Luis Javier Garrido

Los medios
1. La crisis jurídica

Los medios masivos de comunicación de México atraviesan por una severa crisis de credibilidad que es consecuencia tanto del hecho de que su labor sigue estando normada no por la ley, sino por acuerdos con el poder; de que funcionan al margen de cualquier código de ética y de que, mucho más que en el pasado reciente, pretenden erigirse en actores políticos determinantes.

La campaña desaforada de Vicente Fox buscando crear las condiciones a fin de poder imponer a quien le habrá de suceder en la silla presidencial, y que se ha centrado en una guerra sucia de varios meses contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la capital, buscando inhabilitarlo como candidato presidencial en 2006, lejos de alcanzar sus objetivos se ha revertido contra el régimen foxista y contra él en lo personal, dañando de paso a las principales instituciones públicas: la PGR, cuya autonomía y respeto al orden jurídico aparecen como inexistentes; el Congreso, cuya credibilidad se halla cada vez más en entredicho por el absurdo e infundado juicio de procedencia que la Cámara de Diputados le ha iniciado, e incluso la Suprema Corte de Justicia, varios de cuyos ministros, de acuerdo con diversas evidencias, se están comportando como aliados políticos del Ejecutivo. Pero, sobre todo, se ha revertido contra los medios, que en vez de informar o de abrir espacios democráticos de diálogo o de debate se han sometido a las pretensiones del Ejecutivo.

La paradoja de esta situación es que se produce cuando radio y televisión, sobre todo, se hallan en su momento de mayor bonanza financiera como consecuencia, precisamente, de las reformas electorales y, en particular, de la reforma electoral de 1996, que abrió las puertas a un macrofinanciamiento de los partidos políticos y a una dinámica político-electoral sustentada en la mercadotecnia, que ha llevado a los partidos a gastar más de la mitad de sus ingresos en propaganda, principalmente en la televisión, y que en 2000 fue, por ejemplo, de más de mil 251 millones de pesos, por lo que se ha dicho que los principales beneficiarios de "la transición" han sido radio y televisión.

El régimen presidencialista que se consolidó en los años del priísmo se sustentó, entre otros factores, en un control casi absoluto de los medios: la prensa escrita, a través de un complejo sistema de favores basado en un subsidio ilegal a los directores, en la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial y en el mecanismo de los "embutes" o "sobres" a los reporteros. Y la radio y la televisión, en un sistema de concesiones otorgadas de manera oscura, y que al ser revocables constituían un mecanismo más de control aunado a los anteriores, viviéndose en consecuencia durante décadas en un sistema discrecional o metalegal que supuso un papel clave de los medios en el sistema de poder que sigue perdurando.

La llegada de Fox a la Presidencia en 2000, lejos de propiciar una "transición democrática" en los medios, como se decía iba a acontecer, permitió, por el contrario, fortalecer al mismo sistema y a los mismos intereses prevalecientes, y de tal suerte entronizó aún más al duopolio televisivo. En marzo de 2001 Fox acudió a un acto en Televisión Azteca, durante el cual elogió a la televisora del Ajusco como una empresa modelo para México, y poco después, en un convivio con los dirigentes de Televisa, anunció una nueva reglamentación de las relaciones medios-Estado que terminaba con la obligación fiscal de los concesionarios de pagar a éste sus impuestos con 12.5 por ciento de su tiempo: el llamado decretazo del 10 de octubre de 2002. La situación al cabo de cuatro años de foxismo es tal que los dos principales consorcios televisivos controlan ya 90 por ciento del auditorio -Televisa con sus cuatro emisoras principales (tres de ellas nacionales), 225 estaciones locales concesionadas y 32 afiliadas, y Tv Azteca a través de dos canales nacionales y 40 estaciones locales-, y que ambas empresas se han erigido, al igual que muchos concesionarios de radio, en un poder político impune y sin controles: una situación que no existe en ningún otro país y que se supone estarían enfrentando los senadores al discutir el anteproyecto de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión.

El gobierno de Vicente Fox, que quiso presentarse como de "cambio", fue de absoluto continuismo con las políticas y las prácticas de los gobiernos de Salinas y Zedillo, y su relación con radio y televisión es uno de los mejores ejemplos. Todas las políticas de Fox, y en especial sus pretensiones de desmantelar a la nación y entregar los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, como ahora sus esfuerzos para imponer su voluntad en 2006, se basaron esencialmente en la propaganda, y así le urgió ceder en todo ante los concesionarios para poder utilizarlos, sin darse cuenta del costo político que esto fue teniendo para él y para los medios en un escenario que se decía iba a ser "de transición". La radio y la televisión no lo pueden todo, y no sólo no le generaron credibilidad alguna al régimen foxista sino que tampoco les permitieron a ellos adquirir una propia. Uncidos durante décadas al régimen priísta, el pueblo sigue viendo a la radio y a la televisión vinculadas estrechamente a los intereses de quienes gobiernan y no les cree a sus locutores, que en su mayor parte son vistos como venales, con lo que los cientos de millones de pesos gastados por Fox en autopropaganda no lograron más que desacreditarlo aún más a él y a los medios.

La exigencia de que se termine con el sistema que prevalece proviene de los analistas que demandan más opciones al constatar cómo durante décadas los principales concesionarios han envilecido impunemente al pueblo: de los artistas e intelectuales que pugnan por medios de calidad con nuevas fuentes de trabajo (como los que publicaron el desplegado "Llegó la hora" el 7 de octubre) o de sectores de la UNAM que durante medio siglo han demandado un canal en el que pueda explayarse el potencial cultural de la principal universidad de América Latina, sin olvidar a los grupos empresariales que ambicionan crear nuevas cadenas nacionales. Pero también, y sobre todo, de amplios sectores de la sociedad que están hartos de la desinformación a la que son diariamente sometidos y que piensan que concesionarios y comunicadores deben someterse a la ley.

El escandaloso papel político de la radio y la televisión en 2004, al servir a Fox en sus ambiciones continuistas y al colaborar con él en todas las campañas de desinformación orquestadas desde Los Pinos, ha situado una y otra vez tanto a concesionarios como a locutores al margen de la legalidad, al incurrir todos ellos con sus imputaciones y su sistemática falta a la verdad en múltiples ilícitos, que en un estado de derecho habrían sido sancionados y que plantean la necesidad de revisar, sobre todo en ese aspecto, el marco legal existente.