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Baja California

Los kumiai dicen "No más"

La CDI, coludida con los caciques para despojar a los kumiai de su territorio

Gloria Muñoz Ramírez, San José de la Zorra, Baja California Norte. Un camino agreste, casi desértico, conduce a San José de la Zorra, habitada actualmente por aproximadamente 160 personas. Comunidad kumiai, localizada entre los municipios Playas de Rosarito y Ensenada, en el Valle de Guadalupe, encarna la historia del despojo flagrante y las invasiones constantes al territorio indígena del norte del país, donde, oficialmente, los pueblos originarios no existen. Es, pues, la representación fiel de la política de exterminio. "Fuimos siguiendo al representante que había aquí en la comunidad, que se llamaba José Manuel, y a la comunidad le pusimos San José de la Zorra porque aquí había muchas zorras, eran mansitas, todavía se ven, ya al oscurecer de repente salen..."

Los kumiai (que quiere decir "costeño", porque viven cerca de la Costa Pacífico), actualmente libran una lucha por recuperar su territorio, cerca de 15 mil hectáreas que les han arrebatado, pedazo a pedazo, en un escalada de invasiones que hasta la fecha no termina, y por la defensa de las más de 3 mil hectáreas de bienes comunales que, aunque no les reconocen, aún poseen.

María de los Ángeles Carrillo Silva, una de las principales defensoras del territorio kumiai, expresa su coraje e indignación. Las lágrimas se vierten durante un relato que, no por común, deja de ser estremecedor: "Estamos cansados de tantas invasiones. Queremos recuperar lo que nos pertenece, protegerlo porque es del pueblo kumiai. No estamos pidiendo nada que no sea nuestro".

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) encabeza el despojo o, por lo menos, es cómplice de los invasores. "Ellos, los de la CDI, son personas insensibles al sentir indígena. Sólo nos quieren dividir, destruir como pueblos, ésa es su misión", dice María de los Ángeles.

En medio del Valle de Guadalupe, cruzando la ruta del vino, aparecen entre el polvo las casas dispersas de un pueblo que se niega a dejar de existir. Aquí el despojo tiene nombres y apellidos y, como en cualquier rincón indígena de cualquier parte de México, es conocida la maraña de complicidades entre los latifundistas y dueños de la región y las autoridades municipales, estatales y federales en turno. Los funcionarios van y vienen, siempre con su buena tajada, pero son los caciques locales los que realmente se quedan con todo.

Sentada en una banca fuera de su pequeña casa en medio de la nada, María de los Ángeles afirma sin titubeos: "Todas las comunidades indígenas de Baja California sufrimos de despojo por personas influyentes en los gobiernos estatal y municipal. Aquí los invasores se llaman Ismael Yagues, Francisco Morales y Marino Sandoval Cacho, pero el que tenía los títulos de inafectabilidad era Francisco Cardoso, fallecido hace dos años".

Las invasiones operan de la siguiente manera: "Yagues, Morales y Sandoval sacan permisos para invadir nuestro territorio en el municipio de Rosarito, pagando dinero para cercar nuestras tierras, aun habiendo asentamientos humanos, gente pues, valiéndose de permisos a nombre del fallecido. Un día nos amanecemos con un nuevo cerco en nuestro territorio, y ya sabemos de qué se trata..."

Actualmente, explica Carrillo Silva, Mariano Sandoval amenaza con cercar el panteón que aún está en uso. Quiere esas tierras y está peleando por ellas. El otro invasor, Francisco Morales, en el 2004 destruyó un panteón ancestral donde estaban enterradas autoridades tradicionales. "Lo barbecheó y empezó a sembrar, así, como si nada. La comunidad" --dice María de los Ángeles-- "de plano no sabe cómo defenderse".

El historial de agravios a San José de la Zorra data de 1954, cuando empezaron las invasiones. El territorio original de esta comunidad es de 19 500 hectáreas, de las cuales ya sólo les quedan a los kumiai entre 3 mil y 5 mil hectáreas de tierras comunales que, por supuesto, no les reconocen.

El único predio que reconoce la CDI local y la Secretaría de la Reforma Agraria es un ejido de 1 752 hectáreas, a nombre de 29 ejidatarios, de lo cuales ocho están muertos y el resto no hace uso de esas tierras, ya que están invadidas casi en su totalidad. Son 160 personas acreditadas en el ejido, mientras que sesenta kumiai no tienen derechos agrarios y luchan por el reconocimiento de 3 hectáreas de bienes comunales, de las que poseen los títulos primordiales de 1867.

La conformación del ejido, explica María de los Ángeles, fue la trampa del CDI. "De verdad, el CDI es bien estratégico, asesoró para dividir a la comunidad. El ejido lo conformaron en 1999, antes era comunidad indígena. Llegó el CDI y eligió a quiénes asesorar para conformar un ejido, asegurándose así de que siempre habrá conflicto y de que las tierras puedan ser vendidas o invadidas."

En resumen, lo que el CDI quiere es que pierdan la posibilidad de luchar por el derecho a las tierras comunales y convertirlos en ejidatarios y, para esto, les ofrecen un derecho agrario sin derecho a tierra. "Es de risa o de locura. Ofrecen el terreno que ocupa la casa y 20 metros alrededor. Nos pidieron el acta de nacimiento a cada uno y la credencial de elector, para hacer todos los trámites. Sólo entregaron papeles seis de las sesenta personas que estamos luchando. Por eso no les salió la jugada, pero en eso andan."

"Ya no tenemos los centros ceremoniales ni el cementerio ancestral. El principal centro es el Bateque y está en posesión de Carlos Morales. Ahora hay un rancho privado encima del centro ceremonial donde incluso hay pinturas rupestres... No más, hay que pararlos", dice María de los Ángeles.

Por eso, indica, "aunque pocos que somos, nos estamos organizando". Por lo pronto, lograron detener la invasión de 700 hectáreas del rancho La Rosca, que quería extenderse hasta Agua Fría. "Nos organizamos poquitas personas, entre 15 o 20, y fuimos a parar la construcción del cerco. Nos enfrentamos con Marino Sandoval, quien se puso muy agresivo y amenazante y dijo, textual, que no le importaba que paráramos el cerco, que el iba a seguir comprando tierras de los indios."

"Lo que exigimos como pueblo kumiai es el acceso y control de nuestro territorio ancestral y de sus recursos naturales. Lo que nos corresponde por historia", finaliza María de los Ángeles Carillo, mientras muestra, orgullosa, los cestos y adornos de junco, las canastas de sauce que se elaboran en esta región.