País Vasco: hora de negociar
El encuentro sostenido ayer en Madrid entre el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari (jefe del gobierno vasco) Juan José Ibarretxe, en torno al plan elaborado por el segundo ųy aprobado el penúltimo día del año anterior por el Parlamento de Vitoriaų para ensanchar la autonomía del País Vasco y convertirlo en una región "libremente asociada" a España, puede interpretarse, en una primera lectura, como una confrontación de posiciones irreconciliables y, por lo que hace el ocupante de La Moncloa, como una reiteración de las actitudes invariables intolerantes y cerradas que Madrid ha mantenido ante el conflicto vasco desde la instauración de la democracia, al margen del partido que gobierne.
En efecto, después de la reunión Rodríguez Zapatero hizo saber que el Plan Ibarretxe "nunca se aprobará ni aplicará" bajo su gobierno, en tanto el mandatario vasco expresó su determinación de llevar la propuesta a referendo entre los vascos, pese a que tal procedimiento no está previsto en la Constitución y carece, por ello, de validez jurídica. Con tales señalamientos podría considerarse incluso que la unidad de España y la constitucionalidad, representadas por Rodríguez Zapatero, y la institucionalidad de Euskadi y los reclamos de autodeterminación de sus habitantes, encarnados por Ibarretxe, han entrado en una ruta de colisión inevitable y de perspectivas sombrías e inciertas.
Es importante, sin embargo, tomar en cuenta las importantes diferencias de forma y de maneras entre el gobernante del PSOE y su antecesor, José María Aznar: mientras éste se negó a abordar con el lehendakari cualquier asunto relacionado con una alteración del estatuto de autonomía que rige al País Vasco y llegó a promover modificaciones legales para amenazar con sanciones penales a Ibarretxe en caso de que éste llevara adelante su iniciativa, Rodríguez Zapatero lo ha recibido en dos ocasiones, ha abierto oportunidades al diálogo y, si bien ha rechazado frontalmente el Plan Ibarretxe, al considerarlo un "callejón sin salida", ha dejado abierta, en cambio, una vía institucional para la modificación del estatuto autonómico. Ayer mismo ofreció al gobernante vasco "volver a empezar desde el principio por el camino del consenso y de la ley".
Lo que sigue es necesariamente un camino pantanoso. La propuesta mencionada será turnada al Congreso de Madrid, donde es de preverse que será abrumadoramente rechazada por los partidos españoles mayoritarios, en cuyo caso Ibarretxe procederá a someterla a consulta en el País Vasco. Pero incluso si el lehendakari aceptara la vía propuesta por Rodríguez Zapatero y buscara la aprobación de reformas semejantes al estatuto autonómico en el seno del Parlamento español, tales reformas serían atajadas por la mayor parte de los diputados. Por otra parte, el presidente del gobierno español tampoco las tiene todas consigo. El caso de la expansión al estatuto de autonomía de Cataluña, recientemente aprobado en Barcelona, es un precedente ineludible, y no sólo en términos morales e institucionales, sino también en la arena política inmediata: la cogobernante Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) advirtió que sus ocho diputados al Congreso español dejarán de apoyar al PSOE si éste rechaza negociar el Plan Ibarretxe.
En ese embrollado panorama, la única vía sensata para los vascos, los españoles y los vasco-españoles es la negociación política y la preservación del diálogo y la participación de todas las partes para alcanzar acuerdos que resulten satisfactorios para Madrid y para Vitoria. Si la vía política fracasa, los políticos habrán desperdiciado una oportunidad acaso irrepetible y habrán realizado un enorme regalo a los partidarios de la violencia en sus dos vertientes, el terrorismo y la guerra sucia. Cabe esperar, por ello, que imperen la responsabilidad y el buen sentido, y que Rodríguez Zapatero e Ibarretxe logren, por medio de la palabra y la concertación, lo que no han logrado los asesinos etarras, los policías violadores de derechos humanos y los dirigentes del Partido Popular, herederos ideológicos de Franco y practicantes modernos de la consigna fascista que definía a España como "Una, Grande y Libre".
