La Paz, 28 de febrero. Los gobernantes de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca –quienes han sostenido una larga campaña de oposición a la política de reformas del presidente Evo Morales– condicionaron este sábado su asistencia a una mesa de diálogo para armonizar los proyectos autonómicos regionales para la nueva Constitución Política del Estado y volvieron a plantear la discusión de un gran pacto nacional.

Los prefectos (gobernadores), que militan en partidos de oposición al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), pusieron siete condiciones para acudir al diálogo el próximo martes, entre las que destaca la inmediata liberación de los presos políticos, incluido el ex gobernante de Pando, Leopoldo Fernández, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la matanza de 18 campesinos en septiembre pasado, en una zona rural cercana a la frontera con Brasil.

Carlos Romero, ministro de Autonomías y encargado de organizar el diálogo programado para la semana próxima, respondió de inmediato a los planteamientos de los gobernantes provinciales y señaló que el establecimiento de condiciones es una nueva forma de chantaje que el gobierno central no acepta, porque su verdadera intención es volver inviable la aplicación de la nueva Constitución Política, aprobada en referendo el 25 de enero pasado.

El nuevo marco constitucional fortaleció el papel del Estado en la economía, determinó límites a las propiedades rurales, otorgó autonomía a las comunidades indígenas y reconoció su influencia en la vida cultural y política del país, sin dejar de lado la posibilidad de que los departamentos activen procesos autonómicos.

La aprobación de la Constitución significó una derrota en las urnas para los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz; Mario Cossío, de Tarija; Ernesto Suárez, de Beni, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca, quienes se reunieron el viernes en la capital cruceña para responder a la convocatoria del presidente Morales, que desde la aprobación de la Constitución ha dejado en claro que el único pacto válido con los prefectos es el cumplimiento del mandato popular.

No obstante, los prefectos retomaron dos de los planteamientos que el año pasado provocaron una ola de disturbios en los departamentos gobernados por la oposición política, así como la matanza de Pando en septiembre.

Los gobernadores opositores demandaron respeto al voto soberano de nuestros pueblos, expresado en los estatutos autonómicos de cada departamento y, en el caso especial de Chuquisaca, respeto a su proceso autonómico.

En este punto los gobernantes hicieron alusión a los referendos realizados en Tarija, Beni, Santa Cruz y Pando (los departamentos que forman la llamada media luna en el sector oriental de la geografía boliviana), donde se aprobaron estatutos autonómicos que no fueron redactados por una Asamblea local.

La autoridad electoral nacional declaró inválidos los procesos regionales en las urnas por no ajustarse a la legislación del país.

Los gobernantes departamentales también pidieron la reposición de los recursos departamentales confiscados, en referencia a los ingresos estatales derivados de los impuestos a los hidrocarburos, cuyo monto redujo la administración central a los departamentos, para constituir un fondo de asistencia a los adultos mayores.

Además, los prefectos pidieron el cese del amedrentamiento y persecución en Pando y en todo el país, poner fin a los procesos de acoso político promovidos desde el Poder Ejecutivo contra personas, autoridades e instituciones.

Esta condición planteada por los prefectos se refiere a la detención de una docena de civiles de los departamentos de Pando y Tarija, quienes estuvieron involucrados en los disturbios del año pasado, según las indagaciones de las autoridades, incluida la fiscalía.

Después de la aprobación de la nueva Carta Magna, el gobierno de Morales convocó a los prefectos a reuniones de diálogo, pero los gobernantes opositores regionales rechazaron las invitaciones.

En consecuencia, la administración central comenzó la semana pasada negociaciones con los gobernantes regionales del MAS y fuerzas políticas afines, lo que llevó a los funcionarios de Tarija, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz a convocar a un desacato civil.

En su respuesta al comunicado de los cuatro prefectos, Romero dijo que el gobierno no va a ser víctima de chantajes. Está claro que ellos han puesto sistemáticamente pretextos y no le pueden pedir al gobierno que se haga de la vista gorda con una masacre que se ha producido en Pando.

Según declaraciones publicadas en el periódico La Razón, agregó que ya es suficiente de mentirle a la gente. Lo que estos señores quieren simplemente es inviabilizar cualquier proceso de concertación y de implementación de la Constitución, a riesgo inclusive de sacrificar la postergación de las autonomías.

Mientras tanto, en el frente diplomático el gobierno socialista sostuvo hoy que la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, no volverá al país, en respuesta a las críticas publicadas en el informe anual de Washington sobre la cooperación antinarcóticos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que el documento es producto de la tozuda miopía de la burocracia que estuvo en el gobierno del republicano George W. Bush.

Morales dio por concluida la colaboración con la DEA en septiembre pasado al denunciar que esa entidad estadunidense estuvo involucrada en actos de conspiración contra su gobierno.

Por último, el ministro de Salud, Ramiro Tapia, afirmó este sábado en la ciudad de Santa Cruz que la epidemia de dengue clásico y hemorrágico en Bolivia, que dejó al menos 20 muertos en las últimas semanas, se ha manifestado como nunca antes.

El funcionario aseguró a la televisión estatal que “los bolivianos debemos asumir conciencia de la gravedad de la situación y entre todos ayudar a combatir el mal, que se teme rebalse a los países vecinos, que ya están tomando medidas sanitarias..