a administración calderónica tiene más de tres años en campaña bélico-electoral. La bandera para intentar la conquista de una mayoría panista en la Cámara de Diputados pasa por la siembra del miedo, la sustracción de entidades federativas enteras (en las que no habrá condiciones para la emisión libre del sufragio), el abstencionismo inducido y la presencia militar que servirá tanto para cuidar el curso del proceso electoral como para enfrentar protestas e inconformidades. Hoy no hay el mismo perfil ciudadano que tres años atrás: como en Estados Unidos, un gobierno tachado de ilegitimidad ha reducido en grandes proporciones las libertades cívicas, las garantías constitucionales y el ánimo de lucha política. Con el gran telón de fondo de la guerra contra el narcotráfico, los actos seleccionados, que vayan contra los lineamientos establecidos desde el poder, corren el riesgo de ser combatidos con las armas, sobre todo ahora que el Pentágono ha anunciado su disposición para compartir con el Ejército mexicano las técnicas de combates urbanos que han aplicado en Iraq y Afganistán.

La guerra contra las drogas está sabidamente perdida y es absolutamente inviable si sólo se atacan las operaciones logísticas y los rápidamente reemplazables mandos bajos y medios de los cárteles, sin tocar las vertientes financieras y de poder político. Pero ese despliegue militar le ha dado a Calderón materia para un discurso recurrente y con él se pretende instalar a los pequeñines de Los Pinos como héroes que han sabido enfrentar el cochinero dejado por los antecesores, del PRI para atrás, pues a pesar de que el propio michoacano y algunos de sus subordinados han asegurado que recibieron instituciones desmanteladas y que había un abandono del cumplimiento de responsabilidades en la materia cuando abordaron el poder, se han negado a actuar jurídicamente contra el foxismo propiciador de las desgracias actuales, e incluso varios de sus gerentes estelares del gran circo estupefaciente forman parte de la plantilla personal del comandante Felipe.

La estrategia pinolera de usar la multimencionada guerra para apuntalar ambiciones electorales va quedando de manifiesto conforme las posiciones de los partidos se van definiendo. Ya en un primer escarceo la administración del caldero pretendió imponer reglas de supervisión de candidatos a puestos de representación popular para impedir que el narcotráfico pudiese filtrarse a esos ámbitos, que en la actualidad están más que infiltrados. Ahora se pretende confrontar la posición belicista interna del panismo con la reticencia de gobiernos estatales priístas (muchos de ellos, metidos hasta la coronilla en el negocio) a sumarse a la escalada sangrienta.

El sintomático Germán Martínez dio ayer un paso más a esa politización de la guerra contra el narcotráfico al enderezar un discurso contra las culpas ciertas del partido de los tres colores, pero sin atreverse a hacer una referencia mínima a lo hecho durante el foxiato. De la misma manera en que fue cómplice por omisión de las pillerías de los refugiados de San Cristóbal cuando fue fallido secretario de la Función Pública, el muñeco blanquiazul de ventrílocuo calderónico se olvida de las andanzas de Chente y Marta, de la liberación del operador del sexenio al que le fue abierta la Puerta Grande y del entramado de gabinete que permitió el crecimiento y el desbordamiento del poder de los capos, que hoy tampoco sufren más que mermas y derrotas selectivas.

Astillas

Más del México bárbaro: Treinta años atrás, con sus manos, sus recursos y en un terreno que un vecino donó expresamente para ello, los pobladores de La Piedad, en el municipio de El Marqués, Querétaro, construyeron un pozo de agua. Hace 12 años y medio eligieron en asamblea como administrador a Roberto Hernández Barrón, quien de inmediato comenzó a vender el líquido, mediante pipas particulares, y a traficar con la instalación de tomas domiciliarias. Cuando terminó el trienio para el que habían elegido a Hernández Barrón, éste y tres familiares constituyeron una sociedad civil que se declaró dueña del pozo. Ese tiempo llevan luchando las casi 700 familias para recuperar el control de lo que es suyo. Las protestas llegaron el año pasado a una maniobra igualmente familiar, pues Hernández Barrón es hermano de la esposa del todopoderoso secretario general del gobierno estatal, Alfredo Botello Montes, miembro distinguido de El Yunque. Así, el gobierno del cuñado (Botello) decidió que el problema del cuñado (Hernández Barrón) fuera absorbido por la Comisión Estatal del Agua, para evitar auditorías y problemas al nombrado en segundo término. Como la comunidad no aceptó esa transa, se ordenó hace ocho meses el corte del suministro de agua (acusando a los pobladores de morosidad, por no pagar al Cuñado por el servicio que les robó). La protesta popular que ello originó llevó el pasado 29 de septiembre al encarcelamiento de 19 personas, cinco de ellos niños, según narran a esta columna los afectados. Ya liberaron a nueve, pero dejaron en prisión a seis por el delito de despojo agravado, según narran algunos de sus familiares. Los afectados señalan que Antorcha Campesina los ha defendido porque es lo único que queda en el Estado. A todos los encarcelan, los compran o los sacan del estado. Aquí se firmó la Constitución pero es donde no vale... Juan Carlos Raya platica: “Leo a Primo Levi (La última navidad en guerra), quien narra que, casi al final de la confrontación bélica, la Gestapo intensificó la persecución de los ‘catastrofistas’ que querian dejar de creer en Alemania”... En días pasados, La Jornada cabeceó así una nota: Cobardía, usar a la población contra el Ejército: Calderón, lo que hace decir al ingeniero Raúl Cárdenas, profesor retirado del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro: Cobardía y prevaricación al usar el Ejército contra la población, lo que FCH hace... Y, mientras le dan al Osito Téllez el Óscar por la (involuntaria) revelación telefónica del año, ¡hasta mañana, en esta columna sin alfombra... roja!

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