Habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, poblados de los Altos de Jalisco, señalaron que viven atemorizados porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que este mes se realizarán las expropiaciones de sus tierras para construir la presa Zapotillo, cuya licitación se publicó en noviembre pasado y se resolverá en abril.

Además, dijeron que existen irregularidades en el proyecto; por ejemplo, no se ha hecho una consulta pública; tampoco existen manifestación de impacto ambiental, autorización de cambio de uso de suelo, ni permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la destrucción de inmuebles antiguos.

Tras acudir sin resultado ante instancias locales, representantes de mil 500 habitantes de esas localidades explicaron que acudieron a la sede de la Conagua en el Distrito Federal, donde alrededor de 100 personas hicieron un mitin y una comisión fue atendida por funcionarios que se comprometieron a visitar en dos semanas la zona y encontrar una solución. Mientras, un grupo acudió a las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, donde Carlos de la Torre, del área de derechos humanos, dijo que se dará seguimiento al caso.

Claudia Gómez, del Colectivo Coa, expuso que los residentes de estos tres pueblos enfrentan una campaña de criminalización de su protesta, a pesar de que sus manifestaciones siempre han sido pacíficas. Además, sostuvo que el proyecto viola sus derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la información.

Agregó que representantes del gobierno los hostigan: van casa por casa, piden las escrituras de las propiedades y advierten que serán expropiadas. Hasta ahora sólo una persona ha vendido su casa, precisó.

La presa, en la cual se planea invertir entre 7 mil 765 millones y 8 mil millones de pesos, tendrá una vida útil de 25 años y abastecerá de agua potable los Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato. Una vez construida la cortina de 105 metros en el río Verde se inundarán alrededor de 3 mil 800 hectáreas.