Banamex, filial en México de Citigroup, invocó este viernes una cláusula del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para defender su licencia para operar en el país, después que el gobierno de Estados Unidos decidió aumentar hasta 36 por ciento su participación en el capital del grupo financiero multinacional.

Existen claros argumentos para afirmar que la operación anunciada (entre el gobierno de Estados Unidos y Citigroup) no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México, explicó ayer Banamex.

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula las operaciones de la banca en México, prohíbe expresamente que en el capital de los bancos que operan en el país participen autoridades extranjeras. El supuesto se cumple ahora que Citigroup, controlador de Banamex, tendrá como accionistas relevantes a dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Singapur.

Este viernes el gobierno de Estados Unidos y Citigroup alcanzaron un acuerdo para convertir en acciones comunes –de control– hasta 25 mil millones de dólares en acciones preferenciales que Washington tiene en el banco. Citi no recibirá nuevos fondos públicos, como las inyecciones por 45 mil millones de dólares de los últimos tres meses para evitar su bancarrota en medio de la crisis financiera, pero el gobierno estadunidense puede aumentar su participación en el capital del consorcio financiero a 36 por ciento del total.

En un movimiento similar, la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC) anunció ayer que convertirá las acciones preferenciales que posee en Citigroup en acciones ordinarias, lo cual le otorgará una participación de 11.1 por ciento en el grupo bancario estadunidense.

Banamex emitió este viernes un comunicado de prensa en el que, sin aludir al contenido de la Ley de Instituciones de Crédito, aseguró que el aumento de la participación del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citigroup y, por tanto, en el de Banamex es legal. Por tanto, no encuentra razón para que su licencia sea revocada, como ocurriría si la autoridad financiera mexicana decidiera aplicar dicha norma al pie de la letra.

Ayer en la noche, 12 horas después del anuncio sobre el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Citi, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), regulador del sistema financiero en México, emitió un comunicado, en el cual aseguró que las autoridades financieras mexicanas analizan las implicaciones jurídicas derivadas de los apoyos que gobiernos extranjeros han otorgado a bancos que tienen filiales en el país.

La CNBV, indicó el comunicado, solicitó a Banamex la información correspondiente sobre el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Citigroup. Las autoridades financieras mexicanas en su conjunto analizarán la información que al efecto se proporcione y la adecuación de las nuevas condiciones que deriven del apoyo a la legislación financiera e informarán en breve acerca del resultado de dicho análisis.

Inversión temporal

La participación del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citigroup, aseguró Banamex, se da en condiciones extraordinarias y tiene carácter temporal. Esta participación no modifica la estrategia de negocios de Citi, su operación ni su administración, y por supuesto tampoco las de Banamex.

Añadió: respecto de la participación del gobierno de Estados Unidos en el capital accionario de Citi, si bien la interpretación de las disposiciones de la legislación financiera corresponde a las autoridades competentes, existen claros argumentos para afirmar que la operación anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.

El gobierno estadunidense se convirtió en propietario de más de un tercio de las acciones de Citigroup. En la imagen, oficinas del corporativo en la ciudad de Nueva YorkFoto AP

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito señala: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

En el comunicado emitido ayer, Banamex aseguró que en el TLCAN, vigente desde 1994 y que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, los tres países acordaron darse la facultad irrestricta de adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ahorradores y sus sistemas financieros. “En este acuerdo se señala que ninguna disposición del tratado puede interpretarse como un impedimento para que un Estado ‘adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como: a) proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero; b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras; o, c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte’”.

Según la interpretación de Banamex, una de las medidas prudenciales que adoptan los gobiernos durante las crisis financieras sistémicas es aportar capital a los bancos, como –afirmó– ocurre en esta crisis internacional con varias instituciones financieras y como sucedió con algunos bancos en México en 1995.

Es importante destacar que la intervención del gobierno de Estados Unidos tiene carácter temporal, no para mantener el control de Citi en el largo plazo, comentó ayer Paulo Carreño, vocero de Banamex. Estamos en un diálogo permanente con las autoridades financieras y con legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso para exponer nuestro punto de vista sobre la legalidad de la operación, añadió. Sin embargo, aseguró que sólo corresponde a las autoridades hacendarias hacer un pronunciamiento sobre la legalidad de la operación.

Para el portavoz de Banamex, la intervención del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citi obedece claramente a una situación extrema y temporal, en la que apoya a su propio sistema de pagos porque no hacerlo tendría altos costos. Pero el gobierno estadunidense no tiene la intención de quedarse como propietario del grupo.

Una interpretación a rajatabla del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito tendría una afectación mayor, porque en el caso de México, asegura, se tendría entonces que quitar la licencia a varios bancos extranjeros que operan en el país y que, de algún modo, han recibido apoyo de sus gobiernos en esta situación extraordinaria. Entre ellos, citó, están Inbursa, de Carlos Slim, asociado con La Caixa, de España; Santander, que es accionista de Bank of America, institución también apoyada en esta crisis por Washington, y HSBC, también receptor de apoyos del gobierno británico.

Por eso encontramos en los ordenamientos del TLCAN una interpretación jurídica que sitúa con mayor precisión lo que ocurre en una situación de crisis como la actual, que es una realidad que no se puede ocultar, declaró Carreño.