Luis Javier Garrido

Los medios
3. La crisis política

La radio y la televisión de México han pretendido erigirse en el curso de 2004 en actores políticos determinantes, y sus dueños y "comunicadores" no se han dado cuenta de que con sus decisiones han estado agrediendo a la mayoría del pueblo, que hoy no tiene alternativa frente a quienes han hecho de lo que debería ser un servicio público un botín político, negándole a los mexicanos el derecho a la información.

El papel bochornoso de la radio y la televisión a lo largo de 2004 secundando no sólo en buena parte de sus espacios informativos, sino también en los programas cómicos y de variedades lo cual es más escandaloso, los afanes futuristas de Vicente Fox y su pretensión de inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador como candidato en 2006, ha colocado a sus dueños y a muchos de sus "comunicadores" ante una serie de responsabilidades legales y éticas, pero también políticas, que van a estar sin duda en el centro de las discusiones al debatirse la semana próxima en el Senado el proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión.

La mayor parte de los medios mexicanos actuaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en estrecha relación de contubernio con el poder político que los favorecía conservándoles las concesiones a cambio de su respaldo al régimen y al proyecto dominante, y el caso de Televisa es significativo. En 1988, Emilio Azcárraga Milmo, dueño del consorcio, se manifestaba como "un soldado del presidente de la República", y unos años después, en 1990, Miguel Alemán Velasco, entonces codueño de éste, argumentaba que los tiempos que otorgaban a los partidos eran en función de los resultados que obtenían en los procesos electorales (viciados, desde luego) y que favorecían al PRI. En 2000, sin embargo, las políticas de Televisa se plegaron a la alianza entre el foxismo y el salinismo, pues si de acuerdo con las nuevas reglas electorales todos los partidos tenían la posibilidad de difundir su propaganda electoral, el nuevo dueño, Emilio Azcárraga Jean, decidió votar por el PAN y, en segunda opción, por el PRI. Violando la legislación electoral y las reglas de la supuesta "transición", concedió un descuento en su propaganda electoral de más del 50 por ciento al PAN, uno menor al PRI, y a los demás partidos les hizo pagar la tarifa entera, quebrando el principio de equidad y contribuyendo de esta manera a ensuciar aún más el proceso electoral.

En México, el problema de los medios se hizo, sin embargo, todavía más complejo por el hecho de que Carlos Salinas de Gortari fue apareciendo como uno de los principales responsables de lo que acontece, no sólo porque de acuerdo con múltiples evidencias se halla asociado con Fox en estas campañas, sino por el hecho de que él mismo aparece en múltiples informaciones como codueño de las principales cadenas televisivas.

No sorprende por eso que radiodifusoras y televisoras, en agradecimiento al foxismo por los favores recibidos a costa de los derechos del pueblo mexicano, estén desde ahora tratando de influir en el proceso electoral de 2006: no buscando cancelarle los derechos políticos a una persona, sino a millones de mexicanos que todos los días manifiestan su voluntad de cambio. Como una y otra vez se lo han manifestado desde todos los sectores a Vicente Fox, y como se lo dijeron de todas las maneras los grupos de maestros que lo abordaron hace dos días en Ciudad Juárez (22 de octubre) generando el escándalo que se sabe, y que pone de manifiesto la misma cuestión: los millones de pesos gastados por Fox en propaganda mentirosa, pretendiendo que no está privatizando los servicios de salud y de seguridad social, fueron tirados a la basura pues no los cree nadie.

La tentación que han evidenciado ciertos sectores de la extrema derecha mexicana incrustados en el gobierno foxista y algunos grupos empresariales, de utilizar a la radio y a la televisión como un medio radical de manipulación política de las masas para satisfacer sus ambiciones políticas, e incluso para tratar de hacer caer a un gobierno que les disgusta, tal y como se ha hecho en Venezuela y en otros países del continente, hasta ahora ha fracasado aquí, pero es evidente que este proyecto tiene aliados al interior de las dos grandes cadenas de televisión. La Marcha Silenciosa contra la Delincuencia del 27 de junio, promovida por sectores de la cúpula empresarial del país y organizaciones de derecha, y alentada por el gobierno de Vicente Fox y la dirigencia panista con indudables fines político-electorales, contó con la estrecha colaboración de la radio y la televisión, pero fracasó como el ensayo general que pretendió ser, ya que se convirtió en una gran movilización ciudadana que rebasó los objetivos de algunos de sus organizadores.

Los medios no lo pueden todo como pretenden, y el caso del magnate golpista Gustavo Cisneros, el empresario más rico de Sudamérica, dueño de Venevisión y accionista de Univisión, AOL y varias cadenas trasnacionales, que trató de dar un golpe de Estado mediático contra el presidente Hugo Chávez en 2003 y orquestó, con un costo de cientos de millones de dólares, la campaña de 2004 que pretendió la revocación de su mandato, es el mejor ejemplo de los límites de los medios, que creen tener enfrente a un auditorio y se encuentran con un pueblo: el que en 2003 defendió con movilizaciones a su presidente y en 2004 rechazó en el referéndum la pretensión revocatoria, dándole al mismo tiempo un revés a los medios.

Los dueños de los medios no aprenden, sin embargo la lección. El Canal 40 de México, por ejemplo, condenó en marzo la difusión que hizo Televisa de los videos de Ahumada, al considerar que al prestarse a este juego político esta empresa violaba leyes federales y principios éticos. Y sin embargo, siete meses después, el 40 hizo lo mismo, y también sin ética y violando la ley difundió grabaciones de conversaciones telefónicas de diputados del PRD llegadas a su poder también de manera oscura, con la evidente pretensión de causar daño y sin ocultar que se estaba prestando a otro operativo más del gobierno foxista. Erigiéndose, al igual que los noticieros de otros canales, en Policía Judicial, Ministerio Público y juez que emite una sentencia condenatoria, se sumaron a la campaña.

Los medios están cumpliendo en varios países de América Latina, en connivencia con los poderes locales, un papel central en estos inicios del siglo XXI para imponer el modelo neoliberal y defender las tesis hegemónicas de Washington, erigiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico y la vida democrática de nuestros países, y eso está también aconteciendo aquí.

En un país como México, que durante la mayor parte del siglo XX vivió bajo un sistema de partido de Estado, en el que los medios tuvieron una relación perversa con el poder político y económico que dominó al país y se opusieron a cualquier tipo de debate democrático, el papel actual de la prensa, y sobre todo de la radio y de la televisión, debería ser ahora otro. Tanto los medios del Estado como los privados tienen la obligación de servir al pueblo y para ello deben abandonar la tesis de que con una programación chatarra pueden tener a un auditorio cautivo y manipulable -lo que por otra parte no ha sido cierto a lo largo del sexenio foxista-, y en consecuencia deben aprender a dejar de ser un instrumento del gobierno en turno para funcionar bajo principios legales y éticos, abandonando la pretensión de erigirse en un factor político determinante. De no cambiar, y en serio, el pueblo -que no es "el público" pasivo que ellos creen- va a estar ahí para recordarles que no tienen credibilidad.