Amenazas contra Abuelas de Plaza de Mayo y jueces
Buenos Aires, 3 de octubre. Una ola de amenazas alcanzó este día a la presidenta de la organización Abuelas de Playa de Mayo, Estela de Carlotto, a funcionarios de la provincia de Buenos Aires, fiscales, jueces y organismos humanitarios, en un clima enrarecido por la desaparición -desde hace 16 días- de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a uno de los mayores responsables de crímenes durante la pasada dictadura militar (1976-1983).
En tanto, ya suman 12 mil 500 los reclusos en una huelga de hambre que comenzó hace 10 días en las hacinadas cárceles de la provincia de Buenos Aires, y esta noche se sumaron algunos penales de esta capital. Los reclusos exigen celeridad de la justicia, ya que la mayoría lleva años encerrados sin condena alguna.
Esto no hace sino sumar preocupación a las amenazas -que se extienden al interior del país- que comenzaron pocos días después de la desaparición de López, de profesión albañil, el pasado 17 de septiembre en La Plata, provincia de Buenos Aires.
López fue clave en la condena a reclusión perpetua de Miguel Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense, por crímenes de lesa humanidad.
En las cartas amenazantes se acusa a los jueces de "recibir presiones del gobierno nacional para buscar venganza y no justicia" y se les advierte que "los que no han honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal imparcial".
Remanentes de la dictadura argentina
El pasado lunes, en la ciudad de Mendoza fueron arrancadas placas de árboles donde figuraban los nombres de los desaparecidos de esa provincia, y fue en ese lugar donde amenazaron a Carlotto.
Lo mismo sucedió con otros jueces del tribunal de La Plata, que condenó a Etchecolatz, secretario de Derechos Humanos bonaerense; Edgardo Binstock, víctima de la dictadura militar junto con su familia, y el fiscal federal Carlos Dulau Dumm, instructor en ese juicio.
La amenaza fue similar a la que recibió la semana pasada el magistrado Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al ex comisario bonaerense, quien advirtió que son "irreversibles" los juicios que se llevan adelante.
También fueron amenazados testigos de otras causas, como Emilse Moler en Mar del Plata y varios de los que testificaron en la provincia de Formosa, limítrofe con Paraguay, en la causa que investiga la desaparición del abogado paraguayo Fausto Castillo, en el contexto de la Operación Cóndor.
El pasado domingo, el jefe del ejército argentino, general Roberto Bendini, negó que "haya inquietud en los cuarteles, aunque sí guerras de e-mail y acción psicológica", al referirse al clima creado después de estas primeras condenas.
Bendini, considerado "traidor" por los grupos que se identifican con la pasada dictadura, dijo que el ejército "está en contra de lo que se hizo en esos años y no puede aferrarse al pasado. Una cosa es la institución y otra sus integrantes. La justicia debe actuar y decidir".
"El caso del albañil López (...) mantiene entre paréntesis la vida nacional; de si aparece o no y en qué circunstancias puede eso ocurrir dependerá el giro de la política y de la sociedad a futuro. Es una discusión del presente que, sin embargo (...) merodea el peor pasado de los argentinos", señaló hoy en un editorial el periódico Clarín.