Para Juan de Dios Gómez, promotor cultural
y periodista independiente oaxaqueño,
preso en Nayarit por el delito de informar.

Uno de cada cinco mexicanos ha escapado en busca de trabajo hacia los Estados Unidos, dato que por sí solo refleja la incapacidad del gobierno federal y los gobiernos estatales en México para generar políticas de desarrollo real para nuestro país. Es claro que el movimiento social oaxaqueño es expresión del hartazgo de la ciudadanía ante esta instrumentación de la política que sigue desmantelando el campo, el mercado interno y, en general, las posibilidades de un bienestar mínimo para las familias mexicanas.

El estallido social de Oaxaca es también un movimiento de autodefensa de la población ante la forma facciosa en que para sostener ese proyecto de nación se utilizan las instituciones y la represión indiscriminada por medio de las fuerzas del orden y de grupos parapoliciacos y paramilitares. Las órdenes de aprehensión con sesgo político, el asesinato de líderes campesinos o sociales, la corrupción de los órganos de justicia, son una realidad cotidiana que enfrentan los pueblos de todo el territorio nacional. Muchas de las organizaciones aglutinadas alrededor de la APPO e incluso otras que han actuado durante el conflicto de más de doscientos días, tienen entre sus agravios decenas de muertos, presos políticos, casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Lo novedoso del movimiento ha sido la alianza de gran parte de las organizaciones políticas, indígenas, sindicales, no gubernamentales y amplios sectores del pueblo no organizado, para rechazar en bloque esta guerra sucia contra su legítimas demandas, proyectando hacia el mundo la verdadera faz del sistema político mexicano y de sus políticas y leyes aprobadas e instrumentadas desde los tres poderes del Estado mexicano.

Gracias a la gira de La Otra Campaña encabezada por el subcomandante Marcos, hemos podido constatar la denuncia que los pueblos, los colectivos culturales, las organizaciones de vecinos y de trabajadores, hacen de esta realidad oprobiosa generada por los gobernantes mexicanos, sometidos a los intereses del poder económico transnacional y nacional. De golpe, lo que hizo La Otra Campaña paso a paso por las diversas regiones del país, se manifestó en toda una entidad de la federación a través del movimiento magisterial de Oaxaca, la conformación de la APPO y las mesas que impulsaron las organizaciones civiles. El movimiento social oaxaqueño aglutinó en unos meses a los habitantes de la capital del estado, tomó algunos medios de comunicación electrónicos y clausuró prácticamente todas las oficinas de gobierno. De ese modo, el conjunto de la ciudadanía reclamaba los espacios de vida democrática que fueron secuestrados por una clase política corrupta y por los grandes grupos de interés económico, dejando a la sociedad sin canales de expresión, sin instituciones que canalizaran sus problemáticas y sin espacios jurídicos para la resolución de sus demandas.

Oaxaca expresó también un creciente sentir nacional: los legisladores crean leyes a la medida de grupos de interés económico extranjeros y locales, los aparatos de justicia están tan corrompidos que actúan por consigna política o vendiéndose al mejor postor, los gobernadores y el Presidente trabajan en pos de la rentabilidad política y de los intereses de grupo de sus partidos o de los empresarios y banqueros que los patrocinan. El sistema electoral está tan podrido que gran parte de las elecciones en los estados y municipios se resuelve en tribunales y ahora también la elección federal, trasladando la voluntad ciudadana a la interpretación amañada que de la ley hacen los magistrados. Ulises Ruiz y Felipe Calderón llegaron al poder gracias a los votos dentro del Trife y no a los votos dentro de las urnas.

Lejos de solucionar los problemas mediante la represión, como intentó Ulises Ruiz desde su primer día de mandato, la ruptura de la ley y la violación de las garantías individuales por parte del gobierno genera un creciente consenso social contra los gobernantes y una radicalización de las posturas políticas de los ciudadanos.

Las acciones del gobierno federal parecen una calca de las de Ulises Ruiz. La negación de la realidad por parte de los medios masivos de comunicación es generalizada pero esto, lejos de apagar el descontento o resolver las graves problemáticas del país, lo único que está incentivando es el desgaste mayor de las instituciones del Estado y abona el camino para una explosión social de dimensiones nacionales. Encarcelando, desapareciendo y torturando a cientos de personas no se puede desactivar el descontento de cientos de miles de ciudadanos, lo único que el gobierno federal y estatal van a conseguir con el alargamiento del estado de excepción en Oaxaca es radicalizar a sectores que habían optado por la movilización pacífica pero que de un momento a otro podrían engrosar las filas de los movimientos armados. Por lo demás, el arresto de simpatizantes del movimiento oaxaqueño en otras entidades del país, como Veracruz, o de algunos dirigentes de la APPO en el Distrito Federal, el traslado de los presos políticos a Nayarit, sólo sientan las bases para que el conflicto se extienda a todo el país y para que organizaciones sociales opositoras --que nunca han sido aliadas-- confluyan en un frente de izquierda similar a la APPO pero a nivel nacional.
 

Uno de los mayores aportes de la APPO a la lucha del pueblo de México contra el sistema que lo oprime, es su organización con una amplia dirigencia colectiva y el sometimiento de los líderes a una asamblea popular que les impide negociar en lo oscurito con las instituciones gubernamentales, pues los resolutivos tienen que ser aprobados en asamblea antes que en la mesa de negociación. Esta forma de organización se desprende de las formas tradicionales de asamblea indígena, una adopción organizativa natural si pensamos que en Oaxaca los pueblos indígenas representan el 70 por ciento de la población.

Los disfraces democráticos se cayeron en Oaxaca. Lo que ahí se vive es más cercano a una dictadura que a un orden democrático, a menos que los Woldenberg, Krauze, Sarmiento y Carlos Marín lleguen a la conclusión de que la PFP impuso una "democracia oaxaqueña" como la "democracia iraquí" que, con asesoría del IFE, el gobierno de George Bush llevó tan decentemente a Medio Oriente. Porque es claro, el mismo día que el discurso beligerante de la Casa Blanca era derrotado en las urnas, aquí Felipe Calderón lo adoptaba como suyo: "La lucha contra el terrorismo en nuestro país va costar vidas humanas".

Esta interpretación torpe y delirante de la realidad, refleja el intento de la clase gobernante por sostenerse en el poder mediante los militares y los policías, en lugar de buscar la construcción de un gran acuerdo nacional que modifique de una vez y por todas la desgarradora situación de miseria en que se encuentra sumida la mayoría de los mexicanos. Es el intento desesperado de seguir transfiriendo el patrimonio nacional, y la riqueza generada por el conjunto de la población, a un grupo de magnates mexicanos y extranjeros sin escrúpulos, beneficiarios todos de las políticas implementadas por el Estado mexicano. Oaxaca es una advertencia viva, actuante, de lo que puede ser en unos meses la realidad nacional.