Debido a las denuncias interpuestas por la delegación Miguel Hidalgo ante la PGJDF y la PGR contra quienes participaron en el enfrentamiento con autoridades de esa demarcación el 15 de febrero, para evitar el inicio de la obra del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, los 15 vecinos acusados recurrir al amparo pues, de acuerdo con sus abogados, hay instrucciones de ejercer acción penal contra ellos, sobre todo en la dependencia federal.

La Oficina de Defensoría por los Derechos de la Infancia promovió ante la justicia federal un amparo para que se revise la actuación de la procuraduría capitalina en el caso de Casitas del Sur, pues, a decir de los representantes de la organización de la sociedad civil, la representación social ha caído en varias omisiones, una de las cuales fue no proponer el ejercicio de la acción penal contra Elvira Casco Majalca, ex directora del albergue manejado por la asociación civil Reintegración Social.