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Martes 14 de diciembre de 2004 |
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Juicio a Pinochet, impunidad en México
 El juez chileno Juan Guzmán
Tapia ordenó este lunes el arresto domiciliario de Augusto Pinochet luego
de que la víspera considerara que el acusado "está mentalmente
apto para enfrentar todas las etapas propias de un juicio criminal". El ex dictador
será procesado por nueve desapariciones permanentes y un homicidio calificado
perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, plan secreto
entre los gobiernos de facto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay para eliminar a opositores políticos. El fallo es el más
reciente golpe a la impunidad de que han gozado durante 15 años los protagonistas
del régimen militar (1973-1989), lo que revela el gran avance que ha
experimentado la justicia chilena. Ese cambio en la actitud de la judicatura
del país sudamericano contrasta con lo que sucede en México, donde
si bien la represión fue a menor escala, las autoridades se resisten
a llevar a juicio a los principales responsables de la guerra sucia de
las décadas de los 60 y 70.
El arresto domiciliario contra Pinochet quedó en suspenso hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre el amparo interpuesto por la defensa. Sin embargo, ese trámite no demerita el fallo, el cual tendrá repercusiones en otras causas judiciales contra el mismo ex dictador y otros represores, unas 35 mil, a decir de los abogados de los familiares de las víctimas del régimen castrense. Entre ésas querellas figuran el asesinato del general Carlos Pratts en 1973, en Argentina, y las cuentas secretas en el banco Riggs de Estados Unidos, donde Pinochet depositó 12 millones de dólares en 10 cuentas que no declaró al fisco de su país. El camino de todos estos procesos fue allanado por la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó aplicar la ley de Amnistía de la Dictadura para casos de desaparición -dando luz verde a casi 200 causas contra represores que estaban empantanadas- y por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, documento publicado hace unas semanas que estremeció a la sociedad chilena por el salvajismo y la brutalidad del gobierno pinochetista. En pocas palabras, Pinochet y su entorno están al borde de un alud de procesos judiciales en su contra.
Mientras tanto, en México, la justicia se ha negado a dar celeridad a los juicios contra los responsables de la guerra sucia. Baste recordar que el 24 de julio de este año un juez decidió no proceder contra el ex presidente Luis Echeverría -uno de los responsables por las matanzas de Tlatelolco, en octubre de 1968, y del Jueves de Corpus, en junio de 1971- al argumentar que el cargo de genocidio por el cual se le acusaba ya prescribió. Asimismo, la justicia mexicana trata con guante de seda a funcionarios de los cuerpos de seguridad de aquellos días que están bajo proceso por los crímenes cometidos contra estudiantes, líderes obreros y campesinos, intelectuales y opositores políticos. Tal es el caso de Nazar Haro, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad (acusado por las desapariciones de Jesús Piedra Ibarra e Ignacio Salas Obregón), a quien un magistrado otorgó el beneficio del arresto domiciliario. En contraste, el general chileno Manuel Contreras, ex director de la policía política pinochetista, purga una condena de 12 años en prisión por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Sandoval, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Contreras ya había cumplido una sentencia de siete años en la cárcel por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, en 1976, en Washington.
La reticencia de la justicia mexicana para aclarar uno de los episodios más negros de nuestra historia contemporánea pone en entredicho la promesa del presidente Vicente Fox de esclarecer de una vez por todas los crímenes de la guerra sucia. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dirigida por Ignacio Carrillo Prieto y constituida en 2001, ha obtenido magros resultados debido en gran parte a la falta de voluntad de las instituciones involucradas en la represión (policías, fuerzas armadas y poder judicial) para aportar elementos que permitan deslindar responsabilidades contra los autores intelectuales de torturas, despariciones y asesinatos. Es deseable que el ejemplo chileno motive en nuestro país la voluntad para hacer justicia y dejar atrás la impunidad, lo que permitiría superar el olvido oficial sobre tales hechos y lograr una verdadera reconciliación nacional.
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