Historia del DBCP en Nicaragua

El camino no ha sido fácil para los obreros afectados por las trasnacionales bananeras. En varias ocasiones han denunciado la desprotección de su propio gobierno y políticos, incluidos los del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ante el abandono gubernamental, los trabajadores han tenido que recurrir a diversas acciones para defender sus derechos. Las más destacadas han sido las celebres marchas a pie entre los 140 kilómetros que separan Chinandega de Managua.

La primera tiene lugar en 1999, cuando cientos de trabajadores acuden a la capital para entregar una carta al embajador estadounidense, Sr. Oliver Garza. En la misma, solicitan al diplomático su colaboración y comprensión.

En el año 2000, la marea humana llega a Managua de nuevo para presionar al gobierno, la elaboración de una normativa legal que atienda las demandas de los trabajadores. Durante dos semanas los afectados realizan diversas acciones y huelgas de hambre, que finalizan con la aprobación de la mentada Ley 364.

En agosto de 2003, los trabajadores enmarcados en la Asociación de Trabajadores y Ex Trabajadores Demandantes del Nemagón (Asotraexdan) realizan nuevas protestas en Managua. Esta vez, aducen que los abogados Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados, están boicoteando el proceso y quieren estafarlos. Acusan también al fiscal general de la República, Julio Centeno, y a la fiscal adjunta, María Lourdes Bolaños.

El 31 de enero de 2004, cerca de 5 mil trabajadores de Asotraexdan arrancan su tercera gran marcha a pie. El objetivo es protestar en los aledaños de la Asamblea Nacional, Casa Presidencial y Corte Suprema de Justicia para obtener el respaldo legal del gobierno ya que las multinacionales han establecido demandas contra los campesinos y éstos pueden requerir de dicho apoyo.

El colectivo se establece frente a la Asamblea Nacional, a la espera de un acuerdo gubernamental. La acampada se realiza en condiciones realmente extremas. Para dormir, los cartones en el suelo y las hamacas que cuelgan entre árboles sustituyen a las apacibles camas hogareñas. La protección ante la lluvia y el sol que no pueden ofrecer los árboles, es sustituida por trozos de plástico negro que se amarran de cualquier forma, formando las conocidas champas. El agua es comprada a los vecinos. Aparece de nuevo la solidaridad y el apoyo palpable de diversas organizaciones, entre las que destacan las universitarias. La solidaridad se hace vigente en esta nueva manifestación de dolor. Numerosas donaciones de comida, provenientes de organizaciones de Derechos Humanos y ONG, permiten aguantar estoicamente la apatía gubernamental. Conciertos de música, protestas estudiantiles y manifestaciones elevan la lucha a las primeras páginas de los diarios.

El domingo 21 de marzo de 2004, tras casi dos meses de iniciada la movilización, el presidente Enrique Bolaños decide reunirse con una delegación de varios grupos de afectados. De dicha reunión surgen los denominados "Acuerdos del Raizón". El primero de ellos exige la unidad entre los diferentes grupos de trabajadores. El segundo acuerdo es la ratificación y certificación del compromiso alcanzado por parte del gobierno en noviembre de 2002, en prestar asesoría legal en Estados Unidos a los afectados, a través de la embajada en Washington. El tercer acuerdo capacita al procurador de los Derechos Humanos, Benjamín Pérez, a denunciar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra, el caso del nemagón en Nicaragua. El cuarto es posiblemente el más importante, ya que el presidente se compromete a no promover modificaciones dentro de la Ley 364, a cambio de desmovilizar la protesta.

Algunos de estos acuerdos parece que no llegan a cristalizar. Lo peor de todo, es que los trabajadores temen que el gobierno nicaragüense puede haber negociado la derogación de la Ley 364. Por eso, el 2 de marzo de 2005, llegan a Managua miles de trabajadores que vuelven a acampar frente a la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, exigen el compromiso de los diputados de mantener la Ley 364, así como una reforma del presupuesto del año 2005, que incluya atención médica adecuada para los afectados.

En medio de esta concentración, la BBC destapa una nueva maniobra de la Dole Food, que ha ofrecido invertir y crear puestos de trabajo en Nicaragua, a cambio de que se eliminen las demandas establecidas en su contra. El temor de acuerdos entre el gobierno de Nicaragua y las multinacionales se hace patente de nuevo. A estas alturas, hasta el legislativo parece dar la espalda a los afectados. Frente Sandinista incluido.

El 13 de abril de 2005, las víctimas logran una nueva victoria. El nuevo procurador de los Derechos Humanos en Nicaragua, Omar Cabezas, denuncia el caso de en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El Sr. Cabezas explica la situación de 17 mil 500 afectados de diversas enfermedades, destacando también la apatía gubernamental y la intransigencia de las multinacionales.

A principios de agosto, los trabajadores anuncian nuevas movilizaciones. Es cuando precisamente llega la sentencia de la juez condenando a las trasnacionales a indemnizar a parte de los afectados. La lucha, por los derechos de otros cientos de afectados, sigue en pie, de todas formas.

No es casualidad que la revolución verde tuviera su época dorada tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos investigadores, como Iván Restrepo en su libro Los plaguicidas en México (editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país), aseguran que muchos químicos creados para acabar con la vida humana en épocas hostiles, fueron rediseñados y reformulados para sepultar bichitos y malezas impertinentes. De peligrosas y detestables armas, se transformaron en imprescindibles y milagrosas herramientas para el agricultor moderno. La tecnología militar se filtraba a campos mucho más pacíficos, alterando los patrones productivos y perifoneando las ventajas de un modelo agrícola que pretendía subsanar con un chasquido los graves problemas estructurales que envolvían el mundo.

Además, las banalidades del mercado exigieron siempre una fruta grande y sin manchas. Cosméticamente perfecta. Que se comiera por los ojos. Desechando las que no alcanzaban unos estándares estéticos mínimos. Vamos, como una especie de Enrique Iglesias, pero en forma de plátano o papaya… Es así como los cultivos se han sometido a una especie de cirugía estética a base de una dosis extra de agroquímicos.

Ahora, varias décadas después, la sartén ya se destapó. Se descubrió la doble cámara en la chistera. La paloma no aparecía por arte de magia. Se hallaba escondida. Hábilmente, el mago le abría la puerta para que pudiera escapar, perdón, el ilusionista. Todo era un truco. Una falacia sin milagro que amarró al agricultor a la tecnología, mientras ocasionaba numerosos y monstruosos impactos en el humano y el medio.

El 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) es uno de esos hijos bastardos del milagro de los panes y los peces químicos. Engendro de la mente inquieta de científicos reconocidos, que querían abrirse paso entre la historia, sin importarles las esquelas, los velatorios y las camas de los hospitales.

Aunque se había sintetizado anteriormente, en la década de los cincuenta, los laboratorios de Shell Oil Company y Dow Chemical Company observaron la efectividad del DBCP para combatir a los nematodos, de la misma forma que también detectaron la efectividad para causar diferentes patologías en animales de laboratorio. Sin embargo, el silencio se volvió sepulcral y algunas pruebas se omitieron y obviaron.

En 1955, Shell inició su producción y en 1964 fue registrado el producto, tras unos controles médicos a los trabajadores en la planta de Denver. No obstante, nadie advirtió al médico que analizara el blanco más vulnerable para el DBCP: el aparato reproductor masculino. Así, Shell bautizó su engendro con el nombre de nemagón y Dow con el de fumazone. Iniciaba la tragedia.

En 1969, el DBCP desembarcaba en Centroamérica a través de la transnacional agroexportadora Standard Fruit Company, que aplicaría el producto en sus feudos y fincas bananeras. Otras empresas como Del Monte y Chiquita Brands repitieron los pasos en varios países del sur. Nadie advertiría a los trabajadores a qué se exponían y aun menos les proporcionaron equipos de protección individual que los aislara del químico y sus efectos.

Los países que utilizaron el DBCP fueron: Guatemala, Costa de Marfil, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, México, Filipinas, Santa Lucía, Francia, Israel, República Dominicana, España, Brasil, Estados Unidos, San Vicente y Burkina Faso.

A principios de los setenta, más estudios médicos alertaron sobre los efectos del DBCP. En 1977, en una planta de Occidental -otro productor del químico gracias a un acuerdo con Dow Chemical- se detectó un elevado índice de esterilidad masculina. Las alarmas saltaron. En Estados Unidos, el químico se prohibió para muchas aplicaciones ese mismo año. En 1979, el DBCP sólo se autorizaba para el cultivo de piñas en Hawai y en 1985 se canceló definitivamente.

A pesar de la inquietud reinante en Estados Unidos, el químico se siguió empleando en otros países como Honduras o Nicaragua, durante la década de los ochenta. En Filipinas fue detectado en 1986 y 1991. En Panamá en 1997.

Hoy se calcula que podría haber cerca de 65 mil afectados. En humanos, la ciencia le atribuye al DBCP esterilidad masculina y toxicidad genética. Los afectados denuncian que hay más efectos negativos. Sobre todo, porque las pruebas efectuadas en animales demuestran un poder devastador escalofriante, con afectaciones en hígado, riñón, sistema respiratorio, aparato digestivo, piel, cáncer de varios tipos, disruptor endocrino, etcétera.

Nicolasa Caballero es nicaragüense. Trabajó en el banano desde 1973 hasta 1988. Tiene problemas con unas manchas negras en los pies, en las piernas y en los brazos. Sufre dolores en los huesos y en la cabeza. Comenta que tuvo dos hijos que nacieron con deficiencias físicas y que murieron con 6 meses y con un año de edad. Trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pesaba el banano y realizaba otras labores del proceso productivo. En su trabajo tuvo contacto con el veneno sin ningún tipo de protección y a veces acababa su jornada empapada. Asegura que el DBCP es la fuente de sus desgracias.

Ahora, sus gastos médicos mensuales rondan los 40 dólares. En su humilde casa viven hacinados hijos y nietos. Unos trabajan en lo que hay y otros estudian en busca de un futuro mejor. A pesar de su enfermedad y de su edad, tiene que salir por las calles y los mercados a vender elotes y tamales. Todos los días de la semana, a las doce del mediodía, Nicolasa acude puntualmente a su esquina en el mercado Los Bisnes, de Chinandega. Allí, en un modesto banco de madera, instala su pana llena de elotes y espera a los clientes hambrientos. A las seis de la tarde regresa a casa. En su bolsa, 40 córdobas (cuatro dólares aproximadamente) para comer, vivir, medicarse y poco más.

Antes de esto, Nicolasa se ha levantado a las cinco de la mañana para comprar el maíz que posteriormente cocina y condimenta. También lava la ropa, barre la casa y prepara la comida. Su familia le ayuda, a pesar de que son pobres como ella.

La enfermedad no sólo ha limitado físicamente a sus víctimas. También las mantiene discriminadas. A pocas les conceden trabajo. Ven en ellas a personas deterioradas, incapaces de desenvolverse como el resto. Nicolasa confiesa que cuando le observan sus piernas cancerosas, ciertas personas sienten asco por ella.

Moisés de Jesús Maradiaga y Teresa Espinales viven en El Viejo (Nicaragua). Cumplieron hace poco sus bodas de plata, pero no tuvieron hijos con quien celebrarlas. Además, la efeméride se ve envuelta de frustración y enfermedad. Él pierde peso, ha pasado de 77 a 53 kilos en poco tiempo y la cosa empeora. Tiene problemas en los riñones y en la vista. Padece de gastritis crónica, le cuesta caminar y sufre cambios bruscos en la temperatura corporal. Todo eso a sus 47 años.

Inició en el banano en la década de los 70 y lo hizo durante 21 años. Trabajaba en el tratamiento de las fincas con el químico. No les advirtieron del riesgo que corrían y no les dieron en ningún momento equipos de protección. El contacto lo sufría al manipular el DBCP en los barriles.

El gran sueño de Moisés y de su esposa es tener un hijo. Es su única y permanente obsesión. Desde el prisma médico y científico eso es imposible. El DBCP lo dejó estéril. Por eso, no tiene más remedio que recurrir a la espiritualidad y al poder de Dios.

En su casa viven dos sobrinas jóvenes que estudian en Chinandega. Así suple temporalmente la algarabía y el cariño de los hijos que no puede tener. Dos veces intentó adoptar a dos niños, pero vinieron sus padres biológicos y se los volvieron a llevar. Confía en su "compadre" (un vecino que vive junto a su casa), para que deje a su hija pequeña a cargo de su esposa y de él. Hecho bastante habitual por estas tierras.

Biológicamente hablando, Moisés está vivo. Sus células aún funcionan. Pero el ser humano que hay dentro de ese amasijo de huesos y carne, agoniza y se tortura por las circunstancias. No es el único. La sensación general con los otros afectados es la misma. Algunos no tienen esperanzas ni en la victoria en el juicio, que les permitiría holgadamente visitar mejores médicos, comprarse nuevas casas y dar a sus hijos un futuro menos malo.

Moisés recibe una pensión de mil 035 córdobas al mes (menos de 90 dólares). Además de las enfermedades descritas anteriormente, perdió dos dedos en sendos accidentes laborales cuando trabajaba en la bananera. Junto a su esposa, tiene una especie de tienda en casa donde venden leña y aperitivos.

Al preguntarle por aquello que siente cuando se entera de la muerte de algún compañero, la respuesta es contundente: "Seguro que vamos para allá nosotros también. Después de ellos vamos nosotros". Se sienten acorralados, atrapados, agobiados, presos. También aludidos. Perciben la muerte por las calles de sus barrios. Buscando frívolamente al azar, al siguiente compañero de viaje.

Siente odio hacia aquellas personas que propiciaron toda esta tragedia. "Los nicaragüenses están muriendo. Ellos vinieron a matar a nuestra gente, a nuestros hermanos. Por las empresas que vinieron a nuestro país, se está muriendo la gente", exclama enfurecido.

Se siente feliz con su esposa. Es su revulsivo, su vitamina para poder seguir. De vez en cuando salen a pasear por el parque. Si ganan la batalla del DBCP, visitarán a los mejores médicos. Lucharán por cumplir su único gran sueño: tener un hijo.

Los afectados siguen buscando justicia. Llevan 22 años. En Estados Unidos lo han intentado 26 mil trabajadores de varios países, en cerca de 470 procesos. Las leyes y las cortes de sus países son incapaces de juzgar casos tan complejos. Además, si alguna vez ocurriera e incluso ganaran el juicio, las indemnizaciones podrían ser irrisorias. Por estos motivos, los grupos de afectados y sus bufetes de abogados, han iniciado una especie de "invasión" en los juzgados norteamericanos.

Espléndidamente cubiertas por eficientes departamentos legales, las multinacionales han podido repeler las causas archivadas por los trabajadores mediante la aplicación de un recurso legal denominado "foro no conveniente" (FNC), por el cual se debe trasladar el caso al foro (juzgado) más apropiado o al país donde ocurrieron los casos. Dicho de otra manera más sencilla, es la mejor forma para que un tribunal norteamericano no pueda juzgar un caso acaecido en otra nación, aunque tenga jurisdicción y posibilidad sobre el mismo.

En el fondo, esta doctrina guarda otros objetivos. El doctor José Antonio Tomás Ortiz de la Torre (Universidad Complutense de Madrid) y el profesor Francisco Javier Zamora Cabot (catedrático de Derecho Internacional Privado, de la Universidad Jaume I de Castellón, España) apuntan sobre la misma que "…tal vez el propio FNC funciona en la práctica como un mecanismo para inhibir en Estados Unidos las demandas allí planteadas a causa de los múltiples desmanes que sus corporaciones multinacionales vienen perpetrando a lo largo y ancho del mundo".

En los países de origen por la falta de legislación, y en Estados Unidos mediante la aplicación del FNC, las empresas ni tan siquiera han desenvainado la espada, pues han podido repeler los juicios empleando diferentes argucias.

Sin embargo, la suerte les está cambiando. En abril de 2004, un grupo nicaragüense logra rápidamente el primer juicio en una corte de California, gracias a que en su país, desde el año 2000, existe una ley para emprender estos casos. Lógicamente, las empresas no recurren al FNC, pues en Nicaragua hay texto legal para acusarlas y condenarlas.

En marzo de 2005, un tribunal de Dallas acepta un juicio para cinco trabajadores costarricenses. Esta demanda fue archivada en una corte de Texas en el año 1993. Las multinacionales recurrieron al FNC, que fue aceptado por el juez bajo una condición: si las cortes de Costa Rica rechazaban la jurisdicción, las empresas se someterían al litigio en Estados Unidos. Así ha sucedido y ahora, estos trabajadores son los cinco primeros, de los 375 que componen la causa, aparte de aproximadamente 6 mil englobados en procesos introducidos en cortes de Texas y Luisiana.

La lucha para que se haga justicia a los afectados en Nicaragua y otros países se ve reforzada por la sentencia que dictó en agosto pasado la juez de Chinadega a favor de 150 trabajadores. Trabajemos para que la suerte de los desposeídos cambie a su favor.