Acapulco, Gro., 26 de febrero. Decenas de personas exigieron frente al edificio del Poder Judicial de la Federación en Acapulco la liberación de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) que están presos en el penal de Ayutla, acusados de matar a un informante del Ejército Mexicano. Confiaron en que el proceso se resolverá conforme el derecho e insistieron en que los detenidos son inocentes.

Durante el mitin, que forma parte de la campaña ¡Alza tu voz por su libertad!, organizada por la OPIM y la Comisión de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan, los manifestantes colocaron rosas blancas a las puertas del edificio federal para exigir que cese la guerra contra la OPIM.

Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los indígenas Orlando Manzanares Lorenzo, Rumualdo Santiago Enedino, Raúl Hernández Abubdi, Manuel Cruz Victoriano y Natalio Ortega Cruz, recordó que a éstos se les sigue la causa 48/ll/2008 por el homicidio de Alejandro Feliciano García, cuyo cuerpo fue encontrado el primero de enero de 2007 cerca de la comunidad El Camalote.

Emitirán resolución a más tardar a mediados de marzo

Rosales Sierra, integrante de Tlachinollan, informó que pidió a los tribunales colegiados y juzgados de distrito que actúen conforme a derecho y libere a los acusados, considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, pues fueron incriminados por supuestos testigos que reconocieron no haber visto nada.

Las autoridades prometieron a los activistas que entre el 6 y el 15 de marzo se emitirá la resolución respectiva conforme a derecho, dijo Rosales Sierra.

En la protesta participaron representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales y locales, además de familiares de los detenidos y militantes de la OPIM que exigen la libertad de quienes se encuentran presos desde hace 10 meses.

El representante legal de los procesados dijo que la detención de los indígenas es parte de la represión sistemática contra la OPIM, y anunció que si no se obtienen amparos a fin de que los acusados dejen la cárcel, recurrirán a instancias internacionales.