La militarización de la seguridad pública del país no es la solución para erradicar crimen organizado y narcotráfico, menos cuando se pretende realizarlo con el apoyo del exterior –transgrediendo la soberanía nacional, como con la Iniciativa Mérida– o imponer la pena de muerte, ya que el problema tiene que ver con la desatención a la situación económica y social, pero sobre todo porque bajo el cobijo de los gobiernos neoliberales se ha incubado la corrupción y la impunidad que permea delincuencia de todo tipo, se pronunció la Unión de Juristas de México.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente del organismo, consideró que al vivir México una crisis general, ésta se manifiesta en una de seguridad pública, donde con sus acciones el gobierno federal ve buenos resultados; sin embargo, la percepción de la población es distinta, dándose un vacío entre información pública, percepción social y verdadera realidad del acontecer nacional, señaló.

En un análisis en torno a la crisis de seguridad pública del país, agrega que, a pesar del espectacular despliegue de más de 50 mil soldados y 2 mil corporaciones policiacas, el Estado va perdiendo la batalla contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada y común.

La estrategia de militarizar el país, endurecer la política criminal con penas más severas y mecanismos de persecución represivos y ajenos al respeto de los derechos humanos, ha resultado insuficiente y perjudicial para la población, quien ha quedado entre dos fuegos, con un saldo –según analistas– de más de 10 mil muertos en lo que va del sexenio, entre civiles, agentes, soldados y presuntos delincuentes.

Devolver la tranquilidad a la ciudadanía y erradicar el crimen organizado se ha convertido en un verdadero reto para el Estado, difícil de combatir y eliminar, porque ha sido bajo el cobijo de los propios gobiernos neoliberales que se ha incubado la corrupción y la impunidad que permean delincuencia de todo tipo, enfatizó.

Propuso como medida de solución, entre otras, la generación de políticas de seguridad que permitan la creación de organismos nuevos y especializados de origen civil, con funciones de inteligencia para la investigación y persecución de delitos; la detección de redes financieras y lograr la autonomía del Ministerio Público.