Nora Patricia Jara

El embate de PRI y PAN

La aplanadora priísta y panista en el Congreso de la Unión decidió arbitrariamente por los ciudadanos de la ciudad de México qué servicios construir o apoyar y cuáles dejar fuera de los presupuestos gubernamentales con la supuesta reforma al artículo 122 constitucional. Con la acción suplanta la voluntad ciudadana que se expresó legítimamente en un proceso electoral donde los capitalinos ordenaron mediante su voto que administrara y gobernara Andrés Manuel López Obrador.

Esos legisladores, escudados en la mayoría parlamentaria, dan un golpe al erario de la capital del país y advierten que ya ha sido suficiente de obras de infraestructura, como los segundos pisos y demás ampliaciones viales, o mejoramiento del medio urbano, para destinar el excedente del superávit fiscal capitalino a otros estados igual de ricos, como Nuevo León, Puebla, Jalisco y el estado de México. Bajo el sustento de que ya basta de obras de relumbrón, de dar dinero a los viejitos o a las madres solteras, señalan que hay que redistribuir la riqueza de la gran ciudad entre las entidades que supuestamente más lo necesitan, pero sin regresarle lo que le corresponde por esa contribución, sin el estatus del resto de la entidades federativas, por lo que se le despoja del beneficio que significa el pago de impuestos para que funcione el sistema administrativo local, porque el dinero que se quite por el supuesto pago de la educación básica en el DF se irá a las entidades que más contribuyen en este rubro, estados de densa demografía educativa, cuyas aportaciones se reintegran por medio del llamado pacto federal, al que no tiene corresponsabilidad ni derecho la capital, ya que también así se decidió, discrecionalmente, por las dos primeras minorías en San Lázaro.

Con falacias como que aquí los habitantes somos mantenidos por otros mexicanos, como parásitos, se desconoce de un plumazo que el DF aporta más de 250 mil millones de pesos a la Federación mediante cargas impositivas de las cuales sólo le retribuyen 11 por ciento; paga además el mantenimiento y la restauración de escuelas y el programa de desayunos escolares, que fue modificado por la administración perredista para que fuera no sólo nutritivo sino también sabroso y que los niños pudieran elegir entre diversas opciones.

Si bien es cierto que debe contribuir con su riqueza a los estados que más lo necesiten, la capital de la República también debe gozar de los mismos derechos, para que sus bienes y erario no sirvan de botín en las disputas políticas. Con la modificación facciosa del artículo 122 no sólo se pone en riesgo su capacidad para mantener finanzas sanas, sino que también observará un deterioro de lo que según expertos es la estructura mejor organizada para dar educación en el país, y en esto las cifras no mienten, como lo hacen sin disimulo los diputados federales del PAN y el PRI, ya que la ciudad de México aventaja en varios rubros a las demás entidades del país. Por ejemplo: desde 1995 el porcentaje de abandono de estudios es de 5.1 por ciento, en comparación con el 13.5 por ciento nacional; aquí, 97.1 por ciento de los habitantes están alfabetizados; el grado promedio de escolaridad es de 9.4 por ciento, frente al 7.5 del resto del país; la mayoría de la población alcanza aquí a terminar la secundaria, teniendo más posibilidades un hombre que una mujer; de este universo, 30 por ciento de las mujeres que terminan primaria no se inscriben a la secundaria; desde 1996 sólo la quinta parte de los jóvenes de la capital -de entre 22 y 29 años- tienen niveles básico y medio. Hasta hace 10 años en la zona metropolitana del valle de México había un maestro por cada 37 alumnos en la enseñanza básica, y un maestro por cada 10.5 alumnos en educación superior; se concentraba 3.5 por ciento de las escuelas primarias de la República; 13.8 por ciento de las escuelas de enseñanza superior están instaladas en su área.

Del total de planteles educativos del DF, 49 por ciento se ubica en el estado de México, donde se reúne 48 por ciento del personal docente y 63 por ciento de los alumnos. Pero a pesar de la oferta educativa, en esta capital existe una distribución desigual, misma que poco a cambiado en la última década; delegaciones como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán tienen sobreoferta; Tláhuac, Magdalena Contreras y Milpa Alta padecen déficit.

Desde que Benito Juárez ordenó la Ley de Instrucción Pública, se estableció, en su artículo siete, que las autoridades municipales, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, el distrito y entonces los territorios, tienen el deber de abrir escuelas de instrucción primaria y secundaria, sostenidas con fondos públicos. Hoy esta realidad cambia en el afán de eliminar a los enemigos políticos del actual régimen y del anterior, que pretenden apoderarse del mando administrativo con recortes a los programas sociales y obstáculos constantes para delimitar la operación política del gobernante capitalino. Como infantes, sin representación o defensa, los ciudadanos del DF son castigados por elegir una opción política y económica contraria al populismo de la derecha panista y priísta, que se apodera ilegítimamente de la voluntad popular para acertar un mandoble a nuestra precaria democracia.