Guanajuato, Gto., 9 de marzo. En ocho años, médicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato denunciaron ante el Ministerio Público a 130 mujeres que solicitaron atención por complicaciones causadas por abortos, y negaron la interrupción del embarazo a 20 mujeres violadas, informó este lunes la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

Por su parte, el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez y el secretario de Salud estatal, Jorge Armado Aguirre Torres, negaron que las mujeres denunciadas fueran encarceladas, como sostuvo Cruz Sánchez, o que las autoridades de la entidad rehúsen practicar abortos en caso de violación.

El artículo 163 del Código Penal estipula: No es punible el aborto cuando no sea causado por culpa de la mujer embarazada, ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación. En casos de aborto punible se imponen a las mujeres que lo consientan sentencias de seis meses a tres años de prisión, y de 10 a 30 días de multa, según el artículo 159.

Nosotros ahí estamos aplicando la ley, trabajando con las personas. Denuncias no hemos tenido, aseguró el Ejecutivo luego de firmar un convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Oliva Ramírez ratificó su convicción de estar a favor de la vida cuando se le preguntó su postura ante la inminente publicación de la norma oficial mexicana 046, que obligará a los estados a practicar abortos en caso de violación.

El secretario de Salud, Aguirre Torres, dijo que esa dependencia acata las leyes y no ha recibido solicitudes de mujeres violadas que deseen abortar.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), médicos de la Secretaría de Salud denunciaron penalmente, entre 2000 y 2008, a 130 mujeres que solicitaron atención médica después de que les practicaron abortos, sostuvo la activista Cruz Sánchez.

Antes de atenderlas, a pesar de que llegan con hemorragias, los doctores las obligan a decir que abortaron porque tomaron pastillas. Después presentan la denuncia penal, que en algunos casos es ratificada por todo el personal del hospital, comentó.

Indicó que después de que se obliga a las embarazadas a escribir una confesión y los médicos les practican legrados sin anestesiarlas, porque dicen que son asesinas.

De las 130 mujeres denunciadas, nueve fueron juzgadas por aborto y salieron libres bajo fianza, y 11 siguen en proceso, según el Poder Judicial del estado, recordó la directora del Centro Las Libres. Indicó que estas 20 personas pasaron al menos cuatro días en la cárcel.

Verónica Cruz expuso que de 2007 a septiembre de 2008 la PGJE recibió 231 denuncias de mujeres violadas; sin embargo, tramposamente, sus estadísticas no precisan cuántas quedaron embarazadas y solicitaron la interrupción del embarazo.

De 2000 a 2008, el Centro las Libres atendió a 20 mujeres que denunciaron haber sido violadas y solicitaron a la Secretaría de Salud la interrupción del embarazo, recordó.

Comentó que el año pasado una mujer de 28 años de edad a quien identificó como Laura fue violada en San Miguel de Allende por un vecino suyo; interpuso una querella y solicitó que le practicaran un aborto. Sin embargo, policías ministeriales amenazaron con encarcelarla. Ante la intimidación, la víctima abortó en un hospital del Distrito Federal, recordó Cruz Sánchez.

También mencionó el caso de una adolescente de 15 años del municipio de Salamanca, quien durante tres años sufrió abuso sexual de su padrastro hasta que quedó embarazada. Cuando la madre de la menor se dio cuenta, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. A pesar de que el embarazo fue por violación, la víctima no fue informada de que podía abortar. Por ello se presentó la queja 174/08 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.