La Oficina de Defensoría por los Derechos de la Infancia promovió ante la justicia federal un amparo para que se revise la actuación de la procuraduría capitalina en el caso de Casitas del Sur, pues, a decir de los representantes de la organización de la sociedad civil, la representación social ha caído en varias omisiones, una de las cuales fue no proponer el ejercicio de la acción penal contra Elvira Casco Majalca, ex directora del albergue manejado por la asociación civil Reintegración Social.

Durante una conferencia de prensa se leyó un pronunciamiento signado por 32 organizaciones, en el cual señalan cuatro puntos en los que se exige al Estado la asignación de recursos de calidad para garantizar los derechos de los niños y niñas que por diversas circunstancias no están al cuidado de sus padres; que se investigue con contundencia el paradero de los siete niños extraviados de Casitas del Sur, que las autoridades brinden todas las facilidades para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos de las niñas y niños, y que los tres niveles de gobierno establezcan mecanismos de planeación, ejecución y supervisión de las políticas públicas dirigidas a la infancia privada de cuidado parental que incluya la participación real de las organizaciones de sociedad civil.

En el mismo orden de ideas se aseguró que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya emitió alertas para evitar que personas ligadas a Casitas del Sur salgan del país y que la subcomisión que se creó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para investigar el caso estará conformada por tres diputados locales.