La Paz, 5 de marzo Una comisión del Senado boliviano descartó implicación alguna al presidente Evo Morales en el caso de corrupción de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero determinó posibles responsabilidades de un ministro, dos ex ministros, un superintendente de Hidrocarburos y de un funcionario destituido.

El informe de la comisión parlamentaria, integrada por legisladores oficialistas y opositores, fue rechazado, sin embargo, por el gobierno por considerar que carece de sustento técnico, legal y político, y porque además hace parte de un ataque al mandatario y a su gabinete ya que busca paralizar la actividad productiva del gobierno.

A decir de analistas políticos, el informe representa un duro golpe para los prefectos opositores de Tarija, Mario Cossío; Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, Savina Cuellar, que presentaron ante la fiscalía general de la república una demanda contra el presidente Morales por el caso de la petrolera.

Fuentes oficiales se refirieron a la denuncia de los prefectos opositores como un intento encaminado a bloquear la posibilidad de que Morales busque la relección en los comicios generales de diciembre, conforme a la nueva Constitución política recientemente promulgada y que había sido ampliamente combatida por esas fuerzas de la derecha y los sectores empresariales.

Tras las investigaciones de la comisión, se atribuyó responsabilidad por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al ministro de Hacienda, Luis Arce, a los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas y Saúl Ávalos, del superintendente del ramo Guillermo Aruquipa y del destituido presidente de la empresa petrolera estatal Santos Ramírez, actualmente detenido.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó el informe senatorial por su contenido político dentro de una campaña contra el presidente y su gabinete y la pretensión de paralizar al gobierno. Se dijo sorprendido de que el texto haya sido suscrito por dos de los más influyentes senadores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Antonio Peredo y Ricardo Díaz.

García Linera criticó a Peredo y Díaz comentando: Ha habido senadores del MAS que han firmado, nos ha sorprendido ello, consideramos que ha habido una ofuscación en esa firma, lo hemos conversado con ellos, creemos que han sido objeto de engaño, de una encerrada jurídica y no han entendido a cabalidad el contenido político antiestatal, antiproductivo, que trae este informe.

El alcalde de La Paz, Juan del Granado (izquierda), acompaña al presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la inspección de un puente en construcción en la ciudad capital de la nación altiplánicaFoto Reuters

El caso de YPFB, que ha puesto en el banquillo el principal logro del gobierno de Morales, la nacionalización de los hidrocarburos, estalló luego de que un directivo de la empresa Catler-Uniservice, Jorge O’Connor, fuera asesinado para robarle 450 mil dólares que entregaría, aparentemente como un soborno, a parientes políticos de Ramírez. Éste adjudicó en forma directa un contrato a dicha empresa para la construcción de una planta separadora de líquidos con inversión de 86.5 millones de dólares.

El citado informe, aprobado anoche por el Senado que controla el derechista Poder Democrático y Social (Podemos), será enviado al Ministerio Público que lleva el proceso legal. Propone la necesaria aprobación de una Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito y la Investigación de Fortunas, y la designación de autoridades públicas titulares en las diversas instituciones del Estado, conforme a las disposiciones vigentes.

“Dadas las irregularidades registradas en la suscripción del contrato entre YPFB y la Asociación Accidental Catler–Uniservice, deben tomarse todas las medidas necesarias para impedir el daño al Estado”, anota. Además, recomienda revisar a profundidad las disposiciones tomadas por el órgano Ejecutivo, relacionadas con la contratación directa, de modo que este procedimiento este sometido a controles anteriores, contractuales y posteriores de las mismas.

El vicepresidente García Linera subrayó que a diferencia de los tiempos cuando esos señores que han hecho el informe gobernaban, ustedes tienen un Estado productivo, un Estado que invierte, generando empresas, generando empleos, haciéndose cargo de la locomotora de la economía, y eso no va a cambiar, no vamos a rendirnos frente a este chantaje y presión neoliberal, reactivado por el Senado.

Pueden hacer uno o diez informes del Senado, eso no va a tener ningún respaldo ni tiene ninguna seriedad ni ninguna consistencia técnica ni jurídica y no nos van a detener en el ámbito de levantar un Estado productivo. Si quieren luchar contra la corrupción, agregó el funcionario, que aprueben la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción, que se aprobó en la Cámara de Diputados y tiene meses congelada en el Senado.