La legislación mexicana considera la revocación de la licencia para operar cuando una institución financiera filial de un banco extranjero, como Banamex, propiedad de Citigroup, tiene entre sus accionistas a un gobierno extranjero, de acuerdo con un grupo de senadores que promueve una ley que, en caso de ser aprobada, implicaría la venta de la filial del consorcio estadunidense.

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Esta disposición, introducida por vez primera en la legislación mexicana en junio de 1992, en el marco de la reprivatización de la banca durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas, fue ratificada en febrero de 1995 y en enero de 1999, y sigue vigente.

Nuestra legislación contempla la revocación de la autorización cuando una agrupación financiera, en este caso filial de una institución del exterior, incumple con lo establecido en el último párrafo del artículo 18 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, según una iniciativa de ley presentada el jueves pasado en el Senado por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional Carlos Lozano, María de los Ángeles Moreno, José Calzada, Fernando Castro, Raúl Mejía, Renán Zoreda, Francisco Herrera y Amira Gómez.

En el artículo 18 de la iniciativa se establece:

No podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Tampoco entidades financieras del país, incluso las que formen parte del respectivo grupo, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en los términos del artículo 19 de esta Ley.

La prohibición en la legislación para que un gobierno extranjero participe en el control de un banco que opera en el país tiene que ver con la gestión del sistema de pagos, es decir, de todos los medios mediante los cuales se movilizan los recursos monetarios que son indispensables para el funcionamiento de la economía.