Santiago, 9 de marzo. El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sesionó hoy aquí por primera vez desde su creación en diciembre pasado para establecer mecanismos de confianza mutua y cooperación militar, pero la reunión estuvo empañada por recriminaciones sobre actos de espionaje policial argentino en el Cono Sur y por las políticas de compra de armamento de Chile y Perú.

Ministros y viceministros de Defensa de los 12 países que integran la Unasur (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) constituyeron formalmente el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) durante la primera de dos jornadas de trabajo que tendrán en la capital chilena y debatieron sobre los términos de la declaración que firmarán los funcionarios al final del encuentro.

La reunión es un hito histórico y observo en todas las delegaciones una enorme disposición y entusiasmo en formular un plan de acción que defina claramente las tareas que vamos a realizar en los próximos años, afirmó el ministro chileno José Goñi.

El CDS no será una alianza militar al estilo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que realice operaciones a nivel internacional, explicó Goñi antes de la reunión de este lunes.

El primer gran mérito es la creación de una plataforma de encuentro e intercambio de experiencias que nos permitirá conversar, coordinar y trabajar en los temas de seguridad externa, a otro nivel, precisó Goñi.

Refuerzo a la cooperación

A través del CDS los países de la región reforzarán sus mecanismos de cooperación y capacitación militar, coordinarán misiones humanitarias y operaciones de paz, dijeron funcionarios que integran las comitivas.

El CDS, dijeron las fuentes, no tendrá atribuciones para interferir en la compra de armas de sus miembros, pero a propuesta de Chile, buscará propiciar el intercambio de información sobre políticas de defensa.

La Unasur aprobó el 16 de diciembre pasado la creación del CDS, por iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

Esta propuesta surgió días después que el gobierno de Colombia ordenó el bombardeo de un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, lo que llevó a Quito a romper relaciones diplomáticas con Bogotá.

Luego de diez meses de reuniones entre ministros y funcionarios de Defensa, los países sudamericanos acordaron que uno de los principales objetivos del CDS será la creación de una plataforma de diálogo para evitar conflictos como el de Colombia y Ecuador.

Durante el encuentro presidencial que dio paso a la creación del CDS quedó pendiente la decisión de quién se ocupará de la secretaría general del organismo, tema que enfrentó a Argentina y Uruguay, porque Montevideo rechazó que el ex presidente Néstor Kirchner asumiera el cargo, toda vez que su administración se opuso a la construcción de fábricas de celulosa en el sur del territorio uruguayo.

Desde diciembre, los mandatarios de la Unasur acordaron que hasta abril se determine quién se encargue de la secretaría general, una vez que concluya la presidencia pro témpore de Chile.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo ausente en la reunión cumbre donde se decidió la creación del CDS, en Santiago, pero a esta primer reunión ministerial asistió el titular de Defensa, Juan Manuel Santos.

El gasto militar es un tema de discusión recurrente en la región, donde los recursos destinados a este sector aumentaron 25 por ciento en 2008, cifra récord para la última década, según un estudio del privado Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, divulgado en Buenos Aires.

Las partidas militares en la región alcanzaron en 2008 los 50 mil millones de dólares, frente a 39 mil 960 millones en 2007, con mayores desembolsos de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, según el estudio argentino.

El debate sobre la compra de armas y la trasparencia en las políticas de gastos militares tensó el inicio de la CDS.

Goñi y el viceministro de Defensa de Perú, José Bellina, no pudieron evitar que la polémica trascendiera e intercambiaron acusaciones.

Nos hemos enterado a través de la prensa de los planes de adquisición bélica de Lima, reclamó Goñi. Lo que hace Perú es repotenciar los equipos que ya tiene, respondió Bellina.

El enfrentamiento, en medio del silencio de otras delegaciones, ratificó que la cita estuvo marcada por los resquemores entre varios países, en medio del deseo de Estados Unidos por influir más decisivamente en el organismo, por medio de sus aliados.

No en vano, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mike Mullen, visitó la semana pasada Chile, Colombia y Brasil, como señal de que la Casa Blanca seguirá de cerca lo que suceda en esta entidad, a la que Rusia pidió ingresar como observador, en gestiones ante Argentina.

Otro punto de fondo es que las diferencias económicas y políticas en la región se expresan en los equilibrios militares.

Por ejemplo, Brasil como potencia regional es el principal productor de armas. Por su parte, Chile y Venezuela son los mayores importadores de material bélico. Sólo Santiago gastó unos seis mil millones de dólares en este sector desde 1990.

En la sesión de este martes, los representantes de Argentina, Chile y Uruguay debatieron los impactos del espionaje digital que un agente argentino hizo a autoridades de los tres países.

Es un tema que hemos estado conversando, pero prefiero que se mantenga en el plano de la cancillería, reveló Goñi.

La versión del chileno fue desmentida por la titular argentina, Nilda Garré, quien aseguró que el espionaje es un hecho policial, así que no formó para nada parte de las conversaciones.

El caso estalló luego que la justicia uruguaya procesara a Iván Velázquez, agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado argentino, quien llegó a Uruguay en 2008 pidiendo asilo.

Velázquez vulneró los correos electrónicos de políticos y jerarcas de Uruguay, Argentina y Chile, según constató una investigación judicial realizada en Montevideo.

Garré insistió hoy que Velázquez es un prófugo de la justicia argentina y aseguró que la administración de Cristina Fernández de Kirchner desconocía las acciones de espionaje.