Tepic, Nay., 8 de marzo. El Centro Integralmente Planeado de Litibú (CIP) fracasó, y a cuatro años de su creación sólo hay daños sociales y ambientales en el municipio de Bahía de Banderas, denunciaron las organizaciones ecologistas Greenpeace y Alianza de la Costa Verde (ACV).

Anomalías como la enajenación de terrenos a un precio inferior al mínimo y medidas contrarias al plan de desarrollo municipal, entre otras causas, limitaron el financiamiento, entorpecieron las obras e hicieron quebrar a inversionistas, aseguraron ambas agrupaciones.

El centro, inaugurado en 2005 por el entonces presidente Vicente Fox, demostró la persistente falta de planeación y cuidado ambiental del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), su principal promotor.

Magdalena Barrios, de ACV, y Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dijeron que todo comenzó mal en ese proyecto, desde la venta de los terrenos, pues el Fonatur entregó a dos empresas españolas seis lotes que sumaban 267 mil metros cuadrados a un precio menor al mínimo estipulado en la política de comercialización del fideicomiso.

En un comunicado conjunto, recordaron que un terreno se asignó a Servicios Financieros del Yucatán SA de CV, y cinco a Inmobiliaria Fadesamex, SA de CV, que pagaron un total de 450.2 millones de pesos, 7 por ciento menos del mínimo legal.

Con esta operación, el Fonatur dejó de percibir más de 35 millones de pesos, según el informe de fiscalización 2006 de la Auditoría Superior de la Federación.

Recordaron que Vicente Fox y el entonces director del Fonatur, John McCarthy, prometieron que el CIP sería un detonador para Litibú, al ofrecer 4 mil 100 habitaciones a turistas de altos ingresos.

Se prometió crear 15 mil empleos y tener una afluencia de 720 mil visitantes para el año 2025, así como generar 766 mil millones de pesos en divisas y una inversión privada de mil 100 millones de dólares, todo con muy bajo impacto ambiental.

Las organizaciones señalaron que la primera acción ilegal fue construir una carretera de cuatro carriles, lo que implicó desmontar grandes tramos de selva y destruir corredores de fauna, sin permiso de autoridades. De esta forma, el Fonatur pasó por encima de su propio plan parcial para el CIP Nayarit-Litibú, presentado en junio de 2007.

El proyecto señalaba que el área no podía soportar el crecimiento previsto y que el principal problema ecológico era la presión que generan el crecimiento urbano y nuevos desarrollos turísticos.

Ambas organizaciones habían advertido que el megaproyecto demandaría nuevos servicios e infraestructura urbana: sin embargo, el presupuesto oficial era muy limitado y no había programas con ordenamientos jurídicos detallados. Así, las obras emprendidas eran financieramente inviables y ecológicamente insostenibles.

A pesar de este análisis, se planearon densidades hasta de 60 cuartos por hectárea y seis niveles de construcción, omitiendo el plan de desarrollo urbano municipal, que sólo permite cuatro pisos y 25 cuartos por hectárea.

Los principales inversionistas, a los que Fonatur malbarató los terrenos, se fueron a la quiebra. La inmobiliaria española Fadesa quería construir dos hoteles, condominios y villas con una inversión de 350 millones de dólares, e Iberostar, también de origen español, despidió a finales de 2008 a la mayoría de sus trabajadores, recordó Barrios.

Hoy, las obras están casi paradas por falta de dinero. En Higuera Blanca y Punta Mita los cuartos están vacíos y los restaurantes no tienen clientes, pero los daños colaterales del progreso ya están presentes: asaltos, robos, homicidios, drogas y prostitución, dijeron.

Los activistas advirtieron que el CIP anunciado para Escuinapa, Sinaloa, es similar al fracasado proyecto nayarita, por lo que consideraron urgente una nueva Ley de Turismo que regule al Fonatur.

Con información de Julio Reyna