Puerto Vallarta, Jal., 8 de marzo. Varias personas presentaron denuncias contra el actual ayuntamiento y el anterior por el presunto desvío de más de 26 millones de pesos, entre otras irregularidades relacionadas con el cierre del basurero municipal y la construcción de otro vertedero.

Las querellas apuntan al edil Javier Bravo Carbajal y a su secretaria de medio ambiente para el desarrollo sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán, así como a varios funcionarios de la administración anterior, encabezada por el priísta Gustavo González Villaseñor.

En el primer caso, Ramón Ojeda Mastre, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU), acusó a Bravo Carbajal y a Del Toro Gaytán de seguir depositando desechos en el basurero municipal de El Magisterio, aun cuando ello ha causado graves daños a la salud en colonias circundantes desde hace más de 20 años.

Llevarán el caso a órgano del TLCAN

El alcalde y la funcionaria, dijo, están implicados en un proceso viciado por sucesivas prórrogas. Este caso, anunció, se ventilará en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el ayuntamiento podría ser multado con 200 millones de dólares.

La querella que Ojeda Mastre interpuso ante la Procuraduría General de la República también señala que el ayuntamiento de Puerto Vallarta no realiza labores de saneamiento e incumple la concesión otorgada a la empresa Envir Eau para el manejo de los desechos.

Mientras, Salvador Cosío Gaona, dirigente de la asociación Conciencia Cívica, ratificó y amplió una querella ante la Procuraduría General de la República por presuntas irregularidades en el ejercicio de 26.9 millones de pesos de recursos federales entregados al municipio en noviembre de 2006 que debieron invertirse en la construcción del nuevo vertedero a fin de que empezara a funcionar un año después.

Según el quejoso, el predio El Mirador o La Cuata estaba en litigio cuando el municipio pagó por él, y las obras no se licitaron, lo que confirma que las autoridades incurrieron en desvío de recursos y peculado.