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México D.F. Miércoles 1 de diciembre de 2004

A una semana de ocurrido el linchamiento de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, los gobiernos capitalino y federal persisten en atribuirse mutuamente la responsabilidad de no haberlos rescatado a tiempo. Los titulares de Seguridad Pública en ambos niveles, que por elemental decencia habrían debido renunciar a sus cargos cuando más tarde al día siguiente de los trágicos e indignantes sucesos, siguen trenzados en alegatos e intercambios de descalificaciones que resultan ofensivos y exasperantes; mientras Marcelo Ebrard, exculpado en forma improcedente y precipitada por Andrés Manuel López Obrador, se empeña en afirmar que la dependencia a su cargo hizo cuanto estaba a su alcance por salvar a los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), su contraparte federal, Ramón Martín Huerta, indebidamente cobijado por el presidente Vicente Fox, porfía en capitalizar el linchamiento para golpear a las autoridades capitalinas y se da el gusto de señalar que un elemento que incidió en el asesinato de los dos policías y las graves lesiones sufridas por un tercero fue "la falta de atención de algunas autoridades", como si él no fuera una de ellas.

En el Gobierno del Distrito Federal (GDF) sigue imperando la política del avestruz: ante lo sucedido en San Juan Ixtayopan "se hizo todo lo humanamente posible", pero el desenlace resultó inevitable, y no hay responsabilidades oficiales que perseguir. En el equipo presidencial puede percibirse, en forma cada vez más definida, el afán de utilizar esos linchamientos para justificar otro: un nuevo linchamiento judicial de funcionarios capitalinos. Con ese propósito, la SSP federal difunde mentiras evidentes -"nos confundimos por los informes del GDF", dice, como si hiciera falta una carta oficial para enterarse de las atroces escenas que los televidentes estaban observando en tiempo real-, altera sin rubor sus propios boletines de prensa y obliga al silencio a los cientos de efectivos de la PFP que han señalado -a la opinión pública y a sus superiores- las imperdonables fallas de juicio cometidas por los mandos de la corporación en las horas críticas del 23 de noviembre. Enredada en sus propias contradicciones, la dependencia federal no atina, hasta el momento actual, a explicar en forma convincente qué hacían sus elementos en una misión que, a falta de datos oficiales, parece haber sido diseñada entre la chapuza, el encubrimiento y la provocación.

Por supuesto, la barbarie multitudinaria de la semana pasada debe ser sancionada y los responsables de los homicidios deben ser correctamente identificados, presentados ante los tribunales y sancionados conforme a derecho, y otro tanto debe hacerse con los funcionarios públicos responsables de omisión. Esa sería la materialización de la promesa formulada por el presidente Fox a los familiares del subinspector Víctor Mireles, uno de los asesinados, en el sentido de "llegar hasta las últimas consecuencias". Pero la primera consecuencia tendría que haber sido el cese o la renuncia -los formalismos son lo de menos- de los encargados de Seguridad Pública de ambos gobiernos, no sólo por decoro, como se ha dicho, sino también porque, a estas alturas, resulta evidente que la permanencia de Ebrard y Martín Huerta en sus cargos es un obstáculo evidente al esclarecimiento de los hechos y al necesario deslinde de responsabilidades. En la medida en que los dos funcionarios parecen haber quedado a cargo de conducir, en sus respectivas dependencias, las pesquisas correspondientes, éstas no pueden ostentar ningún grado de verosimilitud.

Lejos de disiparse con los días, la vergüenza por ese episodio, en el que salió a relucir lo peor de las instituciones, los funcionarios y la sociedad, se ha ido acrecentando con los duelos verbales referidos, los intentos de manipular los hechos y las inaceptables violaciones a las garantías individuales perpetradas en la localidad de Tláhuac en el contexto de la cacería de los culpables: allanamientos y cateos sin orden judicial, arrestos arbitrarios, maltratos diversos a la población, todo ello seguido del más tradicional e indignante "usted disculpe", que es una de las formas inveteradas de impunidad en los atropellos a la ciudadanía en este país que, según el discurso oficial, acaba de culminar "cuatro años de cambios".