La impunidad persiste en el caso Acteal

Este miércoles se cumple el séptimo aniversario de la masacre de Acteal, Chiapas, que dejó un saldo de 45 personas asesinadas: 15 niños, 21 mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y nueve hombres, todos indígenas tzotziles. Este crimen cobarde, perpetrado por paramilitares, permanece impune debido a la falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal para resolverlo, por lo que las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales de defensa de las garantías individuales. El riesgo que se corre dejando pasar tanto tiempo es que las pesquisas se vuelvan cada vez más difíciles, condenando al olvido un hecho que debe esclarecerse por el bien del propio sistema de justicia. Y ese olvido es tanto más grave si se tiene en cuenta que obedece a la negligencia y la apatía, lo que equivale a cometer otro crimen en contra de la víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

La CNDH tiene claro que es obligación del Estado mexicano resolver este caso; por ello, como ha señalado el presidente de la comisión, José Luis Soberanes Fernández, "tenemos que seguir insistiendo en el tema. Procuramos decírselo a todas las autoridades, ojalá que nos escuchen". El escepticismo de Soberanes no es gratuito, ya que los avances en la investigación son nulos y todo parece indicar que "el gobierno federal ya se olvidó de esta matanza". A juicio del ombudsman, las autoridades federales y locales carecen de la voluntad para arrojar luz sobre este crimen, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se involucre en el caso y emita una resolución que el gobierno deberá acatar. Hay que recordar que las recomendaciones de la CNDH no tienen carácter vinculativo, lo que ha permitido a ambos gobiernos ignorar los exhortos del organismo. Por el contrario, los fallos del organismo internacional son de cumplimiento obligatorio. También adelantó la posibilidad de que se llegue a la creación de una comisión de la verdad -a semejanza de las establecidas en Argentina, Chile y Perú- si la masacre permanece impune. Lo peor de todo es que existen condiciones para que se repitan hechos similares, pues como se ha visto, no hay aplicación de la justicia. Por otro lado, cabe subrayar que el gobierno federal no ha cumplido su promesa de desarmar a los grupos paramilitares que operan en Chiapas a raíz del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Ante la parálisis de las investigaciones, el titular de la CNDH lanzó un llamado al presidente Vicente Fox para acelerar el trabajo de la Procuraduría General de la República y que no suceda lo que ha pasado con otros casos, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Un elemento que revela por qué no se han obtenido resultados es que las investigaciones "están mal hechas". Los 76 detenidos no han sido juzgados adecuadamente, faltan por cumplirse 29 órdenes de detención, se ha probado que algunos de los arrestados son inocentes -sólo cinco han confesado su responsabilidad- y se corre el riesgo de que los expedientes se abran nuevamente porque no hay sentencias en firme. Es decir, el proceso legal contra los presuntos autores materiales está viciado. Además, nunca se iniciado juicio alguno contra los autores intelectuales de la masacre. Por lo pronto, Soberanes descartó la intolerancia religiosa como motivo, tal como argumenta la defensa de los procesados. No hay que perder de vista que en esa región del sureste se ha denunciado una guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, la cual ha perjudicado sobre todo a la población civil, que incluso ha tenido que abandonar sus hogares para salvar la vida.

Resulta evidente la razón por la cual las investigaciones están en un punto muerto: el gobierno de Fox se ha negado a incluir en las pesquisas a funcionarios federales y estatales, a miembros del Ejército y a militantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes planearon "la masacre y entrenaron y financiaron a los grupos priístas paramilitares", como han denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Entre las muchas irregularidades de las investigaciones figura una muy grave: la desaparición de información sobre el caso, como sostienen ambas ONG.

Con la negligencia mostrada por las autoridades para efectuar una investigación seria, no solamente el Estado deja de lado su obligación -moral y oficial- de resolver este crimen de lesa humanidad, sino además se deja la vía libre a otros sucesos como Acteal. El gobierno, firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido incapaz de garantizar los derechos a la vida y la justicia, a conocer la verdad y a indemnizar a los familiares de las víctimas. Por ende, a decir de los organismos humanitarios, la justicia en México sigue y "seguirá siendo una utopía".