os diputados federales de todos los partidos políticos han mostrado tener la sensibilidad de un elefante. Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), ellos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislaron para que ésta camine más rápidamente.

El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron. Dos diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional y otros dos del Partido Verde Ecologista de México.

No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.

Único orador en contra, Juan José Rodríguez Prats denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que, según él, estuvo hecho sobre las rodillas. “Creo, señores –dijo–, que esta legislatura no se ha caracterizado por su trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación, y en toda mi experiencia parlamentaria, no lo había vivido, de legislar por trueque: tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo ésta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido ni en su trascendencia.”

Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia. Adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación.

Varias de las modificaciones aprobadas representan un avance en la norma. Sin embargo, otras son, en los hechos, una contrarreforma al carácter social del artículo tercero, mientras que varias más son, simple y llanamente, demagogia, pues establecen derechos sin garantizar su cumplimiento.

Como ha mostrado Hugo Aboites (La Jornada, 7/03/09), la reforma otorga un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.

Al añadir al texto constitucional el reconocimiento a los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, se legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios educativos gratuitos. La famosa participación social en la educación ha sido, tradicionalmente, el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia que, en muchas escuelas públicas, están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite legalizar esta anormalidad, abriendo paso a su obligatoriedad.

Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Según Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, con la reforma se busca que los padres de familia den un apoyo mayor al que existe actualmente en las escuelas, mediante cuotas o canales por conducto de los cuales se puedan sufragar los costos de la educación. En la conferencia titulada: Apoyo a la economía de familias de estudiantes de educación media superior, el funcionario dijo que la gratuidad no implica que las familias dejen de destinarle recursos a la educación. Sin rechazar la responsabilidad estatal en la materia, advirtió que la Secretaría de Educación Pública buscará un mayor número de canales para que los padres puedan realizar aportaciones mediante cuotas que ayuden de forma creciente a solventar el costo de las escuelas.

El nuevo texto avalado por los diputados introduce a las escuelas privadas en el texto constitucional. Con ello se franquea el paso a una vieja aspiración panista: legitimar la entrega de recursos públicos de la educación a los centros escolares particulares.

La reforma reconoce derechos declarativos, pero no efectivos; fija obligaciones que no pueden cumplirse. Por ejemplo, establece un récord mundial de educación obligatoria: 15 años. Ningún país, por más desarrollado que sea, lo tiene. El promedio en el mundo es de 12 años. Pero lo que da con una mano, lo quita con la otra. La nueva norma reconoce que el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla se realizará de manera gradual y creciente. A pesar de que los tres años de educación prescolar son obligatorios, no se fijan fechas, plazos ni compromisos concretos para hacerlo realidad. Explícitamente se señala en el clausulado que durante el primer año de prescolar la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización.

La reforma al artículo tercero constitucional obliga a un gran debate nacional que el Senado de la República debería promover. A no ser, claro, que se quiera hacer aún mayor el descrédito del Legislativo y el foso que lo separa de los ciudadanos de a pie.