Insistirán en que se cancele la obra; temen represalias
Obtienen comuneros amparo contra el proyecto La Parota
La comunidad indígena de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco, Guerrero, logró que el juzgado octavo de distrito en materia administrativa concediera la suspensión provisional en el juicio de amparo interpuesto el 14 de agosto, al considerar que la construcción de la presa La Parota causaría daños irreparables a los derechos constitucionales de familias, así como a la garantía de audiencia y legalidad de los comuneros.
Felipe Flores Hernández y Víctor García Robles, integrantes de la comunidad, informaron que la determinación del juzgado es un avance tras cuatro años de lucha contra la hidroeléctrica, pero ''lo que buscamos es la cancelación definitiva de esta obra que, de realizarse, causará el desplazamiento de 25 mil personas, por la inundación de 17 mil 300 hectáreas que son productivas. Las autoridades deben entender que nuestra tierra no está en venta, que no se trata de un asunto de dinero, sino de nuestro derecho a permanecer en nuestro territorio''.
Xavier Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, puntualizó que la juez admitió el amparo debido a que la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la concesión de aguas sobre el río Papagayo, que otorgó la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de La Parota, podrían violar los derechos de los comuneros.
La determinación jurídica, abundó, es un importante precedente para la defensa del ambiente, ya que la construcción causaría daños irreparables a la selva baja caducifolia, perjudicaría a cientos de especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción, además de que afectaría la cantidad y calidad del agua en el río Papagayo.
Sin embargo, aclaró, el asunto no está concluido, pues faltan procesos judiciales que tardarán más de siete meses. ''Sabemos que esta lucha es contra gigantes''.
Pero también hay zozobra entre los comuneros, ya que temen represión selectiva. ''El riesgo de órdenes de aprehensión persiste, ya que Evencio Romero, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina, afirmó que interpuso denuncias en contra de varios de nosotros y de los abogados de la organización defensora de los derechos humanos Tlachinollan'', dijo Rodolfo Chávez Galindo, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota.
En Chilpancingo, Guerrero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos exigió a los gobiernos federal y estatal, al igual que a la CFE, que respeten el acuerdo tomado el pasado 12 de agosto, en donde los comuneros pidieron que se cancele la construcción de la presa.