En Ciudad Juárez el presidente Vicente Fox fue objeto de una airada protesta contra las reformas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la reducción de los recursos para la educación. Fox negó que su gobierno quiera privatizar ese instituto, pero no fue creído y el cerco popular a la comitiva presidencial, cuando ésta se retiraba, golpeó las camionetas en las que viajaban las autoridades.

El incidente es resultado de la pérdida de credibilidad en las instituciones y en la capacidad de mediación del propio Poder Ejecutivo.

Como sucedió con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la reforma a las redes de protección de los trabajadores al servicio del Estado se pretende instrumentar presentando una danza de cifras apocalípticas, cuando menos dudosas, sobre la situación que guarda el sistema de jubilaciones y pensiones.

El objetivo de individualizar las cuentas del ISSSTE, suprimiendo el actual sistema de jubilaciones y pensiones para dar esos gigantescos fondos al manejo caro e irresponsable del capital financiero mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore, su funcionamiento se come, por concepto de comisiones, hasta 34 por ciento del rendimiento de los trabajadores) muestra una vez más la decisión de trasladar a cualquier costo recursos sacándolos de los bolsillos de quienes menos tienen. La aforización del sistema de pensiones rompe con el principio de solidaridad y desresponsabiliza al Estado de sus obligaciones redistributivas y asistenciales.

Nadie engaña al magisterio de Chihuahua. Su suspicacia tiene sustento. La reforma del ISSSTE retoma las recomendaciones hechas por el Banco Mundial en su documento México-Technical assistance for public sector social security reform, ISSSTE (18-7-2002, pp. 3 y 4). Entre otras medidas, el organismo multilateral "sugiere" al gobierno mexicano "separar el financiamiento de la prestación, contratación externa de servicios, constitución de áreas médicas de gestión desconcentrada y definición de un nuevo modelo de medicina familiar preventivo".

El mismo Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que espera que su ayuda a la seguridad social mexicana amplíe la participación privada en el sector salud, la subrogación de servicios y el ajuste de personal.

Los cortes a derechos sociales, la reforma al IMSS y el proyecto de modificación de la Ley Federal del Trabajo para desproteger aún más a los trabajadores y favorecer a los patrones, forman parte por eso, a ojos del mundo del trabajo, de un mismo proyecto.

Un gobierno que acaba de afectar severamente conquistas laborales de los trabajadores del IMSS despierta inevitablemente en la población la sospecha de que privatizará también el ISSSTE y todo lo que le resulte posible. Y la privatización no implica solamente vender a la iniciativa privada hospitales e instalaciones, sino subrogar servicios a empresas particulares. Esta desconfianza es mayor aún, si, como es el caso, se procesa la reforma al margen de la opinión de los trabajadores adscritos al instituto de seguridad social.

El foso de desconfianza que separa al gobierno y las instituciones del pueblo mexicano es aún mayor en entidades como Chihuahua, de la que el Presidente se ausentó por sus contradicciones con el anterior gobernador Patricio Martínez.

El resultado está la vista con la movilización nacional de los trabajadores estatales contra el proyecto de reforma del ISSSTE, con las amenazas de paros nacionales, plantones en San Lázaro, tomas de locales y con el reclamo directo y enérgico, de viva voz, hecho en Chihuahua al mismo azorado Presidente.

Más allá de emitir condenas, es hora de ver y escuchar cómo se polariza desde arriba el ambiente social y cómo se agota la paciencia de los de abajo.