Éste, dijo Andrés Manuel López Obrador, “es un dato que vale la pena que sepan: en 1987, cuando comenzaron las privatizaciones, la revista Forbes tenía registrado un solo mexicano con mil millones de dólares. Seis años después, cuando finalizaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya eran 22 los mexicanos que tenían mil millones de dólares. Actualmente hay 11 mexicanos que acumulan más de 100 mil millones de dólares por cabeza. Eso explica muchas cosas en este país”.

Congregada a todo lo largo de la fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro, la gente respondió coreando: ¡Qué poca madre, qué poca madre! No era la primera, ni sería la última vez en que las miles de personas allí reunidas saludarían con esa expresión los datos de la desigualdad, el derroche y la injusticia prevalecientes al cabo de 26 años de neoliberalismo.

Más joven que nunca, a sus 82 años de edad, como la describió Jesusa Rodríguez, la defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra tomó la palabra sólo para anunciar que en esos momentos su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el gobierno de Luis Echeverría en 1975, estaba cumpliendo 54 años de haber nacido, después de un embarazo de nueve meses y 10 días, en que salió coleteando con tanta fuerza que ni mi marido ni yo lo pudimos agarrar.

Fieles al compromiso que contrajeron hace 15 días en la Alameda Central, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, los militantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular llegaron a San Lázaro desde las 16:30 horas. El propósito, reiterar ante los legisladores la necesidad de aplicar un plan económico de emergencia, consistente en una reducción de 50 por ciento en los salarios de todos los altos funcionarios del régimen, desde el espurio hasta los directores generales de las secretarías, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los del IFE y del tribunal electoral, y suprimir sus prestaciones en materia de celular, papelería, boletos de primera clase, etcétera…

Pero si en el encuentro anterior López Obrador fustigó la incompetencia del titular de Hacienda, Agustín Carstens, y exigió su renuncia; ayer no sólo lo mencionó sino que en dos o tres ocasiones subrayó que por encima de nuestras diferencias políticas, este plan se debe llevar a la práctica en beneficio de todos los mexicanos.

Sobre la muchedumbre, entusiasta y gritona, había banderas del PT, del gobierno legítimo, tres del Partido Popular Socialista –exhumadas quién sabe de qué museo–, muchas de Patria Nueva, una manta enorme de la Alianza de Tranviarios y globos anaranjados de Convergencia, así como pancartas con los números de las brigadas defensoras del petróleo. ¿Y los distintivos del PRD? Quizás en los espots de Chucho Ortega.

En lo que va de la administración del pelele, explicó el tabasqueño, el gasto corriente del gobierno ha aumentado 437 mil millones de pesos. Con las medidas de austeridad que estamos proponiendo se podrían destinar 200 mil millones para duplicar la ayuda al campo mediante el Procampo, reducir 15 por ciento el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, suprimir el impuesto empresarial a tasa única, que es improductivo y genera desempleo, y dar crédito barato a las pequeñas y medianas industrias para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo.

López Obrador subrayó que la reducción de sueldos de los altos funcionarios de su gobierno fue una de las primeras medidas que tomó (Barack) Obama en Estados Unidos; en cambio, aquí, Calderón no ha hecho nada, pero todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo.

El ¡qué poca madre! volvería a escucharse cuando el ex alcalde capitalino mencionó que la cobertura de servicios médicos privados, para esos funcionarios que ganan un sueldo de 600 mil pesos mensuales, costará este año 45 mil millones de pesos, y el fondo especial de ahorro ascenderá a 6 mil millones de pesos, ¡que bien podrían destinarse a las necesidades más acuciantes de nuestro pueblo!

Cada cifra, cada concepto, suscitaba gritos irónicos y furibundos, pero cuando López Obrador exhortó a los legisladores por última vez a tomar en cuenta su propuesta, un anciano lanzó un ultimátum con su débil vocecita: ¡Y si no aceptan, huelga!