n aplicación de la ortodoxia neoliberal que preconiza la disciplina fiscal a toda costa y convierte en intrínsecamente negativo el déficit en las finanzas públicas, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló ayer que, en las actuales circunstancias, cuando disminuyen los ingresos oficiales por la contracción económica –que reduce la recaudación– y por la caída de los precios petroleros, es por demás probable un mayor desequilibrio de las finanzas públicas, que podría superar el déficit de 1.8 por ciento del producto interno bruto previsto en el presupuesto para el año en curso.

Ciertamente, ni en el panorama externo ni en el interno hay lugar para el optimismo. La economía planetaria se desinfla día tras día, con lo que se desvanece la posibilidad de aliviar la nacional con remesas, petrodólares o inversión. Las autoridades siguen exhibiendo una actitud de negación de la realidad ante la gravedad de la coyuntura y el Banco de México se empeña en quemar las reservas nacionales de divisas sin más resultado visible que enriquecer a los especuladores, introducir factores de opacidad en la asignación de los dólares disponibles y acrecentar la incertidumbre a mediano plazo, cuando podrían conjugarse, con resultados desastrosos, una nueva corrida especulativa y unas reservas mermadas e insuficientes para apuntalar la moneda nacional, la cual, de todos modos, ha seguido declinando en su cotización hasta rozar una nueva sima de 16 unidades por dólar.

En estas condiciones, la respuesta correcta del sector público es, precisamente, empeñarse a fondo en medidas que propicien la reactivación económica, y para ello resulta inevitable incurrir en un déficit mayor al vaticinado, pues la recesión ha rebasado ya las predicciones formuladas en los momentos en que se acordó el presupuesto para 2009. Si se persiste en el culto por principio al equilibrio fiscal y en la reverencia a un perfil de indicadores macroeconómicos dictados por un pensamiento económico en manifiesta bancarrota –tanto como las finanzas mundiales–, se perpetuará, como se hizo durante el zedillato y el foxismo, una crisis que, con altibajos, ha sido una constante en el país durante casi tres décadas, se acentuará la depauperación de la sociedad y se incrementará la brecha, de por sí alarmante, que nos separa de las naciones posindustriales.

Lo que se requiere en el momento presente no es tanto mantener el balance entre lo que ingresa y lo que egresa, sino reorientar ambos renglones para corregir, o al menos atenuar, el desequilibrio social, que es mucho más grave que el fiscal, reactivar el mercado interno e impulsar las pequeñas y medianas empresas nacionales. Aunque crezca el déficit.

Más que no gastar, lo que debe exigirse hoy a las oficinas públicas es que lo hagan con honradez y transparencia, con objetivos precisos, y abandonen la frivolidad y la insensibilidad que llevan a destinar gran parte del presupuesto público a salarios fuera de toda proporción y prestaciones principescas para los funcionarios de los niveles superiores de la administración. Se requiere un deslinde, de una vez por todas, respecto a las prácticas del sexenio anterior, en el que la disciplina fiscal no impidió un manejo particularmente turbio de los dineros públicos: el gobierno de Vicente Fox entregó lo que en la simulación estadística ha dado en llamarse finanzas sanas, pero quedó catalogado por la mirada social como uno de los más corruptos de la historia reciente. Muchos elementos fundamentan esa percepción, pero el más claro es que, a la fecha, nadie ha logrado explicar con certeza dónde quedaron las astronómicas cantidades de dinero que debieron ingresar a las arcas públicas por la sobrevaluación de las exportaciones petroleras.

Uno y otro factores –el gasto público para reactivar la economía y su aplicación con rigurosa probidad y transparencia– resultan necesarios, pues, si se piensa en términos estrictamente económicos, pero también si se tiene en mente la necesidad de evitar estallidos sociales en los que confluyan dos descontentos: el que provoca la penuria económica acentuada por la coyuntura y el que causa una autoridad que no tiene consideración más que para sus integrantes del primer nivel, los cuales mantienen e incluso incrementan un tren de vida de lujo máximo en un entorno nacional en el que persisten y se agravan el hambre, el desempleo y las carencias de lo básico en materia de salud, educación, vivienda y vestido.