado las tomas de la tribuna de la Cámara de Diputados por diputados locales y federales del Partido de la Revolución Democrática, se deja de lado el único delito evidente, flagrante y documentado de todo el episodio, que es la intromisión en las comunicaciones de las dos legisladoras perredistas.

No son las únicas víctimas, desde luego. El secretario de Gobierno de la capital de la República, Alejandro Encinas, denunció que es objeto de intervención telefónica inclusive en su domicilio. Mientras se incrementa el espionaje telefónico contra los perredistas, Creel se limita a insultarlos, sin parar mientes en lo que ambas acciones -el espionaje y los insultos- significan en la vida política del país: el abuso extremo del poder para acosar adversarios políticos, la degradación de la confianza ciudadana y, para recurrir al barbarismo de cosecha creeliana, la expansión sin freno del sospechosismo en el país.

Al presidente Vicente Fox se le agota el margen para asegurar una sucesión tranquila que daría al país estabilidad y certidumbre, y que otorgaría al actual mandatario un margen para un retiro apacible. Urge, en ese espíritu, que realice los ajustes pertinentes en su gobierno.