on la designación de los consejeros profesionales que establece la reformada Ley de Petróleos Mexicanos, dará inicio una nueva etapa en la administración de nuestra industria fundamental.

Luego de un debate nacional sin precedente sobre un tema que por años ha apasionado a los mexicanos: el petróleo nacional, las iniciativas presidenciales propuestas para la nueva organización de Petróleos Mexicanos (Pemex) hubieron de tener modificaciones sustantivas sobre las intenciones primigenias de abrir la industria a la iniciativa privada en áreas estratégicas como la refinación y la instalación y operación de ductos, así como en la aspiración de permitir la participación de los privados en la exploración y la explotación de yacimientos, con contratos de riesgo, que, aunque no se aceptaban como tales, así eran.

Con algunas modificaciones –que todos fuesen de tiempo completo y que fueran ratificados por el Senado a propuesta del jefe del Ejecutivo– se aprobó, entre otras cosas, la solicitud presidencial de agregar al consejo de administración de Pemex a cuatro consejeros profesionales, que por ley, tienen delicadas e importantes responsabilidades.

Deberán ser escrupulosos vigilantes de la buena marcha de la industria y de que ésta se conduzca estrictamente dentro de los márgenes que establece la ley, en su espíritu y letra. Debieran ser, por tanto, funcionarios independientes, profesionales destacados, individuos íntegros y patriotas, que no respondan a otros intereses que los de la industria.

Traigo esto a colación, porque se ha dicho en la prensa que la negociación –¿cuotas políticas?– sobre los posibles consejeros la harían los senadores representantes de las tres fracciones más importantes, con el secretario de Gobernación.

Serían tratados en Bucareli. El sitio y el procedimiento tienen un matiz más político que técnico y profesional, lo que no resulta lo más conveniente.

Cuando el presidente Obregón buscaba el reconocimiento de su gobierno por el estadunidense, hubo de llegarse a los tristemente célebres Tratados de Bucareli, en los que se otorgaron importantes prerrogativas a los estadunidenses en México. La más buscada por el imperio del Norte –como siempre– era la de continuar con el control y la explotación indiscriminada de nuestros yacimientos petrolíferos, lo que no quedó escrito en los tratados, porque hubiera requerido modificar la Constitución, que no se consideraba factible políticamente –argumento que volvió a surgir, pero, como todos sabemos, se aceptó de hecho y el reconocimiento se logró–, haciéndonos de la vista gorda, y permitiendo la continuación de la inconstitucional explotación, hasta que se dio la expropiación petrolera.

Aunque debemos dar el beneficio de la duda a quienes vayan a ser designados, tendremos que mantenernos vigilantes porque estarán sujetos a enormes presiones directas e indirectas de todos los orígenes: desde la del Presidente, que continúa volteando al pasado reciente añorando su frustrada propuesta de abrir a Pemex y permitir que la iniciativa privada construyera tres, cuatro, cinco refinerías al mismo tiempo –¿o buscará también el reconocimiento del gobierno estadunidense?–, los partidos políticos, y las EMPS nacionales y extranjeras, apoyadas por sus gobiernos, hasta la cauda interminable de negociadores, representantes de fondos, cabilderos, que propondrán interpretaciones legaloides a las normas establecidas.

Después de la matanza de Tlatelolco, durante el conflicto de 1968, el secretario de Gobernación se comunicó con el rector Javier Barros Sierra para garantizarle que ese lamentable hecho no había salido de Bucareli. El gran rector, con su inolvidable ingenio y su característico valor le contestó: lo sé, señor secretario, salió por Abraham González.

Esperemos en beneficio de nuestra industria petrolera y de México que los tratados en Bucareli no vayan a salir por Abraham González.

* Ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México