La Suprema Corte, supeditada al Ejecutivo

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer miércoles aceptó la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo para impugnar el Presupuesto de Egresos para 2005 -aprobado por la Cámara de Diputados-, genera sospechas de parcialidad de los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso del máximo tribunal. Los magistrados sorprendieron a los diputados al admitir la controversia de manera inusualmente rápida, en un proceso plagado de irregularidades. Por ello, en un documento oficial, la Cámara no dudó en acusar al Poder Judicial de actuar de forma "grave e irresponsable" al violar el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los diputados se refieren a la "actitud indebidamente parcial y (a la) sospechosa coincidencia" de la SCJN con las posturas mantenidas por el presidente Vicente Fox respecto al presupuesto. A decir de la diputación, la parcialidad de la Suprema Corte se basa en varias irregularidades cometidas a la hora de aceptar la demanda de Fox, las cuales fueron enlistadas en un memorando confidencial de la Cámara. Extrañamente, eximieron a la Presidencia de la República de presentar garantías para justificar la controversia. Asimismo, los ministros Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo dieron a la Cámara de Diputados un plazo de 30 días para responder la demanda, pero determinaron contra toda razón y lógica que ese periodo comenzara este jueves, en plena temporada vacacional, y no el 3 de enero, cuando la judicatura reanuda sus labores. Por otra parte, nombraron a su colega Guillermo Ortiz Mayagoitia "ministro instructor" encargado de estudiar el caso; sin embargo, dicho magistrado no regresará a trabajar hasta el 3 de enero. Todas estas decisiones se tomaron en apenas 24 horas, lapso en el que supuestamente Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo leyeron y analizaron el documento enviado por el Ejecutivo.

Por si fuera poco, ambos integrantes de la Comisión de Receso -es decir, que están de guardia por la temporada navideña- no están facultados para resolver una controversia judicial de fondo; tan sólo pueden atender asuntos administrativos, como señala la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal parece que se busca favorecer la estrategia del Ejecutivo y, al mismo tiempo, dificultar la defensa legal de la Cámara. Junto con la admisión de la controversia presidencial, los jueces suspendieron la ejecución de 50 partidas del presupuesto, por un monto de unos 4 mil 195 millones de pesos, lo cual afectará los recursos destinados a universidades, centros culturales y deportivos, así como la construcción de 31 carreteras.

Lo grave de este asunto es que en este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial mantenga actitudes facciosas que manchan su credibilidad y la confianza en la SCJN. En este contexto, hay que recordar que el titular del organismo, Mariano Azuela Güitrón, se quejó de que el proyecto presupuestal aprobado por los diputados implicaba graves recortes a la dependencia a su cargo, lo que fue desmentido en su momento por la Cámara. Pero más allá de la cuestión monetaria, la queja de Azuela fue tomada como un respaldo a Fox y una zancadilla a las facultades constitucionales de la diputación.

Así, la decisión de la SCJN podría tener repercusiones preocupantes, pues tiende a borrar la línea divisoria que garantiza la separación de poderes. Es más, la Cámara denuncia "un probable entendimiento con la parte actora (el Ejecutivo), pareciendo incluso que sus resoluciones (de la Suprema Corte) fueron prelaboradas y sólo sometidas a su firma". En resumen, el Poder Judicial, además de convertirse en juez y parte en este caso, parece asumir una complicidad de facto con el presidente Fox.