A juicio, Drummond, otra compañía vinculada con paramilitares colombianos
Advertencia de EU a empresas tras multa de 25 mdd a Chiquita Brands
Washington, 19 de marzo. Altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargados de investigar los pagos que la trasnacional platanera Chiquita Brands International hizo a paramilitares colombianos a cambio de protección, advirtieron hoy a las compañías estadunidenses que el financiamiento de "organizaciones terroristas no puede ser tratado como parte del costo de un negocio".
La compañía con sede en la ciudad de Cincinatti, Ohio, admitió ante el Departamento de Justicia haber hecho pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante seis años -entre 1997 y 2004- y aceptó un acuerdo con las autoridades estadunidenses para pagar una multa de 25 millones de dólares y establecer un programa de valores éticos.
Directivos de Chiquita, por medio de su ex subsidiaria con sede en Colombia, Banadex (Bananos Exportación S.A.), se encargaron de hacer medio centenar de pagos a las AUC, a pesar de que el 10 de septiembre de 2001 la agrupación fue incluida en la lista de organizaciones consideradas "terroristas" por el gobierno estadunidense y no obstante que funcionarios del Departamento de Justicia señalaron a la compañía que los desembolsos eran "ilegales".
"Las empresas estadunidenses deben tomar nota de que los pagos a terroristas están en una categoría diferente: son delitos", señaló el fiscal Jeffrey Taylor en un comunicado de prensa.
Otra empresa estadunidense acusada de financiar a los paramilitares, la minera Drummond, fue expuesta hoy ante la opinión pública de Colombia como responsable del asesinato de tres sindicalistas.
La semana pasada el juez federal Karon Bowdre aprobó el inicio de un juicio contra la multinacional para esclarecer los homicidios ocurridos en 2001.
Los abogados de la organización sindical colombiana Sintramienegética informaron al diario El Tiempo de Bogotá que el ex jefe de informática del servicio secreto colombiano (conocido como DAS) Rafael García, preso en una cárcel de máxima seguridad por sus nexos con paramilitares y por haber borrado antecedentes penales de ellos y de narcotraficantes, fungirá como testigo en el proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos.
García declaró en mayo de 2006 que antes de 2001 estuvo presente en una reunión en la que el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, entregó un maletín con 200 mil dólares en efectivo, que habría de ser entregado al paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Los casos de las empresas estadunidenses han atraído la atención de la opinión pública colombiana, un mes después de que los escándalos de la narcoparapolítica provocaron la renuncia precipitada de la canciller María Araújo.