Marcelo Garza encabezaba un programa de reformas
Matan a comandante luego de que anunció cambios en policía de NL
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Marcelo Garza y Garza, comandante de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León en imagen de archivo
Foto: Alfredo Valadez R.
Monterrey, NL, 6 de septiembre. "¡Sí, sí es...!", confirmó atónito Luis Carlos Treviño Berchelmann, procurador de Justicia de Nuevo León, mientras se llevaba una mano a la frente, pero sin retirar la mirada del cadáver del director de la Agencia Estatal de Investigación, Marcelo Garza y Garza, quien yacía inerte sobre un charco de sangre tras haber recibido dos tiros en la nuca.
Pálido, el procurador no dijo más y se retiró. Decenas de policías municipales y estatales se encontraban ya en el sitio, la plaza Fátima, de San Pedro Garza García, donde hay un parque infantil, un templo, una escuela y un centro cultural.
En los tres lugares había mucha gente en el momento del atentado: personas que salían de la iglesia, padres de familia esperando a sus hijos de la escuela y decenas de personas que acudían a una exposición pictórica montada en la galería del centro cultural. Además de la que se encontraba en el parque.
Casualmente no hubo en este punto del municipio metropolitano de San Pedro un solo policía de tránsito o seguridad pública -cuando regularmente los hay-. Tampoco escoltas ni guardaespaldas para evitar la ejecución del funcionario de primer nivel que, se asegura, ya había sido amenazado de muerte en dos ocasiones por Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo.
Según testigos, Marcelo Garza y Garza había salido del centro cultural del DIF para atender una llamada en su teléfono celular. Iba acompañado de su hija cuando lo asesinaron por la espalda.
El funcionario encabezaba, desde hace dos años, una reforma del sistema de procuración de justicia en la entidad, que incluía la modernización, capacitación y supervisión del desempeño de policías, agentes del Ministerio Público y peritos de esa dependencia.
Tres horas antes de su muerte, Garza y Garza encabezó una conferencia de prensa donde se anunció que este miércoles serían cambiados de adscripción 61 agentes del Ministerio Público y 22 comandantes de la policía ministerial, con el propósito de "dar más transparencia y no permitir que se arraiguen malas costumbres" entre esos funcionarios.
Dos semanas atrás se informó que como parte de este programa de modernización y vigilancia, aproximadamente 100 policías, entre ellos tres comandantes y los 30 agentes del grupo especial Swat, fueron desarmados por no aprobar los exámenes de aptitud y toxicológicos a los que fueron sometidos. Todos quedarían sujetos a un año de prueba. Un centenar de policías más, se informó entonces, estaban en "la mira".
Trascendió que Garza y Garza había sido amenazado de muerte a raíz de que el 16 de agosto de 2005, derivado de investigaciones realizadas por la AEI, en un restaurante del sur de Monterrey fueron detenidos 26 integrantes de una célula de Los Zetas que encabezaba José Luis Carrizales, El Tubi.
Durante la detención los agentes no tuvieron que realizar ningún disparo. Realmente sorprendieron a El Tubi y sus acompañantes, quienes se mostraban relajados y seguros de que serían liberados rápidamente. No fue así.
El gobernador José Natividad González Parás entabló hoy comunicación telefónica con los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, así como con el procurador general de la República, quienes, aseguró, enviarán personal "altamente capacitado" para buscar a los sicarios que ultimaron al funcionario.
La tarde de este miércoles el cuerpo de Marcelo Garza era velado en las capillas Valles de la Paz, en la colonia Prados de la Sierra, en el municipio de San Pedro. Al lugar arribaron 10 agentes de la policía de Monterrey, quienes pretendían montar una guardia junto al ataúd. Familiares y guardias de seguridad privada les impidieron el paso.
Marcelo Garza era hijo de Alejandro Garza Delgado, ex director de la policía judicial del estado, ex delegado de la PGR y hermano de Alejandro Garza y Garza, director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia nuevoleonesa.