Vigencia del EZLN
El presidente Vicente Fox formuló ayer en tierras chiapanecas una declaración preocupante no por lo que afirma, sino por lo que permite comprender de las actitudes y percepciones imperantes en el gobierno federal: la insurrección indígena encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) "está quedando ya en el pasado", dijo; aseguró que en un futuro próximo Chiapas será una entidad moderna, con fuentes de trabajo y "un sistema de salud de lo más competitivo y de lo más completo que pueda tener cualquier otro estado", y remató con una apreciación de significado oscuro: "Chiapas dice no a la política de las armas, Chiapas dice sí a las armas de la política, del diálogo, la solidaridad y la armonía".
La tendencia foxista a buscar la solución de los problemas minimizándolos o negando su existencia es proverbial. Es difícil olvidar, al respecto, la promesa del candidato presidencial Vicente Fox de que resolvería el conflicto chiapaneco "en 15 minutos" una vez que se instalara en Los Pinos. Después de cuatro años, y en la medida en que el levantamiento indígena y sus causas siguen vigentes, ahora se le declara cosa del pasado y se piensa que de esa forma puede quedar resuelto.
La verdad, sin embargo, guarda muy poca relación con las tarjetas postales de Chiapas fabricadas por el mandatario y sus desafortunados asesores. Las demandas de justicia y dignidad enarboladas por los insurgentes hace 11 años siguen pendientes, entre otras razones porque el gobierno foxista y el Congreso de la Unión desaprovecharon, hace poco menos de cuatro años, la oportunidad para atenderlas y se limitaron a simular una solución que fue de inmediato rechazada por los rebeldes.
Es cierto que en sus primeros días la actual administración eliminó uno de los factores circunstanciales más explosivos y exasperantes del conflicto, que era la presencia militar en el corazón de las comunidades zapatistas, y que el gobierno estatal se ha abstenido en términoa generales de retomar las políticas represivas y provocadoras de sus antecesores priístas. Pero desde el primero de enero de 1994 a la fecha permanece vigente el elemento medular del problema, que es la falta de reconocimiento del Estado a los derechos de los pueblos indios del territorio nacional. Más aún, la declaración presidencial de ayer es una confirmación del desprecio del México oficial hacia los indígenas.
En términos generales, en lo que va de este sexenio los enfrentamientos en la zona de conflicto han sido menos, y de menor gravedad, que en los crispados años en los que Ernesto Zedillo mantuvo a las poblaciones zapatistas bajo un cerco militar infame y criminal. Pero la relativa ausencia de incidentes violentos no significa, de manera alguna, que hayan desaparecido las razones de fondo que originaron el alzamiento sino, sobre todo, se debe a la creatividad política de los indígenas rebeldes, quienes han encontrado formas para autogobernarse y aplicar, de facto, los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de reformas legales en materia de derechos y cultura indígenas que redactó la Cocopa a fines de 1995 y que desvirtuaron y desfiguraron los integrantes de la pasada legislatura. Han sido precisamente los zapatistas quienes, para decirlo en palabras de Fox, han optado por "las armas de la política" y han buscado evitar la "política de las armas", pero no porque el gobierno actual lo haya auspiciado ni porque haya contribuido a una solución de fondo. Y es gracias a la vigencia y a la actualidad del zapatismo rebelde que ha podido sortearse hasta ahora, en Chiapas, un escalamiento de las hostilidades.
Ante la incapacidad del actual gobierno para entender al menos esos datos de la realidad, resulta inevitable asumir que, al igual que sus predecesores Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, Vicente Fox heredará a quien lo remplace en el cargo el problema irresuelto del alzamiento indígena y que al término de su mandato no habrá sido capaz de lograr, en seis años, la solución que habría de tomarle, según prometió, "15 minutos". Ante esa perspectiva, lo menos que se puede pedir a la administración foxista es que no empeore las cosas ni provoque riesgos innecesarios con palabras tan desafortunadas como las pronunciadas ayer en Chiapas. Y es que el Ejecutivo federal parece no saber ųo pretende hacer como que no sabeų que cuando los rebeldes chiapanecos se refieren al "mal gobierno" no hablan de un actor del pasado, sino del régimen actual, y que para ellos la confrontación declarada en 1994 puede haber tomado nuevos derroteros, pero se mantiene vigente y así seguirá mientras no haya alguien en Los Pinos que se decida a enfrentar y resolver con seriedad, responsabilidad y honestidad, la situación de los pueblos indios.
