En días recientes, en medios estadunidenses de prensa se ha empezado a barajar el nombre del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para ocupar la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sustitución del costarricense Miguel Angel Rodríguez, también ex presidente, defenestrado luego de que el gobierno de su país le inició un proceso legal por actos de corrupción.

Desde que terminó su sexenio, Zedillo se ha movido en ámbitos empresariales y académicos de Estados Unidos, así como en organismos internacionales, y ha logrado hacerse en ellos una imagen de economista experto, de demócrata y de conocedor de los procesos de globalización. Esas supuestas virtudes lo convertirían, según algunos, en el candidato idóneo -también se habla del ex mandatario brasileño Henrique Cardoso- para encabezar la institución panamericana. Sin embargo, si se juzga desde la experiencia reciente de México, el sucesor designado por Carlos Salinas de Gortari carga con un pasado que lo convierte en políticamente impresentable para la Secretaría General de la OEA.

Por principio de cuentas, habría que recordar la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia, crisis en la que confluyeron por partes iguales la perversidad de Salinas y la no menos vasta impericia económica de su sucesor. Esa crisis tuvo para México un costo incalculable en incremento de la miseria y la pobreza, en caídas del nivel de vida del grueso de la población, en alimentación, salud, educación y vivienda, en desempleo, en pérdida de oportunidades y en la cancelación de esperanzas para millones de personas. Lejos de distribuir en forma equitativa la factura de sus propios errores -y de las maquinaciones y ocultamientos de la administración previa-, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a las clases medias y bajas, y por "rescatar" a un puñado de empresarios tan ineficaces como corruptos que en el sexenio anterior se habían hecho con la propiedad de bancos, carreteras e ingenios. Si Salinas privatizó los activos de la mayor parte del sector social de la economía, Zedillo socializó los pasivos de las empresas privatizadas y alentó y ejecutó el mayor atraco a las arcas públicas de que se tenga memoria: el "rescate bancario", legalizado en el último tramo de su sexenio por priístas y panistas.

Además de ese despojo aprobado por el Congreso de la Unión, el gobierno de Zedillo estuvo marcado por escándalos de corrupción de principio a fin, por la impunidad ofensiva que cobijó a los corruptos y por una generalizada inmoralidad en el ejercicio de la función pública -hay que acordarse, como botones de muestra, de Oscar Espinosa y del Pemexgate- que llegó al colmo de inventar un "Registro Nacional de Vehículos" para colocar en él al torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo.

En la arena internacional Zedillo se presenta como el gran democratizador de México por no haber impedido el triunfo electoral de su sucesor, Vicente Fox, procedente de un partido que por entonces se situaba, al menos en lo nominal, en la oposición. Es decir, el ex presidente convierte el cumplimiento de una obligación legal común y corriente en una hazaña y se arroga un mérito que pertenece, más bien, a una sociedad movilizada desde décadas atrás en aras de la democratización nacional, y que pagó un elevado precio de vidas y sufrimiento en tal propósito. Pero lo más grave no es la conversión de un acatamiento de la ley en gesta heroica, sino el soslayamiento inadmisible del Zedillo represor y responsable político último de masacres abominables como las de Aguas Blancas, Acteal y El Charco. El gobierno del actual profesor de Yale ostenta, en su balance histórico, manchas criminales inexcusables que no han sido cabalmente investigadas y esclarecidas, las cuales lo inhabilitan moralmente para ocupar cargos políticos internacionales.

Finalmente, al Zedillo globalifílico, el servidor de los intereses financieros trasnacionales -Procter & Gamble, Alcoa, Union Pacific- pueden pasársele por alto declaraciones pintorescas, como ésa de que "la globalización es la mejor amiga de los pobres", pero no habría que olvidar su militancia como defensor de un modelo de capitalismo salvaje, corruptor y depredador que ya resulta insostenible. En momentos en que diversos gobiernos latinoamericanos -Argentina, Brasil, Venezuela- ensayan caminos alternativos a ese modelo, una OEA en manos de Zedillo sería un factor de confrontación y faccionalismo que llevaría al organismo panamericano a nuevas simas de devaluación y desprestigio.

Al igual que su antecesor -quien recientemente fue desinvitado a un acto empresarial en Perú, luego que el anuncio de su presencia allí generó diversos actos de repudio-, Zedillo es una figura indeseable en muchos ámbitos, incluso en sectores académicos de Estados Unidos, como se puso de manifiesto en febrero pasado en la Universidad de Berkeley, donde fue abucheado por estudiantes que le reclamaron su responsabilidad por la represión de los indígenas chiapanecos. Después de la amarga y bochornosa experiencia con el costarricense Ramírez, sería contraproducente que una figura tan cuestionada y cuestionable como Zedillo fuera designada al frente de la Organización de Estados Americanos, y para muchos mexicanos sería, además, un agravio.